Los abortos voluntarios crecen un 7% en la provincia en un año
Cuatro de cada diez interrupciones del embarazo en la Comunidad tienen lugar en hospitales alicantinos, el 90% en clínicas privadas. Sanidad traza un plan para revertir la situación y que se hagan en la red pública
Una mujer se somete a una ecografía / INFORMACIÓN
Los abortos voluntarios han aumentado un 7% en un año en la provincia de Alicante, en cuyas clínicas y hospitales tienen lugar cuatro de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad Valenciana. En 2021, último dato recopilado por el Ministerio de Sanidad, los abortos fueron en total 3.351 en el sistema sanitario público o privado de la provincia frente a los 3.122 de 2020. En la gran mayoría de casos, un 93%, fue a petición de la mujer, que puede solicitar la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 de gestación; frente al riesgo grave de anomalías en el feto, el segundo motivo de solicitud, con un 3,5% de los casos.
Más del 90% de las interrupciones voluntarias de embarazo en la Comunidad Valenciana (donde en 2021 se practicaron 8.013 por 7.510 en 2020) se hacen en clínicas privadas, donde las mujeres son derivadas a menudo por la pública. La interrupción voluntaria del embarazo es gratuita para la paciente y está sufragada por financiación de Sanidad aunque se lleve a cabo en clínicas privadas mediante conciertos con las distintas administraciones.
Una de las novedades de la nueva ley de salud sexual y reproductiva, que reforma la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015, destaca que los abortos se harán en centros sanitarios públicos, que derivan cada año a las privadas a un elevado porcentaje de pacientes para abortar pese a que la ley establece que el sistema de salud debe garantizar a las mujeres la posibilidad de llevar a cabo esta intervención en un hospital público y, solo de forma excepcional, en un privado. Esto supone que, con la entrada en vigor de la nueva norma, los diez hospitales públicos de la provincia deberán asumir en torno a 3.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año.
La Conselleria de Sanidad ha trazado un plan para que se revierta esta situación y se hagan en la red pública. Al respecto el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, señaló ayer en Alicante que el plan está establecido y que están a la expectativa de ver el grado de cumplimiento que tiene a lo largo de este año; además de asegurar que no hay médicos objetores a esta ley en la Sanidad pública.
Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, el mayor número de interrupciones de embarazo en la provincia en 2021 fue entre mujeres de 25 a 29 años, con 685; seguidas de las que tienen entre 20 y 24 años, con 682. Menores de 15 años fueron 17 y mayores de 44 años, 22.
La Generalitat Valenciana manifestó este martes su apoyo total al Gobierno con la reforma de la ley del aborto, ante la polémica en la Junta de Castilla y León, que anunció la semana pasada que implantará medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la comunidad como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas; y para proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Esta postura ha motivado el envío por parte del Gobierno central de un requerimiento al ejecutivo castellanoleonés para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto al aborto, que impide que se dé a las mujeres que van a abortar información sobre el embarazo, salvo en el caso de que ellas lo soliciten, al abogar por una maternidad por libre decisión.
Con la nueva norma, los profesionales sanitarios no podrían dirigirse a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo para ofrecerles escuchar el latido del feto o realizar una ecografía 4D, como ha dicho Vox que se hará en Castilla y León.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, declaró ayer que no van a permitir la "tropelía" de la junta de Castilla y León con este protocolo "antiabortista". El Consejo de Ministros anunció que aprobará un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta castellanoleonesa.
Agencia ATLAS | Foto: EFE
"Pediría responsabilidad a los partidos que nos quieren hacer involucionar a las mujeres", dijo la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas (Compromís). "No podemos retroceder a muchos años atrás en grandes avances que se han producido en la Comunidad Valenciana y en el conjunto del Estado español. Por lo tanto, yo sí que pediría responsabilidad a los partidos que nos quieren hacer involucionar a las mujeres y pediría respeto también a las decisiones que tome cada una de ellas en el momento en el que se encuentre", señaló la vicepresidenta respecto al derecho al aborto.
"No podemos retroceder a muchos años atrás en grandes avances que se han producido en la Comunidad Valenciana y en el conjunto del Estado español. Pediría responsabilidad a los partidos que nos quieren hacer involucionar a las mujeres"
El conseller Mínguez (médico independiente), sobre el mismo asunto, aseguró que están "totalmente" adheridos a la postura del Ministerio; "esto es irrenunciable, el derecho de la mujer está ante todo, no hay vuelta atrás".
"Estamos totalmente adheridos a la postura del Ministerio; esto es irrenunciable, el derecho de la mujer está ante todo, no hay vuelta atrás"
El portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, eludió ayer pronunciarse respecto las medidas sobre el aborto que Vox pretende implantar en Castilla y León, por las que ha llegado a amenazar al PP con revisar su gobierno de coalición, mientras la síndica de esta formación, Ana Vega, defendió que, de llegar a gobernar en la Comunidad Valenciana, implantaría las mismas propuestas. Vega calificó de "pro vida" sus propuesta y recalcó que "escuchar el latido del corazón de tu hijo es algo maravilloso".
El portavoz adjunto popular aprovechó para criticar la "falta de coordinación tan clamorosa" en el gobierno valenciano respecto a las agresiones y los asesinatos por violencia de género. Esta reacción generó críticas por parte de la portavoz adjunta del PSPV, Carmen Martínez, quien ha acusado a Barrachina de "echar balones fuera" y le ha criticado por no "poner en cuestión" este protocolo.
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