Los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Alicante (SEP, UGT, CC OO, CSIF y SPPLB) van a solicitar formalmente una reunión con el presidente de la Diputación y del PPCV, Carlos Mazón, ante el retraso del bipartito en cumplir con la subida salarial prometida antes de las elecciones de 2019 con la puesta en marcha de la carrera profesional.
Así figura en un comunicado conjunto de las secciones sindicales, en el que critican el "enésimo desplante por parte del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ante el reiterado incumplimiento de los acuerdos adoptados desde el año 2019". "Tras la protesta sindical del último pleno de octubre y viendo la total apatía y desinterés del alcalde por cumplir sus promesas, las secciones sindicales hemos decidido dar un paso más en las movilizaciones y hemos acordado, por unanimidad, establecer un calendario de acciones con la intención de elevar progresivamente la presión, con el único objetivo de que se cumplan los compromisos adquiridos por el alcalde de Alicante y el concejal de Recursos Humanos", señala la nota, en la que piden el respaldo de la plantilla municipal, que ronda las 2.300 personas.
Justo antes de la reunión sindical que dio pie al comunicado, desde el bipartito se convocó a los sindicatos a un nuevo encuentro para seguir avanzando en la aplicación de la carrera profesional. "En esa reunión no se va a avanzar en nada", lamentan ya los sindicatos tras conocer el orden del día previsto.
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El calendario provisional de medidas adoptadas, incluye "solicitar reunión urgente con el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a la postre concejal del Ayuntamiento de Alicante y presidente de la Diputación Provincial para preguntarle el porqué de las dificultades que tiene un alcalde de su partido para la implantación de la carrera profesional cuando se ha demostrado su viabilidad en otras administraciones, entre ellas la Diputación Provincial y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y también para preguntarle a qué se debe esa desidia con los empleados municipales del Ayuntamiento de Alicante".
También han dado luz verde a "convocar a todos los empleados y empleadas municipales al próximo pleno ordinario del mes de noviembre, con un objetivo claro y contundente: mostrar el malestar al equipo de gobierno por los incumplimientos reiterados de los acuerdos con los sindicatos del Ayuntamiento".
Por otro lado, los sindicatos van a solicitar "una ronda de reuniones con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante para trasladarles toda información sobre las movilizaciones y acciones acordadas, así como, pedir su apoyo en todas las iniciativas sindicales". "Al mismo tiempo, les pediremos que inicien aquellas medidas que consideren positivas emprender por su parte".
Y, como última medida de presión, los sindicatos amenazan con paros para 2023. "Si a 31 de diciembre de este año, no existiera en los Presupuestos municipales de 2023 una partida presupuestaria para la carrera profesional incrementada de manera acorde a la espera a la que estamos sometidos desde el año 2019 y además no se abone la cantidad presupuestada este año [que ronda los 200.000 euros], los sindicatos municipales nos veremos obligados a elevar el tono de las medidas, acordando convocar paros generales en el Ayuntamiento de Alicante y protestas a pie de calle, exigiendo la inmediata dimisión del señor alcalde, implicando a todos aquellos colectivos sociales que se quieran adherir".
Los sindicatos, con este comunicado, van un paso más a los dados hasta ahora. Hace unas tres semanas, días antes del pleno de octubre, ya mostraron unidad al reclamar al alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala, una reunión urgente antes del próximo pleno municipal, previsto para el 27 de octubre. La reunión, todavía, no tiene fecha.
Los representantes de los trabajadores exigen que Barcala dé una respuesta inmediata a cuestiones que llevan años sobre la mesa, en concreto, desde que el propio alcalde se comprometió por escrito a cumplirlas en la previa de las últimas elecciones municipales, las de mayo de 2019.
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Entre los asuntos que reclaman los sindicatos destaca la puesta en marcha de la carrera profesional, que en la práctica supondría una subida salarial a los funcionarios municipales en función de factores como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral, que se planteó en un primer momento que significaría una subida salarial de hasta 900 euros mensuales en la nómina de los empleados de mayor rango y de casi 400 euros para los de un escalafón más bajo.
Estas acciones se reactivaron recientemente, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó el recurso presentado por la Subdelegación de Gobierno contra la puesta en marcha de la carrera profesional en el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante. Desde la sede del Gobierno central ya se advirtió de que si el Ayuntamiento de Alicante iba adelante con el proyecto, siguiendo los pasos, entre otros, del Consorcio, también acabarían en los tribunales.
Tras ese fallo judicial, sindicatos y oposición aseguran que el bipartito de Alicante se ha quedado sin argumentos para no poner en marcha de inmediato la Carrera Profesional en el Ayuntamiento de la capital alicantina.