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El recorte del Tajo-Segura pese a tener agua para enviar provoca en 4 años unas perdidas de 590 millones de euros

Un informe del Instituto de Agua de la UA cifra en 147 hm3 el agua que ha dejado de llegar para riego por las decisiones unilaterales de la ministra Ribera desoyendo las propias recomendaciones de los técnicos

Un técnicos de la comunidad de regantes Riegos de Levante Margen Derecha revisando una balsa de riego ayer en Rojales Áxel Álvarez

Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, presentado ayer martes durante una jornada sobre el agua celebrada en el Centro Logístico de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha ( Rojales), ha puesto las primeras cifras económica negativas al recorte del agua del Tajo para la industria agroalimentaria de la zona abastecida por el trasvase Tajo-Segura, decidido unilateralmente por la vicepresidenta Teresa Ribera durante los últimos cuatro años. En concreto, y pese a las recomendación de los técnicos para enviar hasta 20 hm3 al mes, el Tajo ha dejado de trasvasar entre 2018 y 2022 -el acueducto está hoy cerrado por obras- un total de 147, 3 hm³ de agua, lo que ha tenido una repercusión económica de casi 600 millones de euros.

El profesor Joaquín Melgarejo, responsable de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y coordinador le informe, subraya que desde la toma de posesión de la ministra Teresa Ribera del Ministerio de Transición Ecológica en junio de 2018, se han producido de forma arbitraria, en contra de las recomendaciones de la Comisión Central de Explotación del ATTS, una reducción de 147,3 hm3 a la cuenca del Segura, en contra de la recomendación de los propios técnicos de la comisión de explotación.

Según los cálculos del profesor Melgarejo “cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar tiene un impacto económico de cuatro millones euros y una repercusión negativa sobre el empleo de 87 trabajadores. El montante total de pérdidas económicas producidas como consecuencia de las decisiones arbitrarias de la ministra, no motivadas, para la cuenca del Segura receptora de los caudales procedentes del trasvase durante estos cuatro años ascienden a 590,8 millones de euros”. De esta cantidad, a la provincia de Alicante le afecta en unos 180 millones de euros, según el informe coordinado por el profesor Joaquín Melgarejo, director de la cátedra del Agua UA-Diputación de Alicante.

"Cada hectómetro cúbico que se deja de trasvasar tiene un impacto económico de cuatro millones euros"

Joaquín Melgarejo - Director Cátedra del Agua de la UA

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Alberto del Villar, economista de la Universidad de Alcalá, apuntó, en este sentido, que el regadío que depende del agua del Tajo es una actividad estratégica que desempeña una labor esencial en la creación de valor de las actividades económicas regionales. Por sí sólo, el sector genera una producción de más de 1.900 millones de euros, con una aportación al VAB (Valor Añadido Bruto) nacional de unos 870 millones, y empleando a unos 30.100 trabajadores. La actividad económica indirecta generada por las actividades vinculadas a las explotaciones de regadío del trasvase se estima en unos 2.740 millones de euros aportando unos 67.000 empleos en Alicante y Murcia.

Villar advierte de que toda actividad tiene consecuencias externas sobre terceros, otras actividades o el entorno dónde se desarrollan, tanto negativas como positivas. “Utilizando criterios de valoración económica basados en la corrección de estos efectos, se puede estimar un coste económico de las actividades del regadío de unos 1.171,87 euros/ha/año. Cifra que ascendería a unos 176,6 millones de euros /año para toda la superficie regada del acueducto”.

"Los cultivos de regadío son un sumidero de carbono con la fijación de unas 707.276 - 1.208.084 tonelada de CO2/año"

Alberto del Villar - Profesor de la Universidad de Alcalá

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El profesor apuntó, por otro lado, que los cultivos de regadío son un sumidero de carbono, cuyo balance neto anual se estima en la fijación de entre 707.276 y 1.208.084 tonelada de CO2/año. Utilizando los valores recomendados por la Comisión Europea para los proyectos de mitigación del cambio climático, obtenemos un valor de este beneficio ambiental estimado en entre 641 y 6.414 de euros hectárea /año. Valores que proporcionarían un beneficio económico de unos 475,1 millones de euros.

José Andújar, presidente de la comunidad, durante la jornada Áxel Alvarez

En términos netos, estos efectos externos alcanzan un beneficio de casi 300 millones de euros al año adicionales, compensando los beneficios de sumidero de carbono a los efectos de la contaminación por nitratos. “Lo anterior no quiere decir que no haya que tomar medidas para resolver los problemas de contaminación. Pero hay que ser inteligentes con las opciones”, señaló Alberto del Villar.

Estrategia calculada

Andrés Molina, director, del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, apuntó, por su parte, que el fracaso de la vía legislativa para cancelar el trasvase Tajo-Segura (Estatuto de Castilla La Mancha, abril de 2008) ha evolucionado a una estrategia de reducción progresiva del trasvase por vía reglamentaria (planificación hidrológica y reforma de la regla de explotación) mediante decisiones administrativas como son los trasvases mensuales. “El objetivo es desnaturalizar el trasvase, vaciarlo de contenido, no tocar su estructura legislativa, pero reducir al máximo, indirectamente, las aportaciones”.

Molina advierte de que “si el Plan Hidrológico del Tajo se aprueba en los términos actuales, en cuanto a los caudales ecológicos, resultará inevitable la presentación de recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo, buscando la nulidad de pleno derecho de los caudales ecológicos”.

“Los principales motivos de nulidad serían las insuficiencias en el proceso participativo: las alegaciones presentadas por entidades e instituciones públicas alicantinas y murcianas recibieron una contestación meramente formal, sin analizar y contestar a los contenidos presentados”.

Un momento de la jornada celebrada este martes en el centro logístico de Riegos de Levante Margen Derecha en Rojales Áxel Álvarez

Por otro lado, lamentó la ausencia de concertación con el sector. La concertación es un imperativo de la normativa que regula el proceso de planificación, y no se ha intentado acuerdo alguno con el sector. Además, según este juristas, se suma la “arbitrariedad en la fijación de los caudales ecológicos”. Se han utilizado métodos técnicos, según Molina, no debidamente justificados. "Existen estudios alternativos que demuestran la incorrección de los datos que maneja la Administración. Se observa además falta de motivación o motivación insuficiente en la justificación técnica de los caudales ecológicos, y no se han tenido en cuenta principios constitucionales como la proporcionalidad (los caudales ecológicos son desproporcionados porque resultan innecesarios para la masa de agua y afectan intensamente a los derechos existentes de los usuarios del ATS), la seguridad jurídica o la confianza legítima".

"El objetivo es desnaturalizar el trasvase, vaciarlo de contenido, no tocar su estructura legislativa, pero reducir al máximo, indirectamente, las aportaciones"

Andrés Molina - Director del Instituto del Agua de la UA

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Para el director del Instituto del Agua de la UA, los caudales ecológicos son contrarios a la Ley (infracción del principio de legalidad), ya que impiden la aplicación efectiva de los objetivos previstos en la legislación que regula el Acueducto. “Por tanto, por razones de jerarquía normativa los caudales ecológicos propuestos son nulos de pleno derecho”.

En la jornada se puso de manifiesto que “al margen de la validez del Plan del Tajo, tanto si se lograra su anulación como si no, existen fundamentos jurídicos más que suficientes para plantear una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que la elevación de los caudales ecológicos causará un perjuicio en los usuarios del trasvase, que estos no tienen el deber jurídico de soportar. Los usuarios tienen un derecho subjetivo reconocido por la legislación, que se va ver seriamente menoscabado, generándoles perjuicios actuales, efectivos, individualizables, y que son susceptibles de ser evaluados.

“Esos perjuicios no pueden ser compensados con la aportación de agua de otra procedencia, toda vez que los costes del agua desalada o regenerada son muy superiores a los del ATS, por lo que el perjuicio patrimonial es evidente”, según Molina.

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