El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), tiene un problema. Y la polémica por la anunciada renuncia, y posterior marcha atrás, a la subvención de la Conselleria de Educación para las actividades extraescolares en los colegios públicos no ha hecho más que agudizarlo. Tampoco ha ayudado la batalla política con la Generalitat por los retrasos en la retirada del fibrocemento de tres colegios de la ciudad.
Barcala tiene un problema de credibilidad. Y todo porque se empeña en perderla, en jugársela -en ocasiones en batallas menores-, con lo importante que es el valor de la palabra para un alcalde, para un cargo público. Para cualquiera. La oposición, en su labor de desgaste del gobierno de turno, lleva mucho tiempo, por no decir todo el mandato, lamentando lo poco que vale la palabra del alcalde. Lo dicen y lo redicen. De hecho, ya se llegó a asegurar cuando Barcala ejercía la labor de jefe de la oposición. Y más allá de la opiniones, los hechos, en ocasiones, son irrebatibles.
El regidor popular pasó esta semana por los micrófonos de Radio Alicante con motivo del arranque del curso, también del político. Además de hablar de futuribles, como el Palacio de Congresos en el puerto o la candidatura a la Alcaldía de Alicante para las elecciones de 2023, Barcala tuvo que enfrentarse a polémicas actuales, la mayoría con raíces en la gestión educativa.
Y ahí demostró el poco aprecio que tiene hacia las palabras que pronuncia. «Se lo digo con claridad para que pueda ponerlo como titular: no vamos a renunciar a la subvención para extraescolares de la Conselleria de Educación. Quien haya afirmado que ya habíamos renunciado está faltando a la verdad», afirmó Barcala. Y lo hizo como si no hubiera hemerotecas ni tampoco fonotecas. Y como si no quedara rastro de los comunicados que el equipo de gobierno manda por correo electrónico a través del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento.
El alcalde, para dar marcha atrás a una decisión que en el seno del bipartito llegó a generar dudas desde el primer momento, optó por una frase que sonaba grandilocuente, pero que no se sostenía. Y todo porque quien afirmó, y por escrito, que el Ayuntamiento renunciaba a las ayudas de la conselleria había sido uno de los suyos. En concreto, la concejala de Educación, Julia Llopis, que tras colaborar en el objetivo de mantenerle en la Alcaldía [se le fichó por su vinculación con la escuela concertada y católica] no ha dejado de generarle problemas por la gestión de áreas tan sensibles como Acción Social y Educación. Pero ahí sigue, y reforzada de nuevo en público por Barcala, aunque eso puede tener un valor relativo.
Llopis, y no cualquiera, fue quien aseguró, y por escrito, que el Ayuntamiento no iba a solicitar ahora las ayudas autonómicas, tras recibir casi medio millón de euros durante el pasado curso. Alegó, además, dos motivos: «Ante la dificultad para presentar los proyectos educativos en fechas vacacionales y la imposibilidad de desarrollarlas hasta final de curso por los tiempos de contratación de la administración». Al final, habrá solicitud de las ayudas. No podía ser de otra manera. Ningún ayuntamiento, por mucho partidismo que le guste hacer, puede renunciar a medio millón de euros para actividades formativas.
Con los retrasos en la retirada del fibrocemento en tres colegios en los que todavía viven conserjes, Barcala también ha demostrado estos días lo que le gusta juguetear con la verdad. El alcalde, en varias ocasiones, había criticado a Educación por no concretar en ningún momento el calendario de las obras en el Azorín, El Tossal y Emilio Varela. Este diario demostró que, hasta en dos ocasiones, la conselleria puso fecha por escrito para las actuaciones. A partir de ahí, el alcalde varió mínimamente el discurso: ahora puntualiza que esas fechas, al final, no fueron las reales. Y así todo.
Pero lo de Barcala no es nuevo. De hecho, aún resuena en los ambientes periodísticos de la ciudad su rotundidad con la Oficina de Turismo. Y eso que aquella época queda lejana. Eran tiempos preelectorales y el alcalde que quería revalidar el cargo enarboló el discurso del traslado de la controvertida infraestructura. Entonces, él ya sabía la dificultad del cambio de ubicación porque un informe lo valoraba en 600.000 euros. Pese a conocer esa cifra, que este diario reveló cuando tuvo acceso al informe que se elaboró con el PP en solitario al frente del gobierno, Barcala habló del traslado hasta que no pudo sostener más ese discurso. El tiempo pasa, pero hay cosas que no cambian.
