El intento del alcalde de Alicante, Luis Barcala, de subir el sueldo a los funcionarios municipales, en cumplimiento de una promesa electoral de 2019, está en el aire. La Subdelegación del Gobierno ha dado un plazo de un mes al Ayuntamiento para que anule el acuerdo incluido en la aprobación de los Presupuestos municipales de 2022, que incluía una partida de 205.836 euros para impulsar la carrera profesional por, supuestamente, incumplir la ley de los Presupuestos Generales del Estado por suponer un aumento salarial de los funcionarios superior al 2% permitido.
Según explican desde la Subdelegación del Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado de este año establecen que en 2022 "las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2% respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2021”. Sin embargo, según añaden, tras analizar la documentación requerida en "diversas "ocasiones al Ayuntamiento de Alicante relativa a la aprobación del citado acuerdo y su adecuación a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se concluyó "que la citada partida presupuestaria es contraria al artículo 19 de la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022 por contener un incremento retributivo superior al 2%".
De no aceptar el Ayuntamiento la anulación de esa partida para impulsar la carrera profesional, la Subdelegación subraya que podría impugnar el acuerdo a través de un Contencioso-Administrativo. Por tanto, es más que probable que el conflicto acabe en los juzgados.
De esta traba legal ya advirtió el interventor municipal en el informe relativo a las cuentas municipales para este año. En su escrito, el alto funcionario recordó que la "efectiva aplicación puede vulnerar lo establecido en los Presupuestos Generales de Estado por cuanto implica un incremento retributivo superior al establecido", según señaló Subdelegación en 2018, añadiendo: "En el presente ejercicio se produce una situación similar".
A principio de este año, tras reiteradas protestas de los funcionarios municipales por el incumplimiento de los compromisos electorales, la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Alicante dio por fin luz verde al reglamento para impulsar la Carrera Profesional. Lo hizo con el apoyo de los socios del bipartito y de Vox, la abstención del PSOE y Compromís y el voto en contra de Unidas Podemos. En cuanto a la parte social, la propuesta sumó el respaldo de todos los sindicatos, salvo de CC OO, que votó en contra.
Ese documento aprobado significada un pistoletazo de salida para la implantación de la Carrera Profesional, que supone en la práctica un aumento en el sueldo por cuestiones como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral, entre otras. Sin embargo, fuentes sindicales subrayaron que el acuerdo resulta dar pasos atrás respecto al pacto aprobado antes de elecciones de 2019 con el entonces ya alcalde, ya que se pasaba de un aumento previsto de hasta 900 euros mensuales en la nómina de los funcionarios de mayor rango y de casi 400 euros para los de un escalafón más bajo a un incremento que en un principio podría estar en los 100 euros de media al año, tras anunciarse unos 200.000 euros en el Presupuesto de este 2022.
Respuesta del bipartito
El gobierno municipal ha reiterado su “firme” voluntad de desarrollar la carrera profesional entre los funcionarios municipales y de defender “hasta las últimas consecuencias” el acuerdo para su implantación alcanzado con los sindicatos el pasado mes de diciembre. Frente a la decisión de la Subdelegación del Gobierno de emplazar al Ayuntamiento la puesta en marcha de este sistema de promoción y mejora de las condiciones de los funcionarios, el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, ha replicado que el equipo de gobierno "no comparte en absoluto el criterio esgrimido por la Subdelegación del Gobierno para impedir la implantación de la carrera profesional, ni varía en su voluntad de desarrollarla tal y como se acordó el pasado mes de diciembre con los sindicatos”.
Según el edil, el bipartito “no sólo no se va a anular la correspondiente partida presupuestaria de 205.386 euros habilitada por primera vez en los presupuestos municipales, sino que va a continuar con la hoja de ruta marcada para iniciar la implantación de la carrera profesional y su abono”. El concejal de Recursos Humanos ha avisado de que, si la Subdelegación persiste en su postura de impedir la implantación de la carrera profesional, el Ayuntamiento recurrirá a los tribunales y defenderá su postura "hasta las últimas consecuencias". “Entendemos que lo resuelto por la Subdelegación del Gobierno no se ajusta a Derecho, ni a la más reciente jurisprudencia y, si es necesario, serán los tribunales quienes resuelvan en última instancia”, ha agregado.
Sindicatos del Ayuntamiento de Alicante prevén mantener una reunión con la subdelegada este miércoles.
