El 15 de diciembre de 2014, aún con Sonia Castedo al frente del gobierno municipal de Alicante, el Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente el presupuesto para 2015. Desde entonces, han pasado siete años, dos alcaldes (el socialista Gabriel Echávarri y el popular Luis Barcala) y tres concejales de Hacienda (la socialista Sofía Morales y los populares Carlos Castillo y Lidia López) con la responsabilidad fallida de aprobar en tiempo y forma las cuentas municipales.
Ni el tripartito de izquierdas, ni el PSOE y el PP en solitario, ni el bipartito de derechas. Ningún gobierno en coalición o en minoría ha cumplido con su obligación, condicionando con ese retraso la ejecución de las inversiones recogidas en el documento económico (el más importante que cada año se aprueba en el Ayuntamiento) y los posteriores proyectos incluidos a financiar con remanentes («ahorros», principalmente por falta de ejecución en el ejercicio presupuestario anterior). Luego, como este diciembre, se ven las prisas para llegar a tiempo, teniendo que convocar reuniones por urgencia de la Junta de Gobierno local casi a diario, para cumplir con el inicio de obras como la peatonalización de calles del Centro Tradicional.
Este año, el cuarto de Luis Barcala a los mandos del gobierno municipal, parecía el del cambio de tendencia. El del punto de inflexión. El de empezar el año con el presupuesto aprobado. Pero tampoco. La promesa del alcalde se ha quedado en papel mojado. Desde el ejecutivo local culpan a los cambios forzados en el presupuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó la plusvalía, que en la ciudad de Alicante hasta ahora suponía unos quince millones de ingresos anuales y que ahora se prevé que se queden en unos diez millones tras la nueva fórmula de cálculo del impuesto.
Sin embargo, si se abre el foco, si se mira con más perspectiva, el argumento para justificar la demora pasa a ser una excusa. Una más. En los dos municipios más próximos a Alicante en la tabla poblacional (València, al frente de la clasificación en la Comunidad Valenciana) y Elche (que ocupa el tercer lugar), ya han aprobado sus cuentas para 2022. En la capital autonómica, de hecho, ya han finalizado toda la tramitación: el gobierno del Rialto aprobó en la previa de Nochebuena definitivamente las cuentas, lo que no les obligará a prorrogar ni un día el presupuesto de 2021. También se han aprobado las cuentas de la Diputación y de la Generalitat.
El borrador del bipartito, cerrado antes de llegar a un acuerdo con ningún grupo de la oposición, lleva una semana en Intervención, según Alcaldía, donde se prevé que esté al menos diez días hábiles, si no más teniendo en cuenta los precedentes. Si no se acelera el trámite, y dado que el alto funcionario no regresa de vacaciones hasta avanzada la segunda semana de enero, se puede dar el caso que el presupuesto no pase por Junta de Gobierno hasta mediados del próximo mes, lo que podría retrasar hasta finales de enero su aterrizaje en Pleno. De cumplirse estos plazos, Alicante no contaría con su presupuesto en vigor hasta marzo.
No sería ninguna novedad. Alicante ya se ha acostumbrado a llegar tarde. Tampoco es que durante este ejercicio, el primero de principio a fin marcado por la pandemia, se haya avanzado significativamente en asuntos capitales para la ciudad. De hecho, a este paso, hasta Elche dispondrá de su nuevo centro de congresos antes que la capital de la provincia, lo que se podría interpretar como una jugada política de los populares en su objetivo de recuperar el Palau de la Generalitat.
Por lo pronto, ya se sabe la inversión que hará la Diputación en la edificación anunciada junto a la Universidad Miguel Hernández, que rondará los 4,5 millones de euros. Del proyecto en el puerto de Alicante, que públicamente se activó en abril de este año, poco se sabe. Ocho meses después de la primera foto sobre la parcela portuaria, todavía ni se ha firmado el convenio entre las administraciones que participarán en la financiación del edificio, que presumiblemente serán el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación y la Generalitat Valenciana.
Con la ordenanza de mendicidad camino de su aprobación definitiva, pero sin convenio para el centro de congresos, ni presupuesto de 2022, ni avances significativos en el nuevo PGOU, ni la revisión de servicios clave como limpieza viaria, limpieza de colegios y transporte urbano (que se prestan con contratos prorrogados o, directamente, sin ellos), ni soluciones para el ruido y sin, por ahora, ni un metro más peatonalizado. Muchos son los deberes para 2022. Y ninguno nuevo, todos heredados.
Vox o el PSOE: ¿Apoyos con consecuencias?
Todo apunta, salvo sorpresa, que será el PSOE o Vox el grupo que desbloquee el tercer presupuesto del bipartito de PP y Cs. También se espera que sea alguno de esos partidos el que permita la aprobación definitiva de la Ordenanza de Convivencia Cívica (más conocida como ordenanza contra la mendicidad y la prostitución), en función de los cambios (o no) que se incluyan en la fase de las alegaciones. ¿Pueden unos apoyos condicionar los otros? Nada se descarta en el Ayuntamiento. Mientras tanto, el resto de la izquierda sigue expectante. Su previsible «no» a las cuentas puede variar si el bipartito cierra el acuerdo con el PSOE, con tal de no quedarse en el bando de Vox.
