Por primera vez, la izquierda está sabiendo reaccionar en la Comunidad Valenciana frente a la nueva «guerra del agua» desatada por la imposición de la ministra Teresa Ribera de nuevos recortes en el trasvase del Tajo al Segura que supondrían, de ejecutarse, el cierre en la práctica del mismo, la ruina de una de las agriculturas más productivas de España y la subida del recibo del agua para miles de ciudadanos.
El president Puig anunció desde el primer momento que llevaría al Gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales para impedir esos recortes. Pero a eso hay que unir la contención que hasta la fecha está demostrando Podemos, que no haciendo nada ayuda, y la contundencia con que la vicepresidenta Oltra se pronunció esta semana en las Cortes en defensa del trasvase, contundencia con la que desarboló a un PP que arrastra demasiadas contradicciones en este asunto como para sacar tanto pecho como quisiera.
Es noticia lo que está ocurriendo, porque es novedoso. Hasta aquí, el PP había conseguido convertir la falta de agua endémica en el sur de la Comunidad Valenciana en un arma de destrucción masiva, sobre todo contra los socialistas, que jamás habían sabido plantar cara desde València ni a sus propios gobiernos ni a los de Rajoy, que también tomaron medidas muy lesivas contra la agricultura de Alicante y Murcia. Si Cristina Narbona y José Bono, antes, y Teresa Ribera y Emiliano García Page ahora, han intentado cerrar el trasvase, no menos hicieron ministras populares como Isabel García Tejerina o presidentas de Castilla-La Mancha como María Dolores de Cospedal, con el agravante en este último caso de que, siendo Cospedal secretaria general del PP y José Císcar presidente del PP alicantino y vicepresidente de la Generalitat y conseller de Agricultura, se produjo un intercambio de cromos: Císcar nunca se opuso, salvo de cara a la galería, a los abusos en materia de agua de Cospedal. Y Cospedal a cambio le dio manos libres a Císcar para que hiciera y deshiciera a su antojo con las listas electorales, por encima incluso de quien era el teórico líder regional, Alberto Fabra, al que dejaron en ridículo entre los dos en casos como la candidatura de la ciudad de Alicante, con el resultado ya conocido: el PP perdió 10 de sus 18 concejales con la lista que apañó Císcar para las elecciones de 2015, las del desplome popular.
Hasta aquí, el PP había sido capaz de capitalizar la bandera del agua a pesar de sus grandes contradicciones y convertirla en un arma arrojadiza, haciéndose fuerte en Alicante
A pesar de esos tejemanejes, que nunca han sido un secreto, o de contradicciones como que la primera medida de Aznar al llegar al Gobierno en 1996 fuera derogar el Plan Hidrológico elaborado por el socialista Josep Borrell, que mantenía el trasvase del Tajo y ponía en marcha las obras para el del Ebro (luego Aznar hizo el suyo propio en el último año de mandato y Zapatero lo liquidó en cuanto llegó a Moncloa, así se escribe esta incongruente historia); a pesar de todo ello, los prejuicios de la izquierda sobre el agua, que siempre equiparó caudales con especulación y su derivada, corrupción, y los vaivenes del PSOE en este asunto, de los trasvases de Borrell a las desaladoras de Narbona sin mediar explicación alguna, pusieron siempre fácil a la derecha movilizar a la sociedad alicantina cada vez que le convino, agitándola cuando gobernaba en Madrid el PSOE y adomerciéndola cuando lo hacía el PP.
La reacción en esta ocasión ha sido distinta (al menos, por ahora: en esta materia más que en ninguna nunca se puede decir de este agua no beberé), por una vez ha resultado políticamente inteligente. El Gobierno de la Generalitat ha llegado al convencimiento de que no puede repetir errores y volver a dejarle esa bandera al PP. Y de momento, está consiguiendo que, si hay manifestación, el Botànic también lleve la pancarta, a pesar de la difícil posición que le supone dado que quien quiere imponer los recortes son sus compañeros en Madrid del PSOE y Podemos.
En lo tocante al agua, hay muchos modelos, desde el trasvasismo sin complejos de Francia, país al que no parece que estemos todavía en disposición de dar lecciones en cuestiones de sostenibilidad medioambiental, hasta la aplicación de las más avanzadas técnicas para exprimir la última gota que pueda encontrarse en el terreno y utilizar de forma masiva la desalación que practica, porque no puede hacer otra cosa, Israel. En Alicante, una de las zonas con menor pluviometría de Europa, la reivindicación de agua tiene siglos: el primer trasvase constatado lo pidieron los jurats (para la época, un a modo de concejales) de Elche en el siglo XIV. Ya ha llovido desde entonces, lo que pasa es que aquí ha llovido menos. Pero no sólo se han pedido caudales de fuera; se han hecho, al menos en mucha mayor medida que en otros territorios, los correspondientes deberes: se ha modernizado el riego para no despilfarrar recursos, se ha excavado hasta profundidades que convierten los pozos en simas y se han ido progresivamente renovando las conducciones para evitar pérdidas en el abastecimiento a las poblaciones. Porque el tema no es sólo el agua para la agricultura: aquí, a través de los canales del Taibilla, que dependen del trasvase del Tajo, se abastecen decenas de municipios, entre ellos Alicante y Elche, para el consumo humano. Y se han construido desaladoras, claro que sí. Las mayores de Europa. Lo que no puede ser es que se hagan a medias, no se conecten, no funcionen, y si lo hacen no se hayan adoptado medidas compensatorias que eviten que el agua cotice en el mercado del oro. Porque, como ya recordé en otro artículo, esta provincia paga sus impuestos como todas, aporta al erario común más que muchas, y no tiene por qué ser discriminada en esto: la redistribución de la riqueza también debe incluir el agua o no será justa.
Puig se ha comprometido a llevar al Gobierno a los tribunales y Mónica Oltra ha mostrado una contundencia absoluta en la defensa del trasvase. Podemos, sólo con no hablar, ayuda
Hasta este momento, la defensa de esos principios la había tenido que asumir en solitario la Diputación Provincial de Alicante. El socialista Antonio Fernández Valenzuela y la popular Luisa Pastor fueron dos ejemplos de ello. Valenzuela denunció a Bono ante la pasividad de Joan Lerma y Pastor hizo lo propio con Cospedal ante la inacción del Consell de Fabra y Císcar. Por cierto, ambos (Valenzuela y Pastor) acabaron defenestrados. En todo caso, en València la falta de agua de Alicante nunca fue un asunto que pareciera incumbir a los gobiernos de la Generalitat, ni tampoco a su sociedad civil. Era un griterío que periódicamente llegaba desde el sur, sin que ocupara ni preocupara más arriba del Mascarat. El PP supo siempre jugar esa baza, haciéndose fuerte en Alicante.
Esta vez, Carlos Mazón, próximo líder regional popular y candidato a disputar la presidencia de la Generalitat Valenciana a Ximo Puig, no lo tiene tan fácil como sus predecesores, precisamente porque el Consell sí ha incluido este asunto entre sus prioridades. Mazón podrá atacar, con toda la razón, a la ministra socialista Teresa Ribera. Pero el caso es que no es la Diputación que preside la que, por primera vez, está llevando la voz cantante. Empuja, que no está mal, pero no lidera. Y también es verdad que seguimos sin escuchar a Pablo Casado declararse a favor del trasvase y en contra de los recortes. Está previsto que lo haga en València, el 3 de julio, en el congreso que entronizará a Mazón. Pero eso, sin que esté de más (no estamos para despreciar nada), tiene el riesgo de poner en evidencia que lo que importa no es el agua, sino la batalla política que con ella como excusa se quiere librar. No es en el congreso del partido, sino en el de los Diputados, donde queremos escuchar a Casado.
Si no se quiere entrar en otra guerra estéril hay que conseguir que la falta de agua deje de ser un conflicto para convertirse en un problema. Y no es ningún juego de palabras
Si Puig y Mazón no quieren caer de nuevo en una guerra estéril, lo que tienen que hacer es conseguir que la falta de agua de Alicante deje de ser un conflicto para pasar a ser un problema. No es un juego de palabras: los conflictos tienden a enquistarse, los problemas pueden resolverse si las partes tienen la voluntad necesaria para ello. Hay que mantener la movilización y proceder a la presentación de todos los recursos ante los tribunales que sean de ley. Pero es imprescindible, desde esa firmeza, negociar con todas las comunidades afectadas y con el Gobierno central una solución estable, que pueda ser asumida por todos. Y que tenga continuidad. No puede ser que haya poblaciones en Castilla-La Mancha que vean pasar el agua del Tajo por su término sin poder utilizarla, no porque se escancie aquí, sino por la falta de infraestructuras allí. Pero tampoco puede ser que en Alicante, ni con trasvases ni con desaladoras, los recursos nunca estén garantizados porque no dependan de las obras realizadas ni de las autorestricciones que nos impongamos, sino del postureo o los cambalaches políticos del Gobierno de turno en Madrid, sea éste del color que sea. En otros sitios, los agricultores miran al cielo a ver qué les espera. Aquí, miran al BOE. Y eso sí que no es sostenible.
El CVC se pronunciará
La movilización en favor del trasvase Tajo-Segura y contra los recortes que unilateralmente quiere imponer la ministra Teresa Ribera puede sumar mañana un apoyo que seguramente sorprenderá a muchos y que resulta, desde luego, inédito hasta aquí. El Consell Valencià de Cultura debatirá en su pleno un pronunciamiento sobre este asunto. La iniciativa de llevar a este órgano estatutario, cuya misión es asesorar al Consell y a otras administraciones y defender la cultura valenciana, la cuestión del trasvase partió del consejero de Alicante Gerardo Muñoz y han trabajado en ella consejeros de distintas formaciones antes de que llegue al plenario. El CVC ha tenido pocas intervenciones vinculadas a la actualidad. Pero en el tema del agua tiene mucha lógica que se pronuncie ya que el Consell le encargó un estudio precisamente sobre la Cultura del agua tras la devastación que sufrió la Vega Baja como consecuencia de la DANA que se registró en septiembre de 2019. Los promotores de la iniciativa ahora esperan que el pronunciamiento del CVC sea unánime, y para eso se ha estado trabajando durante las últimas semanas. Como se sabe, los consejeros de la institución que preside Santiago Grisolía son elegidos por las Cortes Valencianas a propuesta de los diferentes partidos políticos. Aunque el Consell Valencià de Cultura no tiene ningún tipo de poder ejecutivo, y mucho menos frente a una decisión que adopte el Gobierno central, es evidente que su posicionamiento tiene un gran valor político en un momento como éste. Además, el hecho de que un organismo históricamente muy volcado en Valencia entrase a valorar un asunto que con tanta claridad repercute sobre Alicante contribuiría, sin duda, a avanzar en esa vertebración de la Comunidad tantas veces perseguida.
