Las viviendas turísticas registradas en Alicante se multiplican por diez en tan solo dos décadas

Vecinos que hace tiempo que no conocen a las personas con las que se cruzan en la escalera; jóvenes que han tenido que despedirse de su barrio de toda la vida porque la subida del alquiler les ha forzado a buscar otra vivienda; pequeños comercios que han bajado la persiana por la falta de residentes habituales... Son solo algunos ejemplos de cómo la turistificación cambia la vida de las ciudades. En el año 2000, la Generalitat Valenciana contaba con 397 apartamentos turísticos registrados en la ciudad de Alicante. Dos décadas después, la cifra era diez veces superior: más de 4.000 alojamientos dados de alta en la capital de la provincia, sin contar los que actúan de manera irregular. Mientras, en ese mismo periodo, las plazas hoteleras en la ciudad han aumentado un 47 %, las de los apartamentos se han multiplicado por doce, siendo ya más del doble de las que ofrecen los hoteles.

La tendencia disparada de este tipo de viviendas es un denominador común en la gran mayoría de destinos. Por ello, muchos ya han optado por poner cerco a esta práctica. En Florencia, una ciudad con 14.000 apartamentos registrados, el gobierno de centro-izquierda del Partido Democrático ha prohibido los nuevos alquileres residenciales de corta duración en plataformas como Airbnb en su centro histórico. Pero no se trata de un debate únicamente ideológico, la saturación de algunas zonas es tal que, incluso, gobiernos abiertamente liberales están acotando los pisos de alquiler vacacional. Es el caso de Nueva York. El estado prohibió el pasado mes de septiembre alquilar una vivienda por menos de 30 días sin que esté el dueño presente.

Los apartamentos turísticos cuadruplican en plazas a los hoteles en Alicante

En el caso de Alicante, la normativa va por barrios. El Plan General de Ordenación Urbana establece por defecto que las viviendas turísticas solo podrán ubicarse en plantas bajas o en primeras alturas. No obstante, en algunas zonas de aquellas que cuentan con planes especiales se han realizado modificaciones concretas que prohiben estos alojamientos salvo en edificios exclusivos. Una complejidad normativa que ha dado lugar a un mapa de regulación con algunos aspectos llamativos, como el hecho de que en un tramo de la avenida Benito Pérez Galdós las restricciones sean diferentes en función de a qué lado de la calle se encuentre el edificio.

En este panorama de crecimiento exponencial que continúa extendiéndose más allá de las zonas habitualmente turísticas (Centro y área de playas) para empezar a trasladarse a los barrios que rodean estos espacios. Un fenómeno que para los vecinos de estas zonas supone la «expulsión» de quienes llevan viviendo allí durante generaciones y para el que piden al Ayuntamiento y a la Conselleria de Turismo un mayor control.

Mientras que, en el Centro de Alicante, un piso de unos 80 metros y dos dormitorios puede costar de media entre 650 y 850 euros mensuales,  es posible obtener entre 2.000 y 5.000 euros cada mes por esa misma propiedad si se apuesta por el alquiler vacacional. Esta notable diferencia del margen de beneficio sumada a la disponibilidad para recuperar el uso particular del inmueble de forma casi inmediata ha provocado que se reduzca considerablemente la oferta de viviendas para arrendamientos de larga temporada en la zona, disparando los precios.

Una circunstancia que ha desencadenado un efecto dominó: ante la saturación turística del Centro, tanto los inversores como los inquilinos cuyo poder adquisitivo ya no basta para vivir en la zona, han empezado a fijarse en los barrios colindantes. Es el caso de San Blas, que el pasado año se convirtió en el barrio de España donde más aumentó el precio de la vivienda, según el portal web Idealista.

En Benalúa, además de estar cerca del centro también se encuentran junto a la estación de Renfe. Ernest Gil, presidente de la asociación vecinal El Templete, afirma que estos dos condicionantes están convirtiendo la zona en un punto «goloso» para los inversores pero sostiene que «con este tipo de turistas no se produce un retorno económico para los barrios», por lo que cree que «hay que regular estas viviendas ya mismo, antes de que sea demasiado tarde».

Carolinas no quiere ser Chueca

El barrio alicantino de Carolinas Bajas es una de las zonas donde más temen los efectos negativos de la turistificación. Un fenómeno que, aseguran, llevan viviendo desde hace unos ocho años, y que ya ha obligado a algunos vecinos a abandonar su barrio «de toda la vida». 

Joaquín Gracia, de la asociación Carolines-Les Palmeretes, cree que el problema se originó con la pérdida del tejido industrial: primero fue la tabacalera, el mercadillo de Campoamor después. Una vez el barrio dijo adiós a sus grandes motores industriales y llegó la crisis financiera también se arrastró gran parte del pequeño comercio, lo que ha devaluado considerablemente la zona.

Gracia lamenta que este caldo de cultivo «convierte Carolinas en un espacio muy interesante para los grandes inversores y un nicho para la especulación de la economía turística», algo que ya están constatando por «la enorme proliferación tanto reglada como irregular». Incluso han llegado a organizar una marcha reivindicativa bajo el lema «RIP Carolinas», para denunciar la situación. 

El temor de los vecinos es que, esta conjunción de condicionantes termine por destruir el tejido social del barrio y abra la puerta a un proceso de gentrificación, en el que después de expulsar a sus vecinos habituales, se lleve a cabo una regeneración urbanística con el objetivo de atraer a un nuevo público. Eso sí, a un precio mucho mayor.

En el área del Mercado Central el aumento del número de turistas es «más que notable», según el presidente de la asociación vecinal de la zona, Jesús Martín-Estudillo, quien asegura que «se percibe en cuestiones como el aparcamiento y la saturación de los servicios que hay en el barrio». Sin embargo, señala que este incremento de visitantes no se traduce necesariamente en más beneficios para el comercio local: «el turismo de apartamentos suele ser de bajo coste: llegan, hacen la compra en un supermercado y como mucho salen a cenar o se van de copas, pero ya no gastan en las tiendas del barrio». Además, Martín-Estudillo lamenta que se haya paralizado la aplicación de la tasa turística porque «pagamos su tasa de basuras y los demás impuestos para que luego apenas hagan gasto. No hay inyección económica pero sí uso de los servicios y creo que es un sistema muy injusto para los vecinos que solo beneficia a quienes hacen negocio».

Por lo que respecta a los efectos del turismo sobre el comercio local, es algo «que depende del sector», según Vicente Armengol, de la Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante, quien se pregunta si la situación de las viviendas turísticas ha tocado techo: «La Administración debería estudiar con los agentes sociales y económicos en qué punto se encuentra este modelo de negocio y si ya ha llegado a su límite, porque queremos ciudades vivas y no perder a los vecinos».

Un debate con el que difieren algunos de los principales representantes empresariales del sector. Desde la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur), creen que el auge de las viviendas vacacionales es «una consecuencia lógica de las buenas políticas públicas que se han llevado a cabo para promocionar destinos y desestacionalizar el turismo». Su presidenta, Silvia Blasco, argumenta que, lejos de saturar el mercado, estos pisos «dan respuesta a esos momentos en los que la oferta no puede alojar a toda la demanda» y, sobre el problema de la economía sumergida, defiende que «obviamente, estoy en contra de la vivienda turística ilegal» aunque sostiene que «no creo que sea tanta como se intenta hacer creer».

Por su parte, Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante, cree que el techo de este tipo de negocios en la ciudad «está todavía lejos de alcanzarse», señala Castillo. Además, considera que «el hecho de que los inversores quieran gastar su dinero aquí es una muy buena noticia, lo malo sería que huyeran».

En cuanto al debate sobre el modelo de negocio que representan los apartamentos y su afección a los barrios, el presidente de APHA asegura que «hay mercado más que de sobra para los hoteles y las viviendas, ambos pueden convivir perfectamente» aunque, eso sí, «es importante que lo hagan dentro de la ley».

En este sentido, Castillo apunta que «si los hoteles tienen que cumplir ciertos protocolos de seguridad, hay que velar porque los apartamentos hagan lo mismo y actuar sobre aquello que sea ilegal, porque nos perjudica a todos». Para ello, reclama agilizar los trámites administrativos: «No puede ser que el que quiere hacer las cosas bien pida una licencia y esta tarde meses o años», sostiene.

«Tema prioritario»

Desde la Conselleria de Turismo recogen el guante y aseguran que la regulación de estas viviendas es un tema prioritario para ellos. A raíz de dos recientes sentencias del Tribunal Supremo que prohiben alquilar de forma vacacional viviendas en edificios donde se rechacen las actividades comerciales, la responsable del departamento autonómico, Nuria Montes, ha afirmado que «lo primero es encargar un informe jurídico acerca de la sentencia y sus efectos» y ha reconocido que «indudablemente son dos autos que sientan jurisprudencia y son aplicables a cualquier tipo de explotación» ya que, si los estatutos prohiben cualquier actividad comercial «evidentemente disponer de una vivienda turística, que es un uso tremendamente similar al hotelero, es una actividad comercial».

Turismo constituye una mesa de trabajo con representantes del sector para luchar contra la economía sumergida

Ante esta situación la titular de Turismo ha señalado que, dado que el Consell «está empezando a estudiar modernizar la regulación de las viviendas turísticas para poder acabar con la economía sumergida y hacer un uso pacífico y sostenible de este tipo de alojamientos», las sentencias representan «un nuevo componente que tendremos en cuenta». Además, Montes ha dirigido el foco hacia las administraciones locales: «Desde luego, los ayuntamientos y las comunidades de propietarios tendrán mucho que decir al respecto».

En el ámbito local, el Ayuntamiento de Alicante también abre la puerta a una futura regulación de la mano de la autonómica. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, apunta que los apartamentos «suponen una oferta complementaria necesaria» y que, algunos de estos bloques, «nos han ayudado a conservar el patrimonio de nuestra ciudad y a revitalizar zonas», aunque reconoce que «siempre es necesario buscar un equilibrio mediante su regulación».

Una regulación esperada por todos: los empresarios para que permita reducir la economía sumergida y la competencia desleal fortaleciendo el sector turístico, y los vecinos para que proteja la cohesión social y devuelva la vida a los barrios.

"El turismo descontrolado provoca desigualdad"

 El sociólogo Carlos Gómez Gil lo tiene claro: «El turismo masivo y descontrolado es un generador de desigualdad muy importante». El profesor de la Universidad de Alicante apunta que, pese a que el turismo es una actividad económica de primer orden en Alicante, está avanzando «sin analizar sus múltiples impactos y sin poner límites a algunos de sus dañinos efectos».

En este sentido, Gómez Gil señala que la extensión incontrolada del modelo de alojamientos turísticos de alquiler ha generado «transformaciones urbanas indeseadas» en el Centro de Alicante que se están expandiendo a otros barrios, zonas tradicionales en las que se está «expulsando» a muchos de sus vecinos mediante la subida del precio de la vivienda y la disminución del «stock» disponible. Sin embargo, el sociólogo defiende que las ciudades «no pueden concebirse sin sus barrios», ya que este es el lugar donde se producen «fenómenos básicos» como la convivencia, la incorporación vecinal y la interacción ciudadana, lo que facilita la creación de redes sociales fundamentales.

Un sistema que no puede sobrevivir si la turistificación masiva «quiebra los equilibrios sociales y relacionales». En el caso de la capital alicantina, Gómez Gil cree que basta con caminar por las calles para ver que en muchas de ellas no hay vecinos, sino turistas, y que los comercios tradicionales han desaparecido desplazados por franquicias o establecimientos de ocio. Un cambio en la oferta comercial que dificulta la vida de los vecinos y está transformando a fondo barrios «de toda la vida».

Por todo ello, el docente cree que este «monocultivo» de un turismo de masas y sin freno ha entrado en una fase que necesita replantear sus límites para poner coto a sus excesos. «Buena parte de las ciudades del mundo están avanzando en ello y creo que Alicante debería evitar que la ciudad siga abandonada a un turismo sin límites», apunta.

"La política turística en Alicante es vender la ciudad"

José Ramón Navarro Vera es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha sido catedrático de Urbanística en la Universidad de Alicante, autor de más de una decena de libros, fue miembro de la PIC y la suya es una de las voces autorizadas más reconocidas de la provincia de Alicante en cuanto a urbanismo. Además de todo lo anterior, es vecino del Centro de la ciudad, una de las zonas más afectadas por la turistificación.

«Donde yo vivo quedaremos unos pocos viejos y cuando muramos ya no quedará nadie, todo serán turistas», lamenta. Navarro Vera considera que lo más llamativo es que este fenómeno ya no afecta únicamente al Casco Antiguo o al Centro Tradicional, sino que ha empezado a extenderse hacia otros barrios que, hasta ahora, tenían una menor afección turística. «Echo mucho en falta más trabajo académico sobre este fenómeno» -incide- «porque la ciudad está vacía de vida local, el paisaje humano cambia cada día y genera una sensación de desafección y desarraigo en su gente que es muy difícil de revertir».

Un desapego que afecta especialmente a la juventud, según el ingeniero: «Alicante solo ofrece oportunidades de trabajo en la hostelería, y el trabajo no significa necesariamente generar riqueza, así que los jóvenes se marchan a buscarse la vida». En cuanto a los motivos de este panorama, Navarro Vera cree que el modelo turístico que se está impulsando actualmente en la ciudad «solo consiste en venderla, pero no busca generar crecimiento, ni dotarla de un claro impulso cultural...»

Este horizonte, según él, «es descorazonador» y se traduce en una ciudad «sin afecto ni sensibilidad a la que uno no puede sentirse muy unido, porque parece que no pertenece a las personas que viven en ella, sino a las que la visitan».

"Las viviendas vacacionales no generan empleo"

Antes de ser profesor en la Universidad de Alicante, Tomás Mazón trabajó durante 30 años en dos conocidos hoteles de la ciudad. Ahora, imparte clases a los estudiantes del Grado en Turismo. Sus alumnos, según cuenta, son precisamente quienes más le preocupan: «El modelo que se está impulsando de alquiler de viviendas no les va a dar trabajo».

«Los apartamentos turísticos deben de ser un negocio espléndido porque están creciendo muchísimo» -reflexiona- «pero lo que debemos preguntarnos es para quién son esos beneficios y, sobre todo, si ese es el tipo de turista que queremos atraer». Para responder a estas preguntas, Mazón cuestiona cuántas de las viviendas de corta estancia que se ofertan en Alicante cumplen debidamente con sus obligaciones fiscales, además del escaso número de empleos que generan, por lo que el gran margen de beneficios que se produce con este tipo de alquiler se concentra en un bajo número de inversores.

En cuanto al perfil de quienes se alojan en los apartamentos, Mazón destaca que se trata de un turista «con un nivel económico inferior al que suele recurrir a los hoteles y que, además, no produce gasto en el entorno en el que aloja». Al margen de la cuestión económico-laboral, el docente cree que estos alojamientos afectan negativamente a la convivencia vecinal: «En las escaleras donde hay apartamentos se produce un trasiego de gente que no conoces, ya no te cruzas con el vecino, sino con personas que cambian constantemente y no sabes quiénes son».

Además, Mazón reclama un mayor control: «En los hoteles se hace una ficha de cada cliente que va a parar a la Policía, en las viviendas gestionadas individualmente muchas veces entrega el pasaporte un inquilino y terminan durmiendo cinco o seis».