Los regantes de Alicante pagan más de 200 millones desde 1979 para obras hídricas en Castilla-La Mancha que siguen sin ejecutarse

Los usuarios del trasvase Tajo-Segura denuncian que la tarifa que el Estado les impuso hace 43 años no se ha empleado en infraestructuras que garanticen el abastecimiento y la depuración de las aguas de los pueblos ribereños

El contaminado caudal del río Jarama antes de mezclarse con las aguas de buena calidad del Tajo.

El contaminado caudal del río Jarama antes de mezclarse con las aguas de buena calidad del Tajo. / P.F.M.

Pérez Gil

Pérez Gil

Veinte millones de euros pagan todos los años los regantes y usuarios de la provincia de Alicante, la Región de Murcia y Almería por recibir las aguas del trasvase del Tajo-Segura para el abastecimiento urbano y el riego de sus campos.

La tarifa impuesta por el Estado desde que comenzó la transferencia de caudales hace 44 años ha supuesto un desembolso superior a los 500 millones de euros para la zona de Levante. Una carga económica sustentada por 34 municipios de Alicante, 43 de Murcia y 13 de Almería. Por este concepto la provincia de Alicante aporta cinco millones de euros anuales, lo que supone haber abonado desde 1979 hasta la fecha más 200 millones.

La naturaleza de este precio unitario fijado por el Estado tiene por objeto contribuir al desarrollo de los municipios ribereños de la cuenca cedente del Tajo. Concretamente de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Con tal fin deberían haberse ejecutado las infraestructuras hídricas necesarias para garantizar el abastecimiento y construir depuradoras para fomentar la reutilización de las aguas.

Sin embargo el destino de ese dinero no parece haber contribuido al objetivo por el que se impuso la tarifa a la cuenca receptora del Segura -Alicante, Murcia y Almería- cuando el trasvase comenzó a funcionar. Así lo denuncian los agricultores de Levante y así lo evidencian los problemas de abastecimiento de agua que siguen teniendo los habitantes de pequeños núcleos urbanos de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara cercanos al cauce. Una cuestión mucho más grave, con consecuencias medioambientales, por los vertidos contaminantes que se arrojan al Tajo ante la falta de estaciones depuradoras de aguas residuales o por su estado obsoleto o deficiente funcionamiento.

Los efluentes de la estación depuradora de aguas residuales de Toledo.

Los efluentes de la estación depuradora de aguas residuales de Toledo. / P.F.M.

Caudal ecológico/fecal

Precisamente un informe suscrito por 300 ingenieros agrónomos advierte de que el problema del trasvase del Tajo-Segura sigue sin solucionarse en su origen, al permitir el Gobierno central que el caudal ecológico se convierta en un caudal fecal. Los aportes de buena calidad de la cabecera alta del Tajo se unen, cauce abajo, con las contaminadas aguas del río Jarama tras recoger los efluentes de las depuradoras de Toledo y Madrid.

«La normativa de la UE prohíbe diluir las aguas contaminadas con las de buena calidad. Por eso insistimos en la necesidad de tratar las aguas residuales en las depuradoras de Castilla-La Mancha antes de que se viertan al Tajo para convertirse en un caudal fecal», insiste Pedro Fernández, portavoz de Agroingenieros por el Mar Menor.

"Esos más de 500 millones de euros no se han invertido en lo que debían haberse invertido. Por eso exigimos saber a dónde ha ido a parar todo ese dinero porque los regantes sí que pagamos religiosamente todos los años los 20 millones de tarifa, tanto si nos envían agua del Tajo como si no nos la envían", ha manifestado Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Recurso al Constitucional

Precisamente para conocer el destino que se ha dado a esos fondos, y ante el hermetismo que muestran sobre el asunto tanto la Confederación Hidrográfica del Tajo como el Ministerio para la Transición Ecológica, el Sindicato Central de Regantes sigue adelante con las acciones emprendidas en el año 2019. En primera instancia los regantes acudieron a la vía administrativa y posteriormente a los tribunales. De hecho, el último paso ha sido presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional al entender que se ha producido una supuesta vulneración de los derechos fundamentales por la omisión del deber de informar del destino de los fondos públicos por parte del Estado. "Hemos llegado al Constitucional y acudiremos también al Tribunal Europeo si hace falta porque estamos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para averiguar en que han empleados esos más de 500 millones de euros las Comunidades Autónomas de Extremadura, Madrid y sobre todo de Castilla-La Mancha, que es la que recibe casi el 70% del montante económico.

La manifestación contra el recorte del trasvase del Tajo-Segura el pasado mes de enero en Madrid.

La manifestación contra el recorte del trasvase del Tajo-Segura el pasado mes de enero en Madrid. / INFORMACIÓN

"¿Dónde está la transparencia de la que tanto presumen los representantes políticos?", se pregunta Lucas Jiménez mientras Ángel Urbina, el portavoz de los usuarios del Tajo-Segura en la provincia de Alicante, responde que "muy probablemente ese dinero se ha gastado en otras infraestructuras públicas que nada tienen que ver con la mejora de las redes de agua potable y la depuración de las aguas residuales".

El 99% de la contaminación del Tajo procede del mal funcionamiento de las depuradoras de Castilla-La Mancha.

El 99% de la contaminación del Tajo procede del mal funcionamiento de las depuradoras de Castilla-La Mancha. / P.F.M.

Y ponen como ejemplo la puesta en funcionamiento, el pasado miércoles, del primer ramal de la "Tubería Manchega" en la localidad conquense de Saelices que abastecerá a medio millón de habitantes de Castilla-La Mancha con agua de la cabecera del Tajo de forma prioritaria sobre las transferencias al Levante. Una actuación inaugurada por el presidente autonómico Emiliano García-Page en la que el Gobierno central ha invertido 40 millones de euros. "Desgraciadamente se está alimentando el odio entre territorios vecinos por intereses políticos con fanfarronadas y falsedades", lamenta el responsable del SCRATS negando tajantemente que haya escasez de agua en Castilla-La Mancha con los 500 hectómetros cúbicos que hay en los Embalses de Entrepeñas y Buendía.

Resultado de la analítica de las aguas del trasvase Tajo-Segura en febrero de 2023.

Resultado de la analítica de las aguas del trasvase Tajo-Segura en febrero de 2023. / Agroingenieros por el Mar Menor

Reciprocidad y solidaridad

"Si los pueblos ribereños del Tajo tienen problemas de abastecimiento es porque su Gobierno autonómico no ha empleado esos más de 20 millones de euros que ha recibido todos los años, desde 1979, en construir depósitos, tuberías, estaciones de bombeo y depuradoras. Ese es el verdadero problema y no vamos a parar hasta demostrarlo", subraya abriendo otro debate, el de la reciprocidad y la solidaridad entre las diferentes Autonomías de España.

En este caso la falta de inversiones en materia hídrica por parte de Castilla-La Mancha contrasta con el esfuerzo de la Comunidad Valenciana, dotado de cuantiosos fondos económicos y mantenido el tiempo, para situarse a la cabeza del país en materia de ahorro y reutilización del agua.

Por lo tanto, con estas variables y en este contexto, el recorte del trasvase aprobado por el Gobierno para aumentar el caudal ecológico del Tajo resulta más que cuestionable.