Gabriela Bravo: "En Justicia pagamos, pero no decidimos"

Tenía previsto comenzar preguntándole por sus relaciones con Mónica Oltra pero los acontecimientos se han precipitado y tengo que hacerlo por su sucesora. Aunque aún es pronto, ¿ha notado cambios con la llegada de Aitana Mas?

La nueva vicepresidenta es una persona abierta que escucha a todo el mundo, que ha llegado con mucha ilusión y fuerza y estoy segura de que va a aportar mucho al Consell.

¿Esas cualidades no las tenía su predecesora?

No son momentos de comparaciones. Mónica Oltra hizo un buen trabajo, ha liderado una parte importante de las políticas sociales que se han impulsado estas dos legislaturas y merece todo el respeto, pero ahora se ha abierto una nueva etapa.

Ahora, con perspectiva, ¿a qué atribuye su falta de sintonía con la exvicepresidenta?

No creo que hubiera falta de sintonía, ambas nos respetamos. Si bien en algunas cuestiones teníamos posicionamientos diferentes, lo que también ocurre en un gobierno monocolor, pero en ningún momento se convirtió en enemistad u hostilidad. Nuestra relación en el Consell era absolutamente normal. 

Normal, normal...

A mis amigos los tengo en otro ámbito. Con las personas con las que trabajo procuro ser correcta, respetuosa y leal. Y creo que lo he sido.

Aun así, ¿cree que esa disparidad de criterios ha lastrado o ralentizado algún proyecto?

En absoluto, las miradas diferentes enriquecen las proyectos políticos. Al final de lo que se trata es de aportar.

"La nueva vicepresidenta es una persona abierta y estoy segura de que va a aportar mucho al Consell"

A cuenta de la situación de Oltra antes de su dimisión usted dijo que no le parecía correcto que haya que esperar a sentencias condenatorias para dar ese paso y hacía hincapié en la importancia de desligar la responsabilidad penal de la política. ¿Eso es aplicable en todos los casos?

Lo que dije fue que ante una situación tan compleja que pudiera poner en cuestión la credibilidad de la institución a la que represento, yo me plantearía irme. Los tiempos políticos y los judiciales no convergen. Lo he defendido siempre. ¿Que eso significa asumir responsabilidades penales? En absoluto. ¿Que es duro? Pues claro. Pero la institución está por encima. En el PSPV se han dado claros ejemplos de situar unas líneas rojas en una fase bastante temprana. Tal fue el caso del presidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez o del alcalde de Alicante Gabriel Echávarri. Ambos dimitieron en esa fase porque se estaba comprometiendo a la institución.

¿La exvicepresidenta se tenía que haber ido antes?

Es una decisión muy personal, pero el hecho de haberse marchado antes incluso de declarar ante el juez demuestra una gran responsabilidad y generosidad mientras cargos púbicos del PP imputados siguen al frente de sus responsabilidades políticas.

Usted ha sido una de las supervivientes de la última remodelación del Consell además de estar considerada una de las piezas claves del Consell, ¿lo percibe así?

Soy parte de un equipo en el que todas las piezas tienen que encajar para que se vea un proyecto de Gobierno único y solido y todas son igual de importantes.  

Las que han salido, algo menos.

Es el president quien ha valorado cuáles son las personas más adecuadas para el pulso político que requiere el final de la legislatura. Han salido del Gobierno compañeros y compañeras que han hecho una labor magnífica. Yo solo puedo decir que estoy más ilusionada que el primer día. Estamos en la fase final de ejecución de los proyectos impulsados durante estos siete años. Y eso da mucha fuerza. 

¿Se ha planteado en estos años que lleva dedicada a la vida pública afiliarse al PSPV?

No me lo he planteado porque estoy en servicios especiales y esa condición me impide estar afiliada a un partido político. Esta faceta de mi vida es apasionante, pero también soy una fiscal vocacional que mantiene su horizonte en su profesión.

¿Ha notado algún tipo de rechazo o censura por parte de dirigentes socialistas por su condición de independiente?

No he tenido esa percepción porque me siento muy próxima a la política del Partido Socialista y, por supuesto, orgullosa de formar parte de este proyecto político liderado por el president Ximo Puig desde hace siete años. Y voy a seguir trabajando para que sean muchos más y podamos continuar consolidando políticas de progreso para mejorar la vida de todas las personas que viven en esta Comunidad.

"Yo solo puse una condición al president cuando en 2015 me ofreció formar parte del Consell: disponer de presupuesto suficiente para sacar a la Justicia de la UCI en la que se encontraba"

¿Qué le impulsa a seguir en la política aún con las ganas de retomar su profesión?

La ilusión de concluir los proyectos para transformar la Justicia. Yo solo puse una condición al president cuando en 2015 me ofreció formar parte del Consell: disponer de presupuesto suficiente para sacar a la Justicia de la UCI en la que se encontraba. Y el president se comprometió. Por eso ha sido posible incrementar el número de juzgados, un plan de infraestructuras con un presupuesto superior a los 270 millones, la transformación digital con una inversión de más de 40 y la red de recursos para la protección y atención de las víctimas. No hay duda de que la Justicia ocupa un papel relevante en la agenda política. Si eso no hubiera sido así habría vuelto a mi trabajo de fiscal.

Como miembro de la carrera judicial y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ¿cree que deberían dimitir todos sus miembros para forzar la renovación de este órgano?

La responsabilidad directa en el bloqueo de la renovación del CGPJ la tiene el PP aunque ahora, después de tres años, cada uno tiene que asumir la suya. Pero es evidente que el PP ha impuesto al Gobierno legítimamente constituido una reforma legal como condición para cumplir un mandato constitucional. ¡Es inconcebible! 

¿Qué habría hecho usted?

Yo hubiera dimitido. El presidente Lesmes tenía que haber presentado la dimisión junto al resto de los vocales. O haberlo planteado para forzar a quien está incumpliendo ese mandado constitucional a llegar a un acuerdo. Porque el daño que se está haciendo es tal que va a ser muy difícil que el CGPJ recupere la fortaleza cuando es una institución determinante para la garantía de la independencia del Poder Judicial y el buen funcionamiento de la Justicia. 

"El presidente Lesmes tenía que haber presentado la dimisión junto al resto de los vocales para forzar a quien está incumpliendo el mandado constitucional de llegar a un acuerdo"

¿Qué opinión le merece la propuesta del Gobierno para poder acometer las renovaciones en el Constitucional? 

Es una chapuza, porque estamos ante una contrarreforma de la reforma inicial. Es cierto que el PP ha abocado al legislativo a adoptar medidas extraordinarias, como la limitación de las funciones en materia de nombramientos para evitar que un CGPJ caducado renovara las máximas instancias judiciales. Sin embargo, llegados a este punto, antes de impulsar esta contrarreforma exprés para lograr la renovación del Constitucional, los dos principales partidos tenían que haber sido capaces de entenderse y evitar el espectáculo lamentable que ha supuesto el cruce de acusaciones que evidencia la incapacidad de dialogar para alcanzar acuerdos en los asuntos de Estado.

El magistrado de Alicante Manel Martínez Aroca, en una entrevista en este medio, ha acusado a la Fiscalía de moverse por intereses políticos en un asunto de corrupción como es el caso Brugal.

Me parecen unas declaraciones muy graves que deberían tener un reproche, máxime cuando las realiza un magistrado que ha sido ponente de una de las sentencias de ese macroproceso. Y es más grave porque, si eso hubiera sido cierto, su obligación era haberlo denunciado, pero no a través de una medio de comunicación sino por las vías legales.

Entendió que la fiscal Superior de la Comunidad, Teresa Gisbert, miembro de la UPF, no apoyara a su compañero de asociación Felipe Briones para la jefatura de la Fiscalía de Alicante?

 El informe de la fiscal superior, cuyo contenido desconozco, es un elemento más a tener en cuenta junto a la valoración de los currículos de los candidatos. El hecho de pertenecer a la misma asociación no debe ser determinante. Cualquier sistema de nombramientos ha de estar basado en los principios de igualdad, méritos y capacidad. Y ambos candidatos entonces, tanto Briones como Jorge Rabasa, son magníficos profesionales  

Acaba de dimitir la fiscal general que fue nombrada tras ocupar la cartera de Justicia. ¿Eso estuvo bien?

Es evidente que el hecho de que Dolores Delgado pasara de ser ministra de Justicia a fiscal general comprometía la apariencia de imparcialidad de una institución que siempre ha estado bajo sospecha por la vinculación histórica del Ministerio Publico con el Ejecutivo. De todos modos, tiene un currículo incuestionable y en el tiempo que ha desempeñado su cargo estoy segura de que ha actuado con plena autonomía.

El nuevo fiscal general, Álvaro García, también pertenece a la UPF. ¿Le conoce?

Es una persona muy querida en la carrera fiscal con una intachable trayectoria profesional y estoy convencida de que sabrá aportar dinamismo y prestigio a una institución poco conocida y reconocida por la sociedad.

¿Por qué poco reconocida?

Porque, quizá por influencia del cine, la ciudadanía identifica al fiscal con el acusador y su función es mucho más relevante no solo por el mandato constitucional de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, sino también por su función protectora en defensa de los intereses de los más vulnerables.

¿Qué percepción cree que tiene la ciudadanía de la Justicia?  

Una encuesta del CGPJ de 2021 reveló que el Poder Judicial es el más valorado de los tres poderes y que tres de cada cuatro encuestados aseguraba que los jueces españoles están bien preparados para el ejercicio de sus funciones. No obstante, ese mismo estudio puso de manifiesto que el 72% se quejaba de que la Justicia es demasiado lenta y el 79% piensa que no cuenta con los recursos necesarios para actuar con eficacia y rapidez.

"Pese a todos los esfuerzos realizados desde 2015 para mejorar y modernizar la Administración de Justicia en la Comunidad, los problemas de lentitud persisten"

¿Cuál es su diagnóstico?

No es más optimista. Pese a todos los esfuerzos realizados desde 2015 para mejorar y modernizar la Administración de Justicia en la Comunidad, con la mayor inversión de la historia en recursos personales, transformación digital, incremento de órganos judiciales, infraestructuras…. los problemas de lentitud persisten.

¿Dónde radica el problema entonces?

En que el sistema judicial español necesita una transformación profunda en su organización, despliegue territorial y procedimientos. Y esa reforma solo se puede llevar a cabo desde un gran Pacto de Estado de todas las fuerzas políticas que, desgraciadamente, no ha sido posible. Las leyes procesales que se están tramitando blanquean el modelo actual sin profundizar en los problemas. Y lo más grave es que sigue aparcado el cambio más importante, el del proceso penal que afecta al 65% de los asuntos que entran en los juzgados. Somos el único país de Europa que mantiene la figura del juez instructor. 

¿Esa sería parte de la solución?

El juez debe ser solo escudo, no espada. Escudo de los derechos fundamentales frente a eventuales abusos o vulneraciones y que sea el Ministerio Público quien asuma, sin complejos ni tutelas, la dirección de la investigación criminal, con plenas garantías de autonomía y con los suficientes medios para llevarla a cabo. Pero me temo que no hay la voluntad política suficiente para abordar esta cuestión como se merece.

¿Sus relaciones con el Ministerio de Justicia son fluidas?

Todo lo fluidas que han podido ser si tenemos en cuenta que desde el 2018 hasta hoy hemos trabajado con tres ministros diferentes. A pesar de que durante la pandemia el Gobierno hizo bandera de la “cogobernanza”, las comunidades en materia de Justicia siempre hemos tenido un papel secundario en la toma de decisiones porque la transferencia de competencias no quedó bien resuelta en las siete autonomías que las tenemos. O lo que es lo mismo: pagamos, pero no decidimos. Y eso se traduce en que, en nuestros territorios, el gasto en Justicia es mucho mayor que en la zona del ministerio pero su incidencia es limitada porque no actuamos sobre tres de las variables que más influyen en el funcionamiento de la Justicia: la creación de plazas de jueces y fiscales, la organización de la planta judicial y las leyes procesales. En este contexto la fluidez es complicada.

¿La decisión de la Justicia europea considerando que no se puede rechazar la euroorden contra Carles Puigdemont le complica el panorama político al Gobierno?

El Gobierno está trabajando para alcanzar una solución al problema de Cataluña en el marco de la Mesa de Diálogo, ese es el único camino posible. Ni la Justicia debe ser la vía para resolver los problemas políticos ni la política, invadir los espacios judiciales.

¿Cuál cree que ha de ser el papel de la Justicia ante tragedias como la última de la inmigración en Melilla?

No debe ser diferente al de cualquier otra circunstancia en la que los derechos fundamentales de las personas están siendo vulnerados de una manera tan flagrante y vergonzosa como aquella. Sentí una profunda indignación ante una imágenes que evidencian que, lamentablemente, la gestión de la política migratoria en la frontera sur de la Unión Europa aún se aborda como una amenaza y con la seguridad como único factor. Y se olvida que estamos hablando de personas cuyos derechos y libertades merecen idéntica protección.

Decisiones como la del Supremo de EE UU sobre el aborto alertan acerca de la marcha atrás de derechos que creíamos consolidados. ¿Qué se puede hacer para evitar retrocesos de este calado?

Hace un par de semanas el expresidente Zapatero decía que cada derecho que se aprueba abre la puerta a nuevos derechos pero, por desgracia, estamos comprobando como ese camino puede ser andado a la inversa poniendo en peligro la salud y la integridad física de muchas mujeres y, sobre todo, niñas cuando se vean obligadas a prácticas abortivas clandestinas y en condiciones de insalubridad, arriesgando su vida además a asumir la respuesta punitiva del Estado. Ante este panorama, no debemos dar un paso atrás en la conquista de los derechos y las libertades y, a través de la buena política, levantar muros infranqueables frente a fanatismos, populismos y totalitarismos que amenazan nuestros derechos así como la convivencia y la paz social.

Los operadores jurídicos valoran fundamentalmente de su gestión dos logros que se les habían resistido a sus antecesores: la remuneración del turno de oficio y la Ciudad de la Justicia de Alicante. ¿Cuál era el truco para que los letrados cobraran como es debido?

No es cuestión de trucos, sino de acabar con el maltrato al turno de oficio propiciado por el Consell del PP, pues no solo rebajaron los baremos a cifras indecentes sino que dejaron de abonar las retribuciones. En el 2015 los abogados del turno llevaban un año sin cobrar. Situar a la justicia gratuita en la agenda política como servicio publico que garantiza a toda la ciudadanía el acceso a esta Administración en igualdad de condiciones fue una prioridad de primer nivel para este Gobierno. Y dignificar la función de los abogados del turno de oficio, nuestro primer objetivo. El resultado fue la aprobación de un nuevo decreto de justicia gratuita con una apuesta clara por la ampliación de los servicios de orientación jurídica, revisión de los baremos, ampliación de las actuaciones a retribuir y la consideración de pago prioritario para evitar retrasos en el futuro, como la apuesta de la formación especializada de los profesionales. En siete años hemos pasado de una inversión de 20 millones a una dotación presupuestaria de 50.

"Cuando llegamos al Gobierno los abogados del turno de oficio no solo llevaban un año sin cobrar sino que se habían rebajado los baremos hasta el punto de que era indigno lo que percibían"

Que la Ciudad de la Justicia de Alicante, que con sus 86 millones de presupuesto es la mayor inversión en una sede judicial de las dos últimas décadas en la Comunidad, casi se pueda tocar con las manos es un logro que nadie cuestiona, aunque no se entiende que las instalaciones no tengan capacidad para albergar también la Audiencia.

El problema que tenemos es que no hay espacio suficiente para ubicar el edificio de la Audiencia. Una vez que concluya la obra, que esperamos adjudicar a finales de septiembre, estudiaremos otras opciones posibles, si fuera necesario, como la antigua cárcel de Benalúa.

¿Podría trasladarse allí?

No lo sé. Pero seguimos disponiendo de la antigua cárcel, a la que no voy a renunciar.

¿Se puede pretender acabar con el papel en la Justicia si ni tan siquiera se ha logrado que sean compatibles los sistemas informáticos de la conselleria y el ministerio?

En estos momentos estamos preparando por fin la implantación del expediente digital que arrancará a finales de septiembre. Una vez concluido se incorporarán las aplicaciones necesarias para garantizar la interoperatividad no solo con el ministerio, sino también con el resto de las comunidades autónomas . Estamos trabajando en un proceso de transformación digital que se inició en 2018 con una inversión de 40 millones de la que ya hemos invertido la mitad, lo que evitó que la Justicia se parase tras el decreto del estado de alarma por la pandemia. Fuimos la comunidad mejor dotada tecnológicamente y la que mayor numero de juicios telemáticos celebró. 

Gabriela Bravo en varios momentos de la entrevista. Fernando Bustamante

Nadie cuestiona su preocupación por los malos tratos pero de las tres provincias, Alicante es la única que aún no dispone en sede judicial de una oficina de denuncias especializada en Violencia de Género.

La apertura está prevista para finales de octubre. Se ha retrasado por las dificultades que supone abordar una obra en el Palacio de Justicia de Benalúa. Pero a partir de ahí la provincia va a contar con un espacio seguro en el que profesionales especializados (policías, psicólogos, trabajadores sociales… ) van a dar una respuesta integral a la víctima de violencia, una especie de ventanilla única a partir del momento en que se atreva a dar el paso de entrar.

¿Se ha notado un incremento de las denuncias a raíz de entrar en funcionamiento las oficinas de València y Castellón?

Tenemos datos que avalan que las víctimas que han pasado por la oficina de denuncias llegan hasta el final del procedimiento. Y eso ocurre porque en el momento que entran en esa dependencia, se sienten apoyadas y acompañadas durante todo el procedimiento, lo que es vital para poder afrontar todo el calvario que supone para ellas el proceso judicial. Esa mujer ya no se siente sola. Y la ayudan a gestionar todos los recursos necesarios para iniciar un nuevo proyecto de vida fuera del ámbito del que procede. Con este proyecto y todo los recursos de apoyo a los juzgados estamos convirtiendo a la Comunidad en un referente en la lucha contra esta violencia. 

Pero está bloqueada la exclusividad del juzgado de lo Penal de malos tratos en la provincia hasta que se cree un segundo departamento para juzgar estos asuntos. El año pasado lo rechazó el ministerio. ¿Correrá este año mejor suerte la petición?

Presentamos al ministerio un plan de agrupación de partidos judiciales porque en la lucha contra la Violencia de Género es fundamental que tanto jueces como fiscales atiendan esta materia de forma exclusiva. Un plan que pasa necesariamente por el incremento de juzgados. Actualmente hay 16 en toda la Comunidad y para que se pueda cumplir nuestro proyecto tenemos que llegar a 28.  Este año hemos solicitado 14, entre ellos cinco exclusivos de Violencia y el Penal del Alicante, pero el numero de juzgados que el ministerio va a crear será inferior. 

Entiendo que el ministerio lo decide unilateralmente.

Efectivamente. Para este año el ministerio anunció 70 nuevas unidades judiciales sin consultar previamente a las comunidades. En la última reunión sectorial sugerí la conveniencia de contar con las autonomías porque la "cogobernanza" exige escucha y que estos territorios tengamos voz. Yo dispongo de dotación económica para crear 14 nuevos juzgados porque hacen falta y la mayor inversión la hacemos las comunidades. El ministerio solo aporta el juez y el letrado de la Administración de Justicia. Nada más. 

"La decisión de limitar a 70 los juzgados a crear en todo el país ha truncado las expectativas que teníamos, entre ellas un juzgado de lo Penal exclusivo para Violencia de Género en Alicante"

¿Se convocó esa reunión?

No. El ministerio decide cuántos órganos judiciales crea cada año sin escuchar a nadie cuando las comunidades tenemos la responsabilidad de la gestión de todos los recursos y conocemos la situación de los partidos judiciales. La decisión de limitar a 70 los juzgados a crear en todo el país ha truncado las expectativas que teníamos, entre ellas ese juzgado de lo Penal exclusivo para Violencia de Género en Alicante que es fundamental y para el que teníamos presupuesto. Pero lo vamos a seguir exigiendo.

Otros de los objetivos que se ha marcado en su hoja de ruta es la abolición de la prostitución. ¿En qué punto se encuentra?

Hemos presentado las diez acciones que vamos a poner en marcha para abolir la prostitución en la Comunidad, la única que está dando pasos firmes en este sentido. Entre ellas se está tramitando la reforma de la Ley de Espectáculos en la que se contemplan sanciones al demandante de prostitución y al proxeneta aunque no concurra violencia o intimidación, es decir, por el hecho de aprovecharse de la explotación sexual de la mujer. Y también a los titulares de los establecimientos donde se ejerce, así como la publicidad. Sanciones que van desde 600 a 30.000 euros.

¿Cuándo espera que se puedan aplicar?

Cuando las Cortes aprueben la reforma de esta ley, en el primer trimestre del 2023. También hemos iniciado la modificación de la Ley de Carreteras para sancionar el proxenetismo en las vías autonómicas. Y hemos elaborado una ordenanza abolicionista que hemos presentado a todos los alcaldes y alcaldesas y que me consta que se está debatiendo en el 85% de los ayuntamientos. Una normativa que incluye un plan integral de apoyo económico y social a las mujeres víctimas de prostitución. 

¿Cómo de integral?

Es fundamental actuar en tres frentes: en el educativo con campañas de sensibilización. Porque la banalización por parte de la sociedad es uno de los motivos por los que no se ha abordado esta forma de esclavitud de la que muchas veces ni las propias mujeres son conscientes. En el cambio normativo y en el apoyo a las víctimas. Si queremos abolir la prostitución pero no ponemos en marcha medidas para apoyar a estas mujeres a construir su proyecto de vida, el plan sería un fracaso. Por eso hablo de plan integral. 

Para usted tiene la misma consideración que la Violencia de Género.

Por supuesto. La prostitución es una forma de violencia sexual y, por lo tanto, las víctimas deben tener la misma consideración porque la prostitución existe por la situación de discriminación en la que históricamente se ha encontrado la mujer respecto al hombre que cree que pagando tiene derecho a acceder su cuerpo. Eso explica que el 99% de las víctimas de prostitución son mujeres y niñas y el 98% de los demandantes, hombres.

Hay quien, en relación a este tema, defiende la libertad de elegir el modo para ganarse la vida.

Esas mujeres no están ahí en base a una elección libre sino condicionadas por otros factores, como la trata, la violencia, la pobreza, la imposibilidad de poder acceder al mercado laboral… son factores que las han abocado a esa situación, luego no podemos hablar de una actividad laboral porque no hay consentimiento libre.Cuando hablamos de prostitución lo que está en juego son los derechos y la dignidad de las mujeres. Por ello es imprescindible una ley abolicionista integral de ámbito estatal similar al sistema implantado en otros países como Suecia o Francia. 

"Hay que sancionar al que está propiciado la prostitución porque no existiría si no hubiera hombres dispuestos a pagar por acceder al cuerpo de las mujeres. Los puteros no me merecen ningún tipo de consideración"

Odia el delito y compadece al delincuente. ¿Cree que se puede aplicar esa vieja máxima a los puteros?

Creo que hay que sancionar al que está propiciando la prostitución porque no existiría si no hubiera hombres dispuestos a pagar por acceder al cuerpo de las mujeres. Los puteros no me merecen ningún tipo de consideración ni de clemencia.

Según un estudio encargado por su conselleria a la Universidad Miguel Hernández, la aceptación social de la prostitución en Alicante casi duplica a la del resto de la Comunidad.

Los datos de Alicante son los más alarmantes de las tres provincias porque el 54% considera aceptable la prostitución y un 34% admite haber sido demandante, muy por encima de Valencia y Castellón. Por eso insisto en la necesidad de las campañas de sensibilización porque la prostitución nunca se ha entendido como una forma de violencia sexual. ¿Cuántas veces hemos visto las luces de neón en la carretera y no nos hemos parado a pensar si las mujeres y las niñas que están encerradas ahí lo están voluntariamente, si son víctimas de trata, si han sido engañadas o están siendo violentadas cuando esa es la realidad de la mayor parte de ellas? Han sido las víctimas invisibles porque nunca hemos mirado a ese lado. Y creo que es hora de decir que esto va de derechos, que la abolición de la prostitución es el camino para salvaguardar los derechos de las mujeres y su dignidad.

Función pública

Dentro de sus competencias en Función Pública se ha planteado reducir la temporalidad y hacer de la Administración un destino atractivo para atraer talento joven. ¿Cómo va a conseguirlo?

Somos conscientes de la necesidad de propiciar un cambio generacional en el empleo público porque en los próximos diez años se jubila la mitad de la plantilla. Por eso estamos trabajando en una campaña de información sobre de la oferta pública de empleo dirigida a los jóvenes en las universidades. Que el empleo público sea una opción de trabajo para quienes ahora se están formando. Y para ello es fundamental modificar el sistema de acceso. La preparación de una oposición para acceder a un puesto público de la Generatitat no resulta atractivo a los jóvenes porque el sistema predominante hasta el momento ha sido el concurso-oposición. Puedes sacar muy buena nota en el examen pero, si no tienes méritos, no tienes opción para acceder. 

¿Cómo se va a cambiar eso?

La Ley de Función Pública contempla la obligación de convocar como mínimo el 50% de plazas a través del turno libre, es decir sin la fase de concurso , esta es una medida muy importante para que los jóvenes tengan la opción de poder medir sus méritos en igualdad de condiciones dado que ellos no han tenido posibilidad de adquirir experiencia. Hemos publicado ya la primera convocatoria de oposición libre y la hemos presentado en las Universidades porque es donde nos interesa incentivar y captar talento. Al mismo tiempo estamos trabajando en un proyecto piloto de acceso a la Función Pública de cara a 2023 que potencie más las habilidades en la resolución de los problemas y la toma de decisiones que los contenidos puramente memorísticos, con dos fases , una teórica y otra práctica similar al MIR de Medicina, Nos interesa mucho porque la Administración es un motor clave en la ejecución de las políticas públicas. Lo hemos visto en la pandemia Si creemos en lo público y pensamos que las políticas sociales tienen que ser impulsadas desde lo público, necesitamos una Administración potente con músculo suficiente para afrontar los retos del siglo XXI. 

Potente y también estable, ¿no?

Estamos trabajando en el plan de estabilización y consolidación de las plantillas que pusimos en marcha hace dos años y que nos ha permitido convocar durante este periodo más de 4.500 plazas y ahora, en la nueva oferta extraordinaria, estaremos hablando finalmente de 8.500. El objetivo es que el nivel de interinidad esté entre el 8 y el 10%, el que consideramos el adecuado para trabajar

¿Qué nivel de valenciano se va a exigir?

En el requisito lingüístico hay acuerdo en la exigencia. Estamos en una comunidad bilingüe y una lengua no puede servir para confrontar, como pretende el PP, sino para unir. La única nota discordante es la forma de implantarlo. Seguimos dialogando, porque es el único modo de aproximar posiciones.Yo soy partidaria de que el nivel exigido tiene que garantizarlo el sistema educativo. No hay ninguna razón para desconfiar de la formación que imparte. Si nadie cuestiona cuando acabamos las distintas etapas educativas si sabemos hablar castellano, tampoco se debe hacer en el caso del valenciano. Y si hay algún problema, debe resolverse en el sistema educativo.

La Unidad Valenciana de Emergencias, otra de sus apuestas, choca con las reticencias de colectivos de bomberos que no han dudado calificarla de “chiringuito”. Teniendo en cuenta que. además de otros efectivos, la UME tiene un batallón en la Comunidad y que ha estado siempre que se le ha necesitado, ¿realmente es necesaria?

La Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) no supone la creación de ningún organismo diferente de los que ya tenemos porque la integran todos los recursos que forman parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias. Lo que hacemos es agrupar bajo una misma denominación todos los actores que forman parte de la emergencia. No supone ninguna invasión de competencias respecto a ningún otro colectivo. Solo se trata de agrupar en una unidad bajo una misma dirección para alcanzar una mayor coordinación.

¿Qué ha llevado a crearla?

La experiencia que hemos tenido esta legislatura, cuando hemos visto que las emergencias no se reducen solo a los incendios y las inundaciones. En cuatro años hemos actuado ante emergencias de distinta índole (danas, Gloria, la pandemia…) donde la coordinación de los recursos de la Generalitat ha sido fundamental. En esta legislatura hemos pasado de la emergencia a la multiemergencia, es uno de los problemas derivados del cambio climático… y eso nos obliga a estar mejor dotados, formados y organizados para actuar con más rapidez y eficacia ante cualquier catástrofe.