La ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante, se tendrá que revisar cada tres años, como máximo, para adecuarla a las nuevas problemáticas. «A fin de garantizar la adecuación constante de la norma a los nuevos y/o posibles fenómenos y problemáticas que se vayan planteando en la realidad, se establece que la ordenanza sea revisada como máximo cada tres años, incorporando a su texto las nuevas contingencias que surjan». Así se recoge en un documento que ya está expuesto al público, tras su publicación este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que supone la apertura del plazo de treinta días hábiles para la presentación de alegaciones. El texto, que incluye multas de hasta 3.000 euros, se aprobó inicialmente en el pleno de noviembre con los votos a favor de los socios del bipartito (PP y Ciudadanos) y de Vox, frente al rechazo del bloque de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos y Compromís).
En esta fase de la tramitación se espera, entre otras, las propuestas de colectivos sociales contrarios a la iniciativa del bipartito y también las propuestas de Ciudadanos, ya que las enmiendas que presentó fueron rechazadas al registrarse un año tarde. El portavoz del gobierno y concejal de Cs, Antonio Manresa, aseguró este martes que su grupo volverá a presentar las mismas propuestas, esta vez en tiempo y forma.
Esas alegaciones del socio de gobierno, pactadas previamente con el PP, buscarán introducir intervenciones sociales para los sintecho y las prostitutas, tal y como se incluían en el texto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del que han «bebido» numerosas ordenanzas en toda España. Una de las propuestas anunciadas por Cs supondría que el Ayuntamiento coordinase «las actuaciones de atención social dirigidas a las personas que se encuentren ejerciendo la mendicidad en Alicante» y, además, adoptase «todas las medidas sociales a su alcance para erradicar el ejercicio de la mendicidad en cualquiera de sus formas». El tercer cambio iría en la línea de que «los agentes de la autoridad, o en su caso el personal de los servicios sociales, informarán a las personas que ejerzan la mendicidad en lugares de tránsito público, de los servicios de atención social a los que pueden acudir para recibir el apoyo que sea necesario para el abandono de estas prácticas».
Las alegaciones de Cs también incluirían que «en aquellos casos graves o urgentes y con el único objeto de que la persona pueda recibir lo antes posible la atención social o sanitaria, los agentes de la autoridad solicitarán la intervención inmediata de los servicios sociales o sanitarios adecuados, acompañándola si fuera necesario». Por otro lado, se esperan propuestas de cambios en el ámbito de la prostitución. Donde se decía que se prohiben «las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana», ahora Cs querría castigar al peticionario y no tanto a la persona que ofrece el servicio: «No se permite solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales, así como su práctica en el espacio público considerando que estas conductas, en cualquier caso, son incompatibles con los usos atribuidos al mismo». Además, se proponen multas diferentes para las dos partes: «Tendrán la consideración de infracciones leves y serán sancionadas con multa de 100 euros a 750 euros las conductas tipificadas como infracciones para la parte ofertante o conmutar la sanción económica al acudir a las instituciones públicas y privadas para que les ofrezcan asistencia social y prestándolas la ayuda necesaria, para la parte demandante la infracción será grave y la sanción de 750 a 1.500 euros».
