A sus 81 años, Juan Ramón Santiago Hernández ya ha sufrido dos infartos -tiene seis stents coronarios-, es diabético y la insólita situación que está viviendo es para que sufra otro ataque cardiaco. Este octogenario, que tiene reconocida una discapacidad del 86% y necesita una silla de ruedas para desplazarse, fue dado por muerto por la Administración el pasado 8 de septiembre y se ha dado cuenta esta semana, cuando intentó sacar los medicamentos que tiene prescritos por su diabetes y sus problemas cardiacos y no se los facilitaron en la farmacia.

Evidentemente ha sido un error cuyo origen desconoce el afectado y su familia, pero desde que Juan Ramón descubrió que figura oficialmente como fallecido ha intentado solucionar el problema y además de las medicinas que necesita teme que no vaya a cobrar esta próxima semana los 660 euros que recibe mensualmente de la pensión no contributiva (400) y de la ayuda de dependencia (260).

Juan Ramón se queja desde su domicilio en el barrio de La Florida en Alicante de la «falta de corazón» que ha encontrado porque ha llamado a muchas puertas y asegura que todos se ha desentendido: «Sanidad, la Seguridad Social, la Policía, Cruz Roja y el Ayuntamiento». Tras cinco días de intentar solventar el entuerto que le han causado, este pasado viernes fue atendido en la Seguridad Social, donde inicialmente le dijeron que sin cita previa no era posible, y en breve se prevé que Juan Ramón haya «resucitado» para la Administración.

Desde la Subdelegación del Gobierno explicaron a este diario que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en Alicante ha comprobado que esta persona había sido dada de baja en el sistema por algún organismo de la Administración andaluza, donde Juan Ramón afirma que estuvo residiendo hasta hace dos o tres meses.

Asimismo, desde el INSS se comprometieron a atender a Juan Ramón para que acudiera sin cita a la delegación con una fe de vida para incluirlo de nuevo en el sistema.

La pesadilla de Juan Ramón y su familia -vive con su mujer y una hija que está en el paro- comenzó el pasado lunes cuando su esposa acudió a la farmacia del barrio de La Florida donde van normalmente a recoger los medicamentos que tiene prescritos por sus problemas cardiacos. Aunque en un principio le facilitaron los medicamentos, el farmacéutico llamó a la mujer cuando ya estaba saliendo. Le pidió que le devolviera los medicamentos porque había algún problema con la tarjeta y no le salía la prescripción, por lo que debía pagarlos íntegramente si los quería.

Sorpresa en la farmacia

La mujer los devolvió y al día siguiente esta familia acudió al centro de salud del barrio para ver qué pasaba con la tarjeta sanitaria de Juan Ramón y casi se mueren del susto. Les dijeron que desde el pasado 8 de septiembre Juan Ramón figuraba oficialmente como fallecido y por tanto ya no tiene médico asignado y no se le pueden prescribir recetas para los medicamentos que recibe de forma gratuita este pensionista, entre ellos las inyecciones de insulina.

En Sanidad remitieron al afectado para que acudiera a la Seguridad Social y le indicaron que iban a mandar una carta para alertar del error. Acudieron a principios de semana a la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la calle Churruca y al centro de información del INSS en Doctor Ayela. De nada le sirvió a Juan Ramón y a su hija que dijeran que era una situación muy urgente porque le habían dado por muerto y no podía adquirir sus medicamentos. «Sin cita previa no se puede», le contestaron al mismo tiempo que les dieron una pequeña hoja con números de teléfono en los que tampoco pudieron obtener la cita hasta el pasado viernes. Acudieron al Registro Civil para obtener un certificado de fe de vida y luego la presentaron en el INSS, donde les dijeron que van a tramitar su inclusión de nuevo en el sistema.

Juan Ramón en su domicilio de Alicante. TONY SEVILLA

Antes de ser atendido el viernes, Juan Ramón acudió a la Comisaría Provincial, pero «ni caso tampoco, me dijeron que esos problemas no los llevaban ellos». Luego contactó con el Ayuntamiento de Alicante y la misma respuesta. Las llamadas continuaron con Cruz Roja para intentar que les facilitaran comida y afirma que no les atendieron. El pasado miércoles acudieron a una institución benéfica que hay en La Florida y les entregaron galletas y leche.

«He pasado por muchos sitios y no me ayudan. No sé que les pasa en el corazón, lo tienen más duro que unas piedras», se lamenta Juan Ramón, quien grita fuerte desde su domicilio que «¡No estoy muerto, estoy vivo!».

La familia afectada por el error de la Administración al dar por muerto a Juan Ramón Santiago llamó en reiteradas ocasiones a los números que les dieron en la Seguridad Social para obtener una cita previa y no lo consiguieron hasta el viernes. Parece una misión casi imposible porque ni siquiera a través de la página web, donde aparecen los días en los que supuestamente hay huecos libres para citas, lo consiguió este diario con los datos del afectado. De nada les sirvió que expusieran su grave problema en la puerta del INSS de Alicante. «Sin cita previa no se atiende», les dijeron. Esta es la respuesta que se ha instaurado en muchos organismos desde la llegada del covid y la medida ha venido para quedarse.