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El Consell liquida la deuda por los impagos de las ayudas a la VPO

La Plataforma de Afectados se disuelve tras 12 años de batalla por el cobro en el que se vieron envueltos 25.000 compradores alicantinos

Mas de sesenta y cinco mil personas se vieron afectadas por la falta de liquidez del Consell para pagar las ayudas

Mas de sesenta y cinco mil personas se vieron afectadas por la falta de liquidez del Consell para pagar las ayudas

Fin a una batalla que ha durado 12 años. El vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, y Manuel Pérez, presidente de la Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda, han sellado la disolución de esta última tras hacerse efectivo el cobro de los últimos 16 millones de euros que la Generalitat debía a los compradores de una VPO y al alquiler en la Comunidad Valenciana pero a los que nunca llegó la subvención. Un escándalo que se conoció en marzo de 2009 -en plena crisis inmobiliaria- cuando la Generalitat dejó de abonar ayudas reconocidas a los compradores por falta de liquidez. En total, la deuda alcanzó los 326 millones de euros y afectó a 25.000 compradores en la provincia de Alicante. Algunos, incluso llegaron a tener que renunciar a la compra. Esta semana la deuda ha quedado saldada.  

El gobierno autonómico dejó de pagar en 2009 por falta de liquidez subvenciones de entre 11.000 y 13.000 euros

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El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, se reunió anteayer con representantes de la Plataforma de Afectados por Ayudas a la Vivienda para informarles de que la Conselleria ha saldado la deuda adquirida por la Generalitat de gobiernos anteriores a la llegada del Gobierno del Botànic, la deuda que correspondía a pagos de ayudas y subvenciones por compra de vivienda protegida y también al alquiler del periodo 2005-2012. El importe total reconocido de la deuda ascendía a 326 millones de euros tras tramitarse un total de 65.684 expedientes, 25.000 en la provincia de Alicante. Entre 2020 y 2021 se han abonado los últimos 16 millones euros. El vicepresidente subraya que, en la reunión mantenida en octubre del año pasado con representantes de la Plataforma de Afectados por Ayudas a la Vivienda, «me comprometí a saldar la deuda pendiente de ayudas a la vivienda de los gobiernos anteriores y así lo hemos cumplido». 

La parálisis financiera del Consell del PP dejó en su día plantadas a unas 25.000 familias alicantinas que habían adquirido una VPO y se quedaron sin las ayudas del «cheque-vivienda», pese a tenerlo aprobado en un 80% de los casos. Una subvención de entre 11.000 y 13.000 euros de media que la Generalitat había de pagar en 2009. La situación comenzó a reconducirse en 2017

Martínez Dalmau subraya que «estamos hablando de millones de euros y miles de personas afectadas». Ahora ya podemos afirmar que se ha hecho justicia con todas esas miles de personas, de familias, autónomos y comunidades de propietarios, todas ellas damnificadas por unas ayudas que se concedieron y que no se pagaron y, lo que es muy grave, estamos hablando de ayudas para la vivienda que se comprometieron sin estar presupuestadas». Dalmau tiene palabras para la exconsellera y predecesora en el cargo, María José Salvador. «Quiero expresar mi reconocimiento a María José Salvador, quien dio un importante impulso para resolver la deuda», asevera Dalmau.

Subvenciones sin fondos

La Generalitat otorgó en el periodo 2005 a 2012 determinadas ayudas y subvenciones para el acceso a la vivienda en los diferentes tipos y líneas en el marco de los Planes Estatales de Vivienda y Suelo para los periodos 2005-2008 y 2009-2012. 

A partir de 2009, las subvenciones fueron disminuyendo debido a las restricciones presupuestarias de la propia Administración, castigada por la crisis económica. No obstante, desde el ejercicio 2007 hasta el 2013, ambos incluidos, es cuando la cuantía global de las subvenciones pagadas siempre fue inferior a la de las subvenciones otorgadas, lo que ocasionó una situación de insuficiencia presupuestaria que se tradujo, por una parte, en la existencia de una importante cantidad de ayudas sin pagar en cada ejercicio y, por otra, en un retraso de hasta seis años de la fecha de pago respecto al momento de la concesión.

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