El Gobierno deja en el aire a partir de 2028 la continuidad de los trenes de cercanías y media distancia tal y como están concebidos ahora mismo. Así se desprende de la Estrategia de Movilidad 2030 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que apuesta más por la carretera para las comunicaciones en transporte público fuera de las grandes aglomeraciones urbanas y endurece las condiciones para que estos servicios se presten por ferrocarril como sucede ahora.
Las actuales líneas de cercanías y media distancia están garantizadas hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando caducan, salvo que se prorroguen, por un máximo de cinco años más, las Obligaciones de Servicio Público (OSP) vigentes, aprobadas en Consejo de Ministros en diciembre de 2017. Esta denominación incluye todos los servicios que no tienen un carácter eminentemente comercial, es decir, que están planteados fundamentalmente para permitir la movilidad de los usuarios, por encima de su rentabilidad económica. En la provincia de Alicante, las conexiones amparadas por esa característica son las cercanías de Alicante a Murcia y San Vicente del Raspeig, así como las de media distancia de Alicante a Villena y su prolongación a València, de València a Alcoy y de Alicante a Albacete y Ciudad Real.
La Estrategia de Movilidad reconoce el "papel esencial en la movilidad cotidiana" que juegan estos servicios, especialmente los de cercanías, utilizados en 2019 por 317,8 millones de pasajeros en toda España. Por su parte, los de media distancia transportaron a 14,8 millones de personas a lo largo de todo el año. Sin embargo, el documento señala que el Ministerio recibe "numerosas peticiones de los territorios para ampliar la oferta de servicios OSP, que habrán de ser adecuadamente revisadas y evaluadas a partir de los principios y valores de la Estrategia de Movilidad, aplicando criterios de homogeneidad y coordinación, y de intermodalidad/multimodalidad".
En este sentido, la Estrategia incide en que el establecimiento de OSP estatales "debe responder a los principios de proporcionalidad de la intervención pública en el mercado, eficiencia en el sistema de transportes, eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público, intervención temporal en el mercado y de cooperación y corresponsabilidad entre administraciones públicas, así como a principios generales como los de transparencia, objetividad y no discriminación, de rendición de cuentas y responsabilidad". En la práctica, esto quiere decir que se endurecerán de manera notable las condiciones para declarar nuevas OSP cuando caduquen las actuales.
Así, el documento del Ministerio señala que las solicitudes de OSP deberán justificar su rentabilidad social y que con los servicios propuestos se atendería a un volumen importante de población, y que esos objetivos de movilidad "no pueden alcanzarse de manera más eficiente por otros modos de transporte", así como un estudio de demanda, una "estimación del porcentaje de usuarios que abandonarían el coche privado y de la captación de viajeros de otros modos de transporte" y el coste estimado de la compensación que debería aportar la administración. Las propuestas deberán venir de las comunidades autónomas o, en todo caso, con el visto bueno de estos gobiernos, si las formulan entidades locales.
Media distancia en el punto de mira
Este endurecimiento de las condiciones puede ser determinante para el futuro de estos servicios, especialmente para los de media distancia, donde el volumen absoluto de viajeros es más discreto y puede resultar más difícil justificar su continuidad. Además, el hecho de aludir de forma explícita a la necesidad de argumentar que la demanda de movilidad no se cubre de manera más eficiente a través de otros modos de transporte deja entrever que, en caso de existir una alternativa para prestar estos mismos servicios en autobús, se daría preferencia a esta opción.
Ante esto, la continuidad de algunas líneas actuales puede peligrar, sobre todo las que mueven menos pasajeros como la de Alicante a Villena y la de València a Alcoy. Las cifras disponibles hablan de 132.900 viajeros en esta última relación y de 501.900 en todo el corredor València-Alicante-Murcia en 2019, datos que en 2020 se redujeron respectivamente a 49.600 y 247.800, sin contar el mes de diciembre, en buena medida debido a la pandemia. La crisis sanitaria influyó sobre la movilidad, en parte por las reticencias generadas por la situación al uso de transporte público, y en parte también por los recortes de servicios.
Dos años después de comenzar la pandemia, cabe recordar, ni entre Alicante y Villena ni entre Alcoy y València se han restablecido todos los servicios existentes hasta marzo de 2020. Una circunstancia que, como una pescadilla que se muerde la cola, contribuye a que no mejore la cifra de usuarios, argumento con el que se justifica el mantenimiento de los recortes. A eso se añade, en el caso específico de la línea de Alcoy a Xàtiva, el mal estado de la infraestructura, con unas obras de mejora que avanzan muy poco a poco y para cuya actuación más importante, la renovación integral de vía, no hay todavía una fecha concreta. Son malos factores, en un panorama en el que parece que la administración tiende a decantarse más por el autobús para atender las necesidades de movilidad fuera de las grandes áreas metropolitanas.
