El fiscal Anticorrupción ha mantenido la petición de doce años de inhabilitación para cargo público al exdirector de Suma, Manuel Bonilla, al considerar probado que troceó contratos para eludir el procedimiento administrativo que obligaba a sacar esos trabajos a concurso. El Ministerio Público acusa a Bonilla de un delito continuado de prevaricación en un juicio que este miércoles ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Una valoración de la prueba diametralmente opuesta a la de la defensa, que ha subrayado que ni un solo testigo ha relatado irregularidad alguna en estos contratos y que todos ellos contaron con todas las bendiciones de los técnicos.
Manuel Bonilla fue destituido en 2019 tras cuatro años en el cargo de la dirección de Suma por el actual presidente de la Diputación, Carlos Mazón, a raíz de su imputación por el presunto fraccionamiento de contratos. A pesar de que durante el primer día de juicio el fiscal Felipe Briones deslizó en su interrogatorio que la denuncia anónima que puso en marcha este proceso pudo haberse urdido en la propia Diputación para forzar la marcha de Bonilla, nada sobre esta cuestión ha vuelto a salir en la jornada final del juicio. Ni el fiscal volvió a incidir en estos extremos y tampoco la defensa, el letrado Manuel Perales, que se centró en la legalidad de todos los contratos.
Antes de los informes de conclusiones finales de las partes, testificaron otros cuatro altos funcionarios de Suma que participaron en la elaboración de los contratos y que señalaron que no se apreció irregularidad alguna.
Objeto único
La Fiscalía acusa a Bonilla por seis contratos menores firmados entre los años 2016 y 2018 y adjudicados a dos mercantiles. La primera, dedicada al asesoramiento y consultoría en materia de recursos humanos; y la segunda, para producción, gestión y promoción publicitaria de contenidos para comunicación tanto on line como off line. El Ministerio Público sostiene que las irregularidades existieron y que Bonilla era perfecto conocedor de ellas, puesto que era la persona que había tras las contrataciones. Entiende el fiscal que en realidad se trató del mismo contrato a estas dos mercantiles que se fue renovando de año en año.
«El acusado sabía que con esos contratos no se cubría lo que se pretendía»
"El acusado era quien tenía la imagen completa de los trabajos que se debían hacer con estos contratos y sabía que no se podían llevar a cabo en un año y por menos de 18.000 euros", aseguró el fiscal que insistió en que detrás de todos ellos existía un objeto único. En un caso, era llevar a cabo un organigrama de todo el personal de Suma para que el director conociera la realidad del organismo que iba a dirigir; mientras que en el segundo caso era la confección del marketing digital del organismo autónomo de gestión tributaria.
El fiscal señaló que el objetivo último era no sacar a licitación estos trabajos, vulnerando los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación que deben de regir los sistemas de contratación pública. "Bonilla llegaba de la empresa privada y siguió comportándose como si siguiera allí, obviando que existe un procedimiento para las contrataciones públicas", señaló e insistiendo en la necesidad de tener las necesidades previstas con antelación. "El contrato menor es para afrontar gastos imprevistos", subrayó Briones.
"Pasar todos los filtros"
Por su parte desde la defensa insistió en que no existe ni un solo indicio de que existiera fraccionamiento de contratos. "Ningún funcionario ha dicho nada que diga que estos contratos son aparentemente fraudulentos", ha señalado Perales quien reiteró que todas las contrataciones bajo sospecha son "distintas, autónomas e independientes entre sí". Según aseveró, las personas que debían ejercer el control dijeron que los contratos pasaron todos los filtros.
«El propio Bonilla introdujo una herramienta para detectar fraccionamientos»
En esta línea insistió en que el propio Bonilla instauró una herramienta informática para llevar un control exhaustivo de las contrataciones y precisamente evitar estos fraccionamientos. "¿Es delito que se contrate a personas con buenas referencias?, ¿y que se se les contrate un año después cuando surge otra necesidad si han funcionado bien?", se preguntó. "Hay que tener mucha imaginación para deducir que tras estos contratos había un fraccionamiento", dijo. Al final del informe, Bonilla declinó hacer uso de su derecho de última palabra. El caso ha quedado visto para sentencia.
