Cuando van a cumplirse seis años desde que a María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, le descerrajaran dos tiros en la cabeza en el negocio de automoción que regentaba su yerno Miguel López, único acusado del crimen, el asesinato sigue impune por obra y gracia de quienes, paradójicamente, tienen la potestad y la autoridad para impartir Justicia. 

Se trata de los mismos operadores jurídicos (magistrados y fiscales) que, lejos de intentar corregir cuanto antes un desaguisado de lamentables consecuencias, como fueron los graves errores cometidos por la presidenta del jurado, la magistrada Francisca Bru, que provocaron la anulación del proceso, parecen empeñados en perpetuar ese deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia.

No se explica de otro modo que casi cuatro meses después de que el Supremo devolviese la causa a la Audiencia de Alicante para que se juzgue de nuevo a Miguel López con un jurado, un presidente y un letrado de la Administración de Justicia diferentes, a estas alturas no se sepa siquiera quién va a presidir ese tribunal popular.

Cierto que entre lo que se puede alegar para intentar explicar esta demora se encuentra la abstención planteada por del propio magistrado designado para este cometido, José María Merlos, el rechazo al juez expuesto por la defensa del acusado (probablemente el más interesado en que la resolución de este proceso se prolongue hasta el infinito y más allá) y hasta el parón judicial de agosto.

Todo eso se pondrá alegar, decía, pero en ningún caso justifica una laxitud imperdonable en el funcionamiento de un servicio público, máxime si se trata de impartir Justicia en un caso de la gravedad de un asesinato que sigue exento de castigo precisamente por el malhacer de esa administración.

Estamos hablando, para quien en esta interminable historia judicial se haya perdido, de la devolución por parte de la magistrada Bru de un primer veredicto de culpabilidad cuya supuesta falta de motivación nunca se pudo constatar al negarle a las partes el acta que, contra toda lógica, después se destruyó. 

Una decisión, la de devolver el veredicto, que horas después dio lugar a otro dictamen, en ese caso absolutorio, recogido en una sentencia que el Supremo anuló porque, y cito textualmente al magistrado Manuel Marchena, ponente de la respuesta al recurso de casación interpuesto por el letrado Francisco Ruiz Marco en nombre del hijo de la víctima, «lesionaba el derecho a un proceso justo».

No lo vio así el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, al que las acusaciones pública y particular recurrieron inicialmente y quien validó la resolución dictada por la Audiencia de Alicante al no considerar de calado las anomalías que se relataban y que, por contra, sin duda eran invalidantes para el Supremo. 

La sentencia la firmaban la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, y los magistrados Pía Calderón y Juan Francisco Ceres. La misma sala que se ha tomado dos semanas para responder a la Audiencia de Alicante que, si bien resolvió la abstención de Merlos rechazándola, no es competente para pronunciarse sobre la recusación de este mismo magistrado planteada por el acusado. Dos semanas para decir que no podían decir nada.  

Si a esto se añade el mes que la recusación estuvo durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía que dirige Jorge Rabasa a la espera de que el acusador público encargado de este caso volviera de sus vacaciones y pudiera pronunciarse sobre ella, para oponerse, se puede entender lo de los cuatro meses. Y que la cosa quede ahí. 

El rechazo al juez planteado por López, que la instructora ya ha admitido a trámite y sobre el que supuestamente tiene que pronunciarse la sección XI con sede en Elche, que preside Gracia Serrano y de la que forman parte los magistrados Manel Martínez Aroca, Joaquina de la Peña y Cristina Ferrández, aún no ha salido de la plaza del Ayuntamiento de Alicante.

Mientras tanto, es decir, mientras la rueda de Justicia se decide a ponerse en marcha para desfacer el entuerto que ella misma ha provocado, el hijo de la víctima y acusación particular en este proceso aguarda pacientemente a que se castigue el asesinato de su madre. Pero no es el único que espera. 

Pendiente de sentarse otra vez en el banquillo se encuentra el acusado, con la zozobra que eso conlleva por mucho que las dilaciones le puedan ser bienvenidas. Y luego están los investigadores, peritos y testigos que tendrán que volver a vivir lo ya vivido. Entre estos últimos, familiares de la víctima, extrabajadores del local donde se cometió el crimen y hasta el controvertido Jesús Tavira, el propietario del desguace próximo a esas instalaciones en cuyas inmediaciones se encontraba la tarde en que María del Carmen fue mortalmente tiroteada. Para él será su cuarta comparecencia si se cuentan sus dos declaraciones durante la instrucción y la de la primera vista oral. Pero para aventurar cuándo será eso aún falta.