Tercer intento en un año y medio. La Junta de Gobierno aprobó este martes, por urgencia, la convocatoria de un procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, que lleva sin contrato en vigor desde 8 febrero de 2020. Esta nueva tentativa incluye un incremento presupuestario de unos 340.000 euros, al pasar de 45,41 a 45,75 millones de euros, tras aceptar el recurso presentado por Comisiones Obreras, que ha obligado a retrotraer el procedimiento a la casilla de inicio.
El primer intento se inició en agosto de 2020, con un presupuesto inicial de 37,87 millones. Sin embargo, en septiembre, se paralizó tras la presentación de tres recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda. La segunda tentativa se licitó en junio de 2021, pero también se tuvo que paralizar por dos recursos más presentados, uno de ellos del PSOE, que fue inadmitido. El gobierno local acabó por aceptar la propuesta de Comisiones Obreras, tras «constatarse la existencia de un error material en la relación de personal subrogable facilitada por la UTE contratista originaria del servicio, que a su vez también contó con el aval del tribunal, lo que ha llevado a iniciar un tercer procedimiento para la regularización de un servicio que se lleva prestando fuera de contrato desde febrero de 2020, hace más de veinte meses. De hecho, este martes, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el pago, a través de un reconocimiento extrajudicial de créditos, del servicio prestado por UTE Limpal (Clece y Fissa) durante los meses de mayo , junio y julio, por un valor total de 2,16 millones de euros.
El Ayuntamiento ya adeuda a la empresa los meses de agosto, septiembre y octubre, que rondarán una cantidad similar a la aprobada en la Junta de este martes, aunque todavía se tendrá que seguir pagando durante varios meses más, hasta que el procedimiento de contratación se resuelva satisfactoriamente.
Retrotraer la licitación al punto de salida es una práctica nada nueva en un servicio «maldito» en los últimos años en Alicante. De hecho, el tripartito, en 2016, también paralizó un proceso de licitación, en este caso para intentar incluir cláusulas sociales, entre críticas de la entonces oposición (PP y Cs) por retrasar la adjudicación. En aquella época, una empresa de Enrique Ortiz estuvo hasta veinte meses prestando el servicio fuera de contrato, hasta que a principios de 2017 decidió renunciar.
