Hecha la ley, hecha la trampa, se suele decir popularmente. Un refrán que están viviendo en primera persona multitud de inquilinos en la ciudad de Alicante, al ver que los propietarios de sus viviendas pretenden aplicarles subidas de hasta un 40% en el precio del alquiler.
El pasado 25 de junio, el Gobierno amplió hasta final de año las medidas del Real Decreto-ley del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Un documento en el que se recoge la prohibición de subir los precios del alquiler más allá del 2% anual cuando no haya acuerdo entre las partes.
De esta manera, se pretendía evitar que los propietarios de las viviendas aprovechasen la subida del IPC para aplicar grandes aumentos en las rentas que pudiesen afectar a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, esta medida tiene una "laguna": únicamente es efectiva en las revisiones anuales de los contratos.
En aquellos casos en los que la relación contractual se haya extendido durante 5 años, la Ley de Arrendamientos Urbanos marca que deberá firmarse un nuevo contrato. Al no tratarse de una revisión sino de un documento completamente nuevo a efectos legales, los propietarios podrán fijar el nuevo precio que deseen extinguiendo el acuerdo existente y firmando uno nuevo.
Subidas de más de 100€ al mes
Un resquicio legal que numerosos vecinos de Alicante ya están sufriendo: denuncian que los dueños de las viviendas donde residen les han notificado variaciones en la renta de más de 100€.
Lucía M. alquiló una vivienda en el alicantino barrio de San Blas con la que entonces era su pareja en 2017. Por la vivienda, de 65 metros cuadrados y dos habitaciones situada en un edifico de reciente construcción, pactaron con los propietarios un precio de 400€ mensuales.
Esta alicantina asegura que "prácticamente ni conozco a los propietarios", ya que únicamente los vio el día de la visita y cuando se firmó el contrato de alquiler, pero que "siempre he pagado entre el día 1 y el 5". Hace unas semanas, justo dos meses antes de finalizar el contrato, recibió una carta en su buzón: el nuevo precio será de 525€ mensuales.
Ahora, Lucía -que vive sola y debe hacer frente sin ayuda al importe de la renta- debe decidir si acepta esa subida, o busca una nueva vivienda. "El problema es que están todos los pisos por las nubes", asegura, "he intentado pactar con los caseros, pero no hay forma, saben que si me voy yo entrará otra persona que pague lo que piden".
Una situación parecida ha tenido que vivir D.M. en las últimas semanas. Este estudiante que compartía piso con otros dos jóvenes también recibió una notificación de los propietarios de la vivienda: "nos querían subir 100€ de golpe".
Al aumento de la renta tiene que sumar los demás gastos por vivir fuera de su casa: alimentación, suministros, internet, gasolina... Por lo que tuvo que abandonar el piso. "Yo estaba bien con los compañeros y cuidábamos la casa, pero mi familia no podía pagar más, estudiar fuera ya es muy caro de por sí".
"La inflación nos afecta a todos"
En el lado opuesto de la polémica, los pequeños propietarios -según la legislación vigente, aquellas personas con menos de 10 propiedades- piden que "no se demonice" a quienes alquilan una vivienda y que se les diferencie en el Real Decreto de los grandes tenedores de inmuebles.
En Elche, P.L. alquila su segunda vivienda, un piso que compró de joven y todavía está pagando. Asegura que "siempre la he tenido a precio de mercado, incluso más barata que los alquileres de alrededor" pero mantiene que "la inflación nos afecta a todos".
P.L., que no tiene más propiedades ni se dedica profesionalmente al alquiler, sostiene que "no se trata de aprovecharse de nadie" pero insiste en que "el coste de la vida ha subido igual para todo el mundo, y yo también tengo que hacer frente a facturas, hipotecas e impuestos".
Por ello, reclama que los pequeños propietarios sí puedan actualizar los precios de acuerdo con el IPC y que la limitación actual se reserve para grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión.
