La desafortunada tragedia acontecida este fin de semana como consecuencia de un «reventón térmico» en el festival Medusa de Cullera ha puesto el foco sobre estos eventos. El de la música en directo es uno de los mercados que más ha crecido en el conjunto del país durante los últimos años.
En estos momentos, el sector vive un verano especialmente complicado tras dos años de parón obligado por la pandemia con cancelaciones por causas económicas o climatológicas, incidentes como el desalojo temporal de 5.000 personas este sábado en el Rabolagartija de Villena y polémicas como la originada por el autobús oficial del Arenal Sound en el que decenas de jóvenes sufrieron mareos y golpes de calor.
Después de las restricciones a consecuencia de la pandemia, el verano de 2022 estaba llamado a ser el de la recuperación económica para este sector, especialmente con las ganas del público de volver a disfrutar de los conciertos.
En lo que llevamos de año, las cifras de asistencia parecen reflejar que así está siendo -más de 25.000 personas diarias en el Low Festival de Benidorm según la organización- sin embargo, festivales como el Crazy Urban de Torrevieja se han cancelado recientemente por las inclemencias del tiempo mientras que otros como el Diversity de València lo hicieron sin dar demasiadas explicaciones y, por el momento, sin devolver el precio de las entradas: entre 70 y 1.200 euros.
Además, los asistentes a estos eventos, el personal y las distintas organizaciones se encuentran más distanciados que nunca. Los principales motivos: normas «abusivas» en los recintos y condiciones laborales «estancadas», que no se han adaptado a la situación económica actual.
Varias personas que han trabajado durante años en distintos festivales de la provincia de Alicante lamentan que los salarios no mejoran con el tiempo sino que se encuentran completamente estancados.
La elevada inflación que asola Europa no se ve reflejada en el sueldo de quienes atienden las barras o revisan las entradas y acreditaciones: «Nos pagan lo mismo que antes de la pandemia, entre 7 y 10 euros por hora, que normalmente son 7».
Además, por lo que respecta a los turnos, aseguran que en muchas ocasiones «podemos llegar a trabajar doce, trece o incluso catorce horas seguidas en una misma noche» que se cobran todas al mismo precio.
En cuanto al público, cada vez son más voces las que denuncian en las redes sociales los «abusos» de las empresas organizadoras y cargan contra prohibiciones como la de entrar comida o bebida del exterior: «Te obligan a consumir dentro del recinto, como si fuesen restaurantes cuando no lo son, y se aprovechan fijando unos precios desorbitados cuando ya has pagado como mínimo 50 euros por la entrada». Por lo que reclaman que «si los establecimientos de hostelería tienen la obligación de ofrecer agua del grifo gratis, debería ser lo mismo para los festivales».
LA EMPRESA QUE MONTÓ EL MEDUSA CONTRATÓ PERSONAL NO CUALIFICADO
Babalú Group, la mercantil encargada del montaje de los escenarios del festival Medusa de Cullera, reconoce que contrató personal no cualificado para trabajar en la organización. El evento fue cancelado este sábado después de que las fuertes rachas de viento volcasen uno de los escenarios y se cobrasen la vida de uno de los asistentes, además de causar decenas de heridos que asistían a uno de los conciertos.
El director general de la citada mercantil, Javier Montava, reconocía días antes de inaugurarse el festival, en declaraciones a TVE, que «hemos tenido que contratar a mucha más gente sin estar cualificada para poder dar servicio completo como estábamos haciendo antes». En la madrugada del viernes al sábado, vientos de hasta 65 km/h ocasionaron una fuerte tormenta de arena que terminó derribando.
Como consecuencia del incidente, un joven de unos 20 años perdió la vida y cerca de medio centenar de personas resultaron heridas, entre ellas una joven con fractura de columna. Una decena de lesionados fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de València en estado grave, y el resto fueron atendidos in situ. La organización del festival confirmó poco después en un comunicado la cancelación definitiva del evento.
A esta polémica que ya viene de lejos se suma ahora la de las pulseras de pago: un sistema con el que los asistentes deben «recargar» el saldo de sus pulseras a través de efectivo o tarjeta para poder comprar en el interior del recinto.
La «trampa» que denuncian los asistentes es que para recuperar el saldo sobrante se deben abonar entre 1,5 y 3 euros de "gastos de gestión": «Es una tomadura de pelo que nos cobren por recuperar nuestro propio dinero».
Las empresas, por el momento guardan silencio. Este diario ha tratado de contactar con diversas personas responsables de la organización de festivales en toda la Comunidad Valenciana que, debido a la delicada situación que atraviesa el sector tras el reciente suceso de Cullera, han optado por no realizar valoraciones sobre la situación que atraviesa el sector de la música en directo ni las polémicas condiciones denunciadas por público y trabajadores.
