Superado el ecuador del mandato municipal y cuando las luces largas empiezan a apuntar a la próxima cita con las urnas, prevista para mayo de 2023, el bipartito de Alicante está decidido a reactivar, ahora sí, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una de las promesas electorales de los socios del gobierno local de Alicante. Tanto Ciudadanos como el PP se comprometieron a impulsar la renovación de un texto obsoleto, que se aprobó hace más de tres décadas, en 1987.
Desde la Concejalía de Urbanismo que dirige Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) están ultimando el contrato de asistencia técnica para la redacción del borrador del Plan General Estructural y del documento inicial de estratégico (DIE). Y es que el gobierno municipal ha descartado que la redacción del nuevo PGOU de Alicante se coordine «fuera de la casa», como sucedió con el último intento con el redactor Jesús Quesada al frente del proyecto durante el mandato de Sonia Castedo. Aseguran que así se busca un mayor «control» y más «transparencia» en el proceso.
En esa ocasión, Urbanismo quiere controlar el contenido y también los tiempos, por lo que ha apostado por la externalización parcial del servicio. En primer lugar, la concejalía pretende lanzar antes de que finalice este año el contrato de asistencia técnica. También tiene previsto externalizar la redacción de todos los documentos que sean necesarios para la elaboración del texto. Entre ellos se encontrarán el informe de desarrollo del vuelo fotométrico, junto a los estudio de infraestructuras de la red primaria, de los riegos naturales, de población y vivienda, de suelo rural, de paisaje e infraestructuras verdes, de dotaciones de la red primaria (con el análisis de los suelos consolidados), para el proceso de participación y de organización en sistema informático de la documentación del borrador del PGOU estructural y el documento estratégico.
En Urbanismo huyen de marcar plazos concretos, sabedores de que poner fechas es el primer paso para incumplirlas. Sin embargo, admiten que el objetivo real al que se puede aspirar, teniendo en cuenta que el mandato hace meses que superó su ecuador, es llegar a las elecciones con el borrador enviado a la conselleria, que debe emitir la declaración ambiental. Ir más allá, reconocen, sería hacerse trampas al solitario, teniendo en cuenta que falta apenas un año y medio para la cita con las urnas.
Otro handicap en el proceso de revisión del Plan General es la endémica falta de personal de la Concejalía de Urbanismo, según han ido denunciando los últimos responsables políticos del área. Actualmente, según el concejal, la Oficina del PGOU está liderada por la recién nombrada directora, la arquitecta Leticia Martín, que cuenta con el equipo de delineantes, arquitectos, un abogado y auxiliares administrativos. Sin embargo, sobre la mesa está la propuesta de reclamar una mejora de personal a Recursos Humanos para impulsar de manera decidida a revisión del PGOU, aunque buena parte de los trabajos se externalizarán. Desde Ciudadanos tienen previsto pedir más funcionarios para la concejalía con vista al próximo año. No se sabe si esa ampliación de la plantilla se incluirá ya en el Presupuesto municipal de 2022, que actualmente negocian los socios del bipartito, o se abordará con alguna modificación posterior, lo que supondría dilatar los plazos para llegara de más profesionales al área.
Las promesas en torno a la revisión del PGOU, durante la campaña, fueron comunes. El alcalde, Luis Barcala, incluso fue más allá que el resto, asegurando que le parecía poco ambicioso apostar por la aprobación del Plan Estructural. Con todo, esa promesa, que ahora supone una carga para el bipartito, fue compartida por el resto de formaciones. El pasado mandato pasó en blanco. Ni durante el mandato de Miguel Ángel Pavón (Guanyar) al frente de Urbanismo ni tampoco durante el tiempo de la socialista Eva Montesinos ni en la recta final del mandato, con la popular Mari Carmen de España.
Más de un año en busca de director de la oficina del PGOU
Más de un año ha tardado el bipartito en cubrir una plaza clave para el desarrollo urbanístico de la ciudad. En verano de 2020 se marchó el anterior responsable, el funcionario Pablo Núñez de Cela, que volvió a su puesto en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. El primer intento quedó desierto, tras la renuncia de la única candidata. El pasado mes de mayo, la Junta de Gobierno reactivó el segundo intento. Finalmente, desde hace unos días, la arquitecta Leticia Martín ya está al frente de la oficina del PGOU, gracias a una comisión de servicios de un año (prorrogable otro más) desde el Ayuntamiento de San Vicente.
