Para los primeros días del próximo 2022 ha fijado la Audiencia de Alicante el juicio por los presuntos amaños en varias de las obras que se acometieron en Alicante bajo el paraguas del Plan E, un conjunto de medidas lanzadas por el Gobierno de Zapatero en 2008 para impulsar la economía en un contexto de crisis originado por el pinchazo de la burbuja inmobilaria.
Ocho de estos proyectos se encuentran desde hace más de una década bajo la lupa de la Justicia por la sospecha de connivencia entre un funcionario del Ayuntamiento de Alicante y dos de los empresarios a los que se les adjudicaron contratas. Un asunto que acabó salpicando a Andrés Llorens, entonces responsable político del área, vicealcalde con la exregidora del PP Sonia Castedo y hoy retirado de la política. Será la segunda ocasión en que Llorens se enfrente a un proceso penal. En la anterior, por irregularidades en la adjudicación de unas obras en la plaza Magallanes, fue absuelto al entender el tribunal que había actuado «en favor de los vecinos».
En el proceso del Plan E la Fiscalía Anticorrupción acusa de prevaricación y pide cuatro años de prisión para cada uno de los cuatro encausados: además del exconcejal de Atención Urbana, el funcionario José Lidón, así como los entonces responsables de CCMS y Becsa, las dos mercantiles que ejecutaron las infraestructuras bajo sospecha, Javier Álvarez y Juan Manuel Valdivieso, respectivamente. Los dos primeros como autores materiales mientras que los empresarios están considerados cooperadores necesarios.
Entre las dos mercantiles se adjudicaron trabajos cuyo presupuesto sumaba 7,3 millones de euros. El fiscal Felipe Briones considera que hubo connivencia entre el técnico municipal y los dos empresarios para repartirse las contratas y estima que el perjuicio para el Ayuntamiento fue de 1,6 millones.
Según el relato que de los hechos hace la acusación pública, desde la mercantil Becsa se confeccionaban los pliegos de condiciones de los proyectos que el técnico municipal acusado firmaba después como propios, «resultando Becsa la adjudicataria final y CCMS, la mercantil subcontratada». El fiscal sostiene que esta acción irregular se produjo «en el marco de un acuerdo con miembros del Ayuntamiento de Alicante», donde coloca a Llorens y al funcionario acusado.
El acusador señala que Llorens era quien firmó todas las licitaciones bajo sospecha y que su concejalía era la que gestionaba las obras. En el escrito de acusación entra también en los vínculos de un hermano del concejal con la empresa que ejecutó uno de los proyectos más caros: la instalación de 140 contenedores soterrados en el casco antiguo y otros barrios de Alicante y cuyo importe superaba los tres millones de euros. El hermano del exvicealcalde trabajó tanto para la mercantil que fabricó los contenedores como para CCMS.
Briones asevera que el funcionario era la persona que verdaderamente estaba detrás de la mercantil CCMS y que interpuso como administrador a Javier Álvarez al frente de la misma para poder así contratar con el Ayuntamiento. Esta mercantil comenzó sus operaciones el 7 de marzo de 2006 y, según el escrito de acusación, su principal fuente de ingresos era el Ayuntamiento de Alicante, con quien obtuvo un total de negocio de 3,4 millones entre los años 2006 y 2010, un importe muy superior que la que facturaba al resto de sus clientes.
La Fiscalía mantiene que algunos de los trabajos investigados fueron adjudicados directamente a CCMS en procedimientos en los que Llorens era el concejal y Lidón, el técnico. Estas obras fueron: las obras de adecuación de la mediana de la avenida de Villajoyosa en la Albufereta por 246.269 euros; el acondicionamiento del parque de Canalejas por 359.728,57 euros; la renovación de la plaza de Altozano, por 369.732,63 euros; el servicio de mantenimiento parcial de vías públicas por 1,7 millones, trabajo que se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas, formada por Enrique Ortiz e Hijos y CCMS; y finalmente las obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida del Pintor Pérez Gil, por 115.000 euros.
Subcontrataciones
El otro grupo de trabajos bajo sospecha se adjudicaron a la mercantil Becsa que a su vez se subcontrataron a CCMS. Estos proyectos fueron la renovación parcial del pavimento de la Explanada, por 597.269,07 euros; la reforma de la plaza de la Montañeta, por 1.038.497, 41 euros; y la instalación de 140 contenedores soterrados en distintas calles de la ciudad y cuyo importe superó los tres millones de euros. Este proyecto se ejecutó en dos partes, la primera en el año 2009 y se centró en 40 recipientes en el casco antiguo y algunas plazas de la ciudad. La segunda, otros 100 contenedores en otras calles de Alicante. El fiscal estima que el perjuicio para las arcas municipales por estas adjudicaciones fue de 1,6 millones de euros «al quedar viciada la igualdad en las contrataciones».
Además de la prisión, el Ministerio Público pide once años de inhabilitación para empleo o cargo público al exedil y al técnico. A los empresarios, que se les inhabilite durante seis años para poder recibir subvenciones o poder contratar con la Administración Pública.
La vista oral arranca el 10 de enero ante un tribunal formado por Montserrat Navarro, Dolores Ojeda y José María Merlos, que será el ponente.
