Enésima derivada de la polémica surgida por el supuesto caso de nepotismo en la Policía Local de Alicante. Apenas unas horas después de que el alcalde de Alicante, enmendando la plana a su concejal de Seguridad, haya anunciado que se plantea suspender cautelarmente las oposiciones a la Policía Local bajo sospecha, el sindicato de la policía (SPPLB) ha exigido públicamente, a través de un comunicado, que el proceso siga "legalmente su curso" al no estar "cuestionado por el momento por ningún juzgado de lo contencioso administrativo".
Además, el sindicato ha anunciado que va poner a disposición de sus afiliados los servicios jurídicos para que "realicen de forma inmediata las acciones legales que procedan, en relación con este proceso y cualquier injuria o calumnia que se vierta".
Por último, el SPPLB subraya que no va a "consentir que se manche de forma generalizada y sin pruebas el buen nombre del Cuerpo de la Policía Local por algunos partidos políticos, amparándose en un anonimato, sin aportar pruebas evidentes, para atacar también a los opositores de buena fe, alegando tener algún tipo de relación familiar no prohibida por la ley, haciendo expresa reserva de acciones legales contra sus autores".
Este comunicado se ha hecho público unas horas después de que el alcalde, Luis Barcala, haya abierto ahora la puerta a la suspensión cautelar del proceso selectivo, que ya está siendo investigado por la Agencia Antifraude por supuestas irregularidades. Fuentes jurídicas consultadas consideran remota la posibilidad de paralizar la oposición sin exponerse a una avalancha de recursos por parte de los opositores con plaza.
El regidor, según ha informado en un comunicado, "sopesa la suspensión cautelar de las recientes oposiciones a la Policía Local", para lo que ha solicitado este miércoles un informe jurídico que pueda avalar esta decisión a la secretaría general del Ayuntamiento. El alcalde, según el citado comunicado, también ha pedido que se le informe sobre “las opciones y condiciones legales para adoptar la decisión de anular y ordenar la repetición de una o varias de las pruebas ya celebradas”, aunque añadiendo que "en el caso de que se confirme alguna posible irregularidad en el citado proceso de oferta pública de empleo".
Del mismo modo, según prosigue el comunicado, Barcala "requiere el dictamen jurídico sobre el órgano competente para la adopción" de las decisiones planteadas. “He dejado muy clara desde el principio mi voluntad de máxima transparencia sobre este procedimiento y en esta línea se enmarca la petición a la secretaría general de este informe jurídico sobre la suspensión cautelar y la posible repetición de alguna de las pruebas”, ha manifestado el alcalde en un comunicado. Barcala, al respecto, aún no ha aceptado preguntas de los medios de comunicación.
