El juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación por el Ayuntamiento de Alicante de cuatro obras del plan E ha quedado este lunes visto para sentencia. Lo ha hecho en una sesión en la que los abogados de los acusados han coincidido en arremeter contra los fiscales anticorrupción, a los que achacan haber creado indefensión por los hechos introducidos en su escrito de calificación definitivo a raíz de la concreción que reclamó el ponente, y en calificar de «fábula» el relato de las dos acusaciones: la pública y la popular, que se está ejerciendo en nombre de la exedil socialista Carmen Sánchez Brugal, con cuya denuncia dio origen a este proceso.
Ambas sostienen que el técnico municipal ya jubilado José Lidón se puso de acuerdo con los empresarios Juan Manuel Valdivieso y Javier Álvarez, de Becsa y CCMS respectivamente, dos adjudicatarias, para amañar las contratas de la remodelación de la avenida de la Villajoyosa, de la plaza de la Montañeta y de la Explanada, así como la instalación de 140 contenedores soterrados. Más de cinco millones en total. Algo para lo que habrían contado con la connivencia del responsable político de la concejalía de la que dependían las adjudicaciones, el vicealcalde Andrés Llorens, cuyo hermano, vinculado a la mercantil a la que se compraron parte de los contenedores, también habría sido beneficiado por esta operativa.
Un relato que niegan de plano todos los defensores, para quienes no ha quedado probada ninguna de estas afirmaciones y ven en el proceso un trasfondo político, lo que a juicio de Fernando Candela, letrado de Llorens, explicaría la presencia de su cliente en la causa. «No entendemos qué hace Llorens sentado en el banquillo. Durante seis años se investigó sin que nadie pensara que había hecho algo delictivo. Se pasó de un simple técnico al concejal porque tenía que haber un político en el caso».
Candela explicó que «el nombre Llorens únicamente ha salido en el juicio en relación a los contenedores y a su hermano» y agregó que «mi trabajo ha sido defender a un testigo (por el familiar del exedil) acreditando que cobró por el trabajo que realizó».
El letrado afirmó que «no abstenerse de votar no puede ser prevaricar» e incidió en que «se puede hablar de relaciones de familiaridad pero no hay escuchas, ni seguimientos ni investigación patrimonial que le incrimine. ¿Qué prueba hay de que Llorens pudiera saber que se habría redactado un proyecto clandestino en Becsa?», preguntó el abogado.
En la misma línea se manifestaron las defensas del técnico y de los dos empresarios. La de Valdivieso destacó que no se encontrara en su ordenador el documento word del que se obtuvo el PDF de un proyecto en el que aparecían sus metatados, uno de las pruebas de cargo de las acusaciones. «Será porque jamás se hizo en ese ordenador ningún proyecto», dijo antes de afirmar que estos documentos «no son secretos». Insistió también el letrado en la inexistencia de perjuicio para la Administración. «Podría estar viciada la adjudicación pero el trabajo que se pagó se hizo», argumentó.
De Álvarez destacó su defensa que «no está acreditado que tuviera conocimiento previo de los proyectos». Y de Lidón apuntó la suya que «no era el director de las obras ni quien las valoraba, que hacía lo que le ordenaban y que se le ha sometido a un proceso inquisitorial cuando lo que se ha intentado aquí es atacar a un político desde la oposición», resumió.
Los cuatro se enfrentan a una petición de cuatro de prisión por prevaricación y fraude.
El exvicealcalde: «Estoy tranquilo porque confío en que la Justicia me va a absolver»
«Estoy igual de tranquilo que cuando comenzó el juicio porque confío plenamente en la Justicia y estoy seguro de que me va a absolver». Así se manifestaba el exvicealcalde Andrés Llorens al término de un proceso en que lleva implicado desde 2016. «Han pasado muchos años. Demasiados. Creo que ya iba siendo hora de que se resolviera porque solo por eso es ya una injusticia». Quien fuera hombre fuerte en los mandatos de Sonia Castedo agrego que en este tiempo «mi familia y yo lo hemos pasado muy mal y espero que se pueda resolver en la Audiencia Provincial». ¿Sigue creyendo en los técnicos? «Si, por supuesto... mientras no se demuestre lo contrario».
