El Sindicat de Barri de Carolines busca fórmulas para que se prorrogue el alquiler social a una decena de familias de la ciudad de Alicante, la mayor parte de ellas formadas por mujeres mayores, madres solteras o migrantes en situación vulnerable. Los contratos de estos alquileres a precios más asequibles, que suelen situarse entre los 100 y los 200 euros mensuales, acaban de terminar o lo harán en los próximos meses, según explica Borja García, portavoz de la entidad social que este miércoles se reunió con representantes del Banco Sabadell, propietario en su día de los pisos en los que residen las familias. «La reunión ha sido con Sogeviso, la sociedad de gestión de viviendas sociales del Sabadell. Nosotros somos mediadores entre las partes. Estas viviendas ya no son propiedad de Sabadell. Fueron vendidas en su momento a Cerberus», apuntó este martes un representante autorizado del banco, quien añadió que desde la entidad bancaria han hecho ya unos «primeros contactos con Solvia (que a su vez es la que gestiona los alquileres, y que tampoco es propiedad de Sabadell)».
Según el banco, se muestran dispuestos a «escuchar y tratar de llegar a una solución aunque la decisión última» no corresponde a la entidad bancaria, al no ser actualmente propietaria de las viviendas. Tras el encuentro de este miércoles, que se produjo en la sede central de la entidad bancaria en Alicante, las sensaciones del Sindicat de Barri de Carolines no fueron buenas. Más bien lo contrario. «Se han quitado la responsabilidad de encima, aunque son quienes han generado el problema al vender las viviendas a fondos de inversión», señaló el portavoz de la entidad social, que ahora prevé trasladar las conversaciones a Solvia, empresa que gestiona los alquileres de estos pisos.
La reunión de este miércoles, según el sindicato, se consiguió tras la protesta convocada el pasado de 21 de mayo, donde se exigía al banco la apertura de un proceso de negociación. «Solvia ha comunicado a los inquilinos mediante cartas y burofax que no les renovará el alquiler social de sus viviendas, algunos de ellos negociados a cambio de la dación en pago consecuencia de la crisis de 2008, por lo que tendrán que poner la propiedad a disposición de la entidad Coliseum Real Estate, calificada de fondo buitre, a la que ha vendido sus activos inmobiliarios», según la entidad social. Si no se renueva finalmente los alquileres a precio social, los actuales inquilinos tendrán que abandonar las viviendas o serán desahuciados. Las familias afectadas, según la entidad social, tienen en «muchos casos informes de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión social del Ayuntamiento de Alicante».
