El mercado inmobiliario tiene dos opciones, alquiler o venta. La primera de ellas deja entrever una realidad que muchos propietarios y ciudadanos llevan denunciando de manera particular y también los agentes inmobiliarios.
La inseguridad jurídica actual no diseña el mejor panorama para poner un inmueble en alquiler. Un hecho que desde la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (ASICVAL) y Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante (COAPI) ponen de manifiesto con respecto al alquiler de pisos en la ciudades.
La primera de estas entidades asegura «llevar haciendo peticiones tanto al Gobierno Autonómico como al Nacional a través de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias a la que pertenecemos para que tanto la ley de vivienda aprobada recientemente como los anteriores decretos no cargaran sobre el arrendador toda la responsabilidad de la problemática del alquiler, limitando precios y restando garantías. Entendemos que es justo lo contrario que se debe hacer para incentivar que los propietarios pierdan el miedo a poner su vivienda en alquiler. El blindaje contra los desahucios y la extrema protección al inquilino es lo que desanima a los propietarios, reclamamos una ley más equitativa. Un sistema en el que si se produce un impago por una situación de vulnerabilidad del inquilino, no deje desamparado al propietario», afirma Nora García, presidenta de ASICVAL.
Por su parte, desde el COAPI, su presidenta Marifé Esteso, expone que «hay inmuebles cerrados que no se ponen en alquiler por el miedo a la inseguridad jurídica que hay con respecto al propietario. La legislación actual se está centrando en proteger al arrendatario , al inquilino. Eso es un error de cara a que todas las propiedades que pueden alquilarse se alquilen».
En su opinión, «los alquileres bajarían si salieran al mercado más viviendas, cuanta más oferta haya mejor».
Para ilustrar estas declaraciones, Nora García pone el siguiente ejemplo: «Conocemos a arrendadores que llevan sin cobrar la renta de alquiler desde marzo de 2020, cuando la necesitan para poder hacer frente a sus obligaciones económicas o incluso para poder llegar a fin de mes».
¿Qué es necesario para que este panorama se materialice? Proteger al arrendador. «La persona que pone en alquiler una propiedad tiene que tener una seguridad, si un inquilino no paga, va a estar un mes en esa casa y después se irá. El que realmente invierte en una vivienda para sacarla en alquiler es el propietario, no le puedes limitar el alquiler porque no le estás limitando en impuestos. A ellos es a los que hay que proteger», asegura Esteso.
Para ello, pide desde la entidad que preside, al Gobierno Autonómico una bajada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. «Aquí, en la Comunidad Valenciana pagamos un 10%, en el País Vasco un 4 y si es vivienda habitual un 2,5%. En Madrid está al 6%. Tenemos el impuesto más caro. Si no es porque vendemos sol, aquí no compraría nadie».
En cuanto a la petición para el Gobierno Central es muy clara: «proteger al propietario y no meter la mano en los alquileres. Hay que dejar al arrendador libre para que saque la rentabilidad de su vivienda y protegerlo para que pueda dejar libre el inmueble del arrendatario que no ha pagado. No podemos hacer un país de inversores para ocupas. Eso es un problema que debería solucionar el Gobierno Central y verse materializado en 24 horas en el Boletín Oficial del Estado», incide con claridad.
La idea es concreta, «si hay seguridad jurídica, habrá más oferta, y el mercado del alquiler se regulará solo. No es necesario intervenir en la economía del arrendador ni regular los precios».
Mientras que la figura del arrendador también es una constante para ASICVAL. «Como profesionales del sector, estamos seguros de que la solución no pasa por castigar al arrendador, sino todo lo contrario. Es necesario poner medidas en positivo encima de la mesa, como premiar al que destine su patrimonio al alquiler, con la exención del Impuesto sobre Transacciones Patrimoniales, con el compromiso de que la vivienda se destine al alquiler por diez años, exenciones fiscales ‘reales’ no como las aprobadas en la ley de vivienda», indica.
Sus propuestas no terminan aquí. Además, sugieren «ayudar a la compra a los jóvenes avalando el 20% del valor de compra el gobierno, compra compartida con la administración; cambios de uso de terciarios a residenciales para reconvertir edificios con un pasado industrial en nuevos conceptos de coliving. También, la colaboración público privada para la promoción del VPO con destino a alquiler», apunta Nora García.
