La Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana, Recova, participará el próximo 17 de septiembre en una manifestación en Madrid para denunciar "que la precariedad y falta de dignidad en los cuidados a los residentes ha continuado y se ha acentuado este verano por la falta de personal".
También quieren exponer su malestar por el hecho de que la Generalitat no suprima las restricciones de su resolución de 30 de marzo de 2022 que aún pesan sobre las 327 residencias de la Comunidad Valenciana. "Nos están privando de poder atender y cuidar a nuestros familiares, y por falta de los mismos proliferan los ingresos hospitalarios, se aceleran los deterioros y de adelantan muertes de mayores". A nivel normativo, añaden desde la coordinadora, "también esperamos que nos concreten cuándo se presentará en las Cortes el Decreto de Tipologías para su aprobación de urgencia y cuál será el texto definitivo que llegará tras la fase de audiencia pública". Esperamos, añaden, "sean consecuentes con sus promesas electorales y se dé por fin la vuelta al modelo Blasco Cotino".
La entidad también tiene pendiente una reunión el próximo 13 de septiembre con la consellera de Igualdad, Aitana Más, "de la que esperamos obtener respuestas y mayor información".
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) calcula que en los centros de toda la provincia son necesarios 150 profesionales y 500 en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Además de enfermeros, los centros necesitan contratar a médicos. Aerte calcula que en la provincia son necesarios 60 y 200 en el conjunto de las tres provincias.
Ante la imposibilidad de poder cubrir estas necesidades de plantilla, la patronal ha solicitado a la Administración varias medidas que, a su juicio, pueden ayudar a paliar la falta de profesionales. La primera es que se pueda contratar a profesionales con la titulación pendiente de homologar. “Actualmente el tiempo para convalidar los títulos es de dos años. Es un plazo excesivo, por lo que solicitamos poder recurrir a los profesionales que hayan iniciado el proceso de homologación”, señala Miguel Ángel Toro, presidente de Aerte.
También reclaman las residencias poder trabajar con estudiantes de Enfermería de último año, “algo que ya se ha planteado en otras comunidades autónomas”.
