El ponente del proceso por el supuesto amaño en las adjudicaciones de cuatro obras del Plan E en Alicante había pedido a las acusaciones que concretaran los «actos ilegales» que atribuían a los acusados. Y en la sesión de este viernes tanto el fiscal anticorrupción Felipe Briones como la letrada Lourdes Perpiñá, que ejerce la acción popular en nombre de la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal, hicieron un ejercicio de precisión en unos alegatos finales en los que descendieron hasta el detalle.
Prueba de ello fue el inicio de la intervención de Briones. El fiscal, citando la Ley de contratos del sector público, explicó a la sala el «valor trascendental que tiene el proyecto en una obra pública» y lo que supone tener acceso a él cuando aún no se ha producido la licitación. Y más si quien lo redacta es el apoderado de una de las mercantiles que optan a la adjudicación y que después consigue la contrata.
Porque es ahí donde radica el meollo de este asunto y el epicentro de la acusación: en la contratación durante los años 2009 y 2010 desde la concejalía de Atención Urbana de obras por valor de más de cinco millones con las que, por encima del interés público, se favoreció a dos empresas (Becsa y CCMS), al vicealcalde Andrés Llorens y al hermano del expolítico del PP. Y todo ello auspiciado por el técnico municipal ya jubilado José Lidón, quien habría firmado como suyos cuatro proyectos que en realidad realizó una de las empresas que optaban a las obras (Becsa), que después le fueron adjudicadas y que a su vez subcontrataba con CCMS. «Mayor complicidad no puede haber», afirmó el fiscal.
Anticorrupción sostiene que esto ocurrió en cuatro actuaciones: la remodelación de la mediana de la avenida de Villajoyosa (246.269 €), la de parte del pavimento de la Explanada (597.269 €), la de la plaza de la Montañeta (1.038.497 €) y la instalación de 140 contenedores soterrados (3.189.323 €). Iniciativas que se enmarcaban en la intención del Gobierno de favorecer la contratación en un momento de crisis y que con el proceder de los acusados «se vulneraron los principios de igualdad y transparencia» que debían regir estas contratas, precisó Briones.
LA CLAVE
El rastro de los metadatos. El rastro que dejó el ordenador del apoderado de una de las mercantiles en proyectos municipales sin licitar se localizó dos años después en el dispositivo de uno de los acusados.
Como principal prueba de cargo las acusaciones se apoyan en la presencia de los metadatos del apoderado de Becsa Juan Manuel Valdivieso, también acusado, en estos proyectos cuando aún no eran públicos. Un rastro que Lidón acabó atribuyendo al favor que le pidió en una ocasión a Valdivieso para que le dejara convertir en su ordenador un documento word en PDF, pero que las pruebas han desvelado que se trató en realidad de cinco conversiones en tres días diferentes y a horas tan intempestivas como las ocho de una tarde de enero en una caseta de obra. «Eso y que no haya rastro de los proyectos en word que supuestamente elaboró el técnico», apuntó el acusador público.
La letrada de la acusación popular recordó que estos proyectos se adjudicaron a Becsa no porque fueran los más baratos sino porque, con las mejoras que introducía, eran los mejores. «¿Por qué», se preguntó la abogada. «Muy sencillo. Valdivieso los redactaba con deficiencias que, sabedora de las mismas, Becsa ya presentaba corregidas con mejoras que puntuaban, algo que no podían hacer el resto de los aspirantes porque lo desconocían». Perpiñá recordó también las «buenas relaciones» entre todos los acusados y las conversaciones donde se escucha a Lidón velando más por los intereses de CCMS que por los del Ayuntamiento.
Ambas acusaciones han mantenido la petición de cuatro años de cárcel, además de inhabilitación, para Lidón, Llorens, Valdivieso y el representante de CCMS, Javier Álvarez. La Fiscalía reclama además la responsabilidad civil o el decomiso del beneficio obtenido por estas contratas, que cifra en 394.997 €.
El hermano de Andrés Llorens y el caso de los contenedores soterrados
El hecho de que el hermano de Andrés Llorens trabajara en una de las empresas a las que Becsa compró buena parte de los contenedores soterrados y que incluso cobrara por el asesoramiento en su instalación de una de las adjudicatarias que ya ofrecía ese servicio ocupó buena parte de los informes de las acusaciones. Incidieron en las «artimañas» que se realizaron para ocultar la relación con el hermano del político del PP, que llevó hasta a utilizar a una empresa de cartelería como intermediaria para vender tres contenedores. Y aseguraron no entender cómo el edil aumentó la responsabilidad al técnico tras admitir que hubo falta de celo en su primera actuación en este proyecto y que recepcionara la segunda cuando la calidad de los equipos era inferior a la contratada.
