Así ha sido el Pleno de Alicante: unanimidad de los grupos contra los macrodepósitos del puerto

La concejala de Bienestar Social culpa de la falta de vivienda social a la Generalitat y se escuda en el trabajo de los funcionarios de su área para justificar su labor

La sesión del mes de febrero se salda sin que el equipo de Gobierno aporte novedades sobre el estado en el que se encuentra la tramitación de la cesión de La Británica y sin consenso sobre los actos del 8M

Sigue en directo el pleno del Ayuntamiento de Alicante / INFORMACIÓNTV

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Este jueves, el Ayuntamiento de Alicante celebra el pleno ordinario del mes de febrero. Una sesión que vuelve a su fecha habitual tras celebrarse el pasado mes de enero en martes por su coincidencia con Fitur.

El pleno ha dado comienzo con un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de género que en el último mes se ha cobrado tres nuevas víctimas mortales. El alcalde Alicante, Luis Barcala, ha dado lectura de los nombres de las asesinadas y, tras ello, todos los concejales se han puesto en pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas. Tras ello, se ha hecho constar el dolor por las víctimas del incendio de València.

Tras esta intervención se ha dado lugar al trámite habitual de aprobación del acta de la sesión anterior, que se ha aprobado sin intervenciones al respecto. Después se ha dado paso a la aprobación la propuesta de alcaldía para la celebración de los actos de la Santa Faz, para que las concejalas del Consistorio, Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, sean las síndicas en la Romería de la Santa Faz, que se celebrará el jueves 11 de abril. 

Como Caballeros Custodios de la Reliquia desde que sea extraída del camarín donde se venera y hasta su regreso continuarán desempeñando el cometido, Salvador de Lacy Pérez de los Cobos – Marques de Lacy- y Eleuterio Llorca Martínez. El PP, Vox, PSOE y Compromís han votado a favor y Esquerra Unida-Podemos se ha abstenido en la votación en el pleno.

La siguiente propuesta de expediente aprobada en el pleno correspondia al área de Urbanismo que ha dado luz verde a la apertura del vial de conexión interno entre el campus de la Universidad de Alicante y el Parque Científico, de forma que se regulariza esta conexión destinada especialmente al tránsito peatonal y ciclista, aunque no se excluye el de vehículos a motor. Esta aprobación, que ha contado con el apoyo de todas las formaciones políticas, permite la apertura "inmediata" del vial ya ejecutado.

Zona azul

El pleno ha debatido la externalización del servicio de retirada de vehículos y la ORA, cuyo contrato terminaba el próximo 22 de mayo. Los servicios de retirada, inmovilización y depósito de vehículos (ORA) concluía en tres meses tras diez años de vigencia, aunque prácticamente tres de estos años han sido a través de prórrogas —una de ellas, de 204 días por la pandemia— al contrato.

Antes de debatir la propuesta, ha intervenido en el Pleno, Mateo Pinheiro, presidente de la Asociacion de Vecinos el Pla, que ha mostrado la disconformidad de su entidad con esta propuesta y ha pedido al pleno que no se apruebe. "La zona azul es inútil porque esta ordenanza solo sirve para que los que no pueden pagar la ORA se vean expulsados de estos aparcamientos, saturando los barrios próximos al centro", ha señalado.

Finalmente, tras el debate, la propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP (14) y Vox (4), la abstención del PSOE (8) y los votos en contra de Compromís (2) y EU-Podemos (1).

Centros escolares

Los grupos municipales del PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos se ha unido para presentar una moción conjunta por la que se acuerda la creación de una comisión no permanente del Pleno para el seguimiento de las competencias municipales en materia de mantenimiento, limpieza y seguridad de los centros escolares municipales en un proceso de actualización del mapa escolar. Los tres grupos han afeado la falta de iniciativa por parte de la concejala de Educación, Mari Carmen de España, en la resolución de los problemas que afectan a los centros educativos.

El debate se ha iniciado cuando el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha denunciado "censura" por parte del equipo de gobierno que, en sus palabras, "comunica a las personas que han solicitado intervenir en el pleno el mismo día que no pueden". Se refería a Juan Carlos de la Torre, presidente de la Federación de AMPA Enric Valor, que, pese a haber solicitado su intervención, finalmente ha sido rechazada.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha intervenido en este punto para aclarar que esta intervención no se ha podido realizar porque la entidad "no está inscrita" en el registro oficial municipal. "Las conspiraciones las dejamos aquí, no digo señor Copé que usted esté mintiendo, sino que esta persona no cumple los requisitos", aclara Barcala.

Por su parte, la concejala de Educación, Mari Carmen de España, se ha defendido de las acusaciones aportando datos en los que ha indicado que en los últimos dos meses se han realizado más de 680 intervenciones en centros escolares y que hay pendientes de ejecutar unas 350 actuaciones, de un total de 1.050 partes abiertos desde los centros escolares.

Tras conocer estos datos, el concejal del PSOE, Raúl Ruiz, ha indicado que "vivimos en realidades muy diferentes" y ha indicado que "no hay dinero para el plan municipal para reparar centros educativos, nos tiene hartos y engañados", ha asegura Ruiz.

Bienestar Social

Uno de los momentos más tensos del pleno se ha vivido durante la intervención de la concejala de Bienestar Social, Begoña León, que ha comparecido a petición del grupo municipal socialista para que diera cuenta de diferentes cuestiones referentes a su área como los desahucios o la falta de vivienda pública.

Antes de la intervención de la responsable de Bienestar Social ha sido el turno de intervención de la concejala socialista, Silvia Castell, que ha señalado que "las personas desahuciadas en la ciudad se enfrentan a un mercado de alquiler sin oportunidades" y ha pedido explicaciones sobre la falta de vivienda social "porque hay 92 familias en lista de espera en Alicante".

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha empleado su turno de intervención para apuntar que "estamos generando una ciudad en la que se pone la alfombra roja a los turistas y se machaca a las personas que necesitan una vivienda". Además, el portavoz de Compromis, Rafa Mas, ha recordado a la responsable de Bienestar Social que su área "devolvió más de 3 millones de euros en ayudas a la Generalitat".

El turno de intervención de la concejala Begoña León ha encendido al pleno y ha puesto al pleno de pie durante su intervención que ha abucheado sus palabras. Todo ello, cuando León, por ejemplo, ha señalado que la responsabilidad de la gestión de alternativa habitacional es "responsabilidad de la Generalitat".  "En esta concejalía los funcionarios trabajan día a día y no hay un solo informe pendiente de firma de la concejala de Bienestar Social de este Ayuntamiento", ha asegurado León.

En la sala, en la que se encontraban miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y la madre de la familia desahuciada el pasado mes de enero con dos menores, Isabel López, ha apuntado que "es mentira lo que está diciendo, a mis hijos no se les ha ayudado, no hay ningún seguimiento a mi familia y no se han enterado de nada porque no han querido enterarse. La unica solución que me dan es que entregue a mis hijas a los servicios sociales", ha indicado López.

La Británica

Tras el receso en la sesión plenaria el grupo municipal de Compromís ha planteado una cuestión acerca de cuándo el Ayuntamiento de Alicante remitirá la documentación exigida por el Gobierno Central para lograr la cesión definitiva de la titularidad de La Británica. Una pregunta que son, en realidad, tres. La primera, en referencia al estado de la tramitación por parte de Patrimonio del Estado para ceder la antigua refinería al Ayuntamiento. La segunda, por los requerimientos que ha recibido la Administración del Estado del Ayuntamiento. Y la tercera, sobre la fecha en la que se prevé hacer efectiva la cesión.

A la pregunta, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha aclarado que el Ayuntamiento habría remitido al Gobierno parte de la documentación exigida. Pese a ello, de todos los trámites descritos por la concejala, ninguno de ellos es el que espera el Ministerio de Hacienda, que espera desde hace casi 600 días a que el Ayuntamiento realice el trámite patrimonial para certificar la cesión de los terrenos. Sobre este, nada se ha dicho.

Gómez sí que ha aprovechado su declaración para poner en duda la "salubridad" de las instalaciones de la Británica. "No aceptaremos un bien que no es seguro, ¿o acaso quieren que asumamos una trampa? Este equipo de gobierno quiere recuperar la Británica, pero lo haremos con financiación y cuando el Estado garantice las condiciones de salubridad. Hacerlo antes sería una irresponsabilidad", aclara Gómez. 

Hace ya casi 600 días, en julio de 2022, el Gobierno central, a través de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, dio el visto bueno a la cesión del complejo industrial de La Británica. Eso sí, había una condición previa a la formalización del trámite, de la que nada se sabe. La petición quedó negro sobre blanco en un escrito de la Delegación de Economía y Hacienda al Ayuntamiento, el último del que se tiene constancia entre ambas administraciones, en el que se solicitaba al ejecutivo municipal que "asumiera la obligación de llevar a cabo la inscripción de la segregación de la parcela rústica cedida".

En el Gobierno central siguen esperando, casi un año y medio después, a que el Ayuntamiento ejecute ese trámite para certificar la cesión de unos terrenos que completaría un proceso que empezó hace aproximadamente una década. No hay constancia de que el gobierno municipal haya hecho nada en este último año y medio, tampoco tras las elecciones del 28M con los cambios en el ejecutivo liderado por Barcala.

Sin consenso por el 8M

Dos declaraciones instituciones diferentes con motivo del Día Internacional de la Mujer, y ningún consenso. Finalmente, el pleno del Ayuntamiento de Alicante no ha alcanzado, como viene siendo habitual año tras año, un consenso para sacar adelante una declaración institucional conjunta que muestre su rechazo a la violencia contra la mujer.

En primer lugar, ha tenido lugar la lectura de la propuesta de declaración institucional que han trasladado las fuerzas de izquierdas de la oposición. Su lectura ha corrido a cargo de la concejala del PSOE, Trini Amorós, la concejala de Compomís, Sara Llobell, y el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé. Tres intervenciones, más la de, Arancha Luque, secretaria de Mujeres e Igualdad de la U.I. de CCOO l’Alacantí – Les Marines, que no han convencido a Partido Popular ni a Vox que han votado en contra, rechazando la propuesta, que ha contado con los apoyos de los partidos que la han llevado al pleno: PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos

Tras ella, era el turno de la declaración institucional del Partido Popular en materia de igualdad con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer. Una declaración, leída por la concejala de Bienestar Social Begoña León, que tampoco ha convencido a los presentes. Finalmente, ha sido rechazada con los votos en contra de Vox, PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos y solo ha contado con el apoyo del propio PP.

Asilo de Benalúa

El pleno ha aprobado la declaración institucional conjunta de los grupos Compromís y Esquerra Unida-Podemos por la que se ha acordado instalar al equipo de gobierno a estudiar las fórmulas para la adquisición del antiguo asilo de Benalúa para destinarlo a uso público. Pese a la buena noticia, esta iniciativa ha salido adelante sin el apoyo del equipo de gobierno del Partido Popular, que se ha abstenido en la votación, mientras que el resto de formaciones Vox, PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos han votado a favor.

La iniciativa ha sido defendida por los portavoces de las formaciones que la han presentado y también ha contado con la lectura de un manifiesto a su favor el presidente de la asociación vecinal El Templete de Benalúa, Ernest Gil, ha señalado que es "necesario" salvar el asilo de Benalúa. "El edificio tiene un gran valor para todos y está ubicado en un barrio que ahora mismo es un páramo, no hay nada, y esto puede aportar en muchos sentidos. Podría ser un centro de día o un centro social, tiene un potencial increíble, e incluso podría actuar como biblioteca o como centro cultural dinamizador de una zona que parece que se está quedando atrás", aclara Gil.

Las razones que ha aportado el equipo de gobierno para votar en contra las ha dado la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien ha señalado que parece que "ahora es la oposición la que le busca compradores al Obispado". "Nos consta que ya hay compradores interesados en adquirir el inmueble, pero somos conscientes de que el barrio necesita espacios de calidad y estamos trabajando en ello. En Benalúa disponemos de espacios que trataremos de poner en orden para que puedan tener un uso por parte de los vecinos, creo que los vecinos ya son conscientes de esto", señala Gómez.

Transporte público a Villafranqueza

La declaración institucional que sí que ha contado con el apoyo de todos los miembros que componen el Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha sido la presentada por el grupo municipal socialista para mejorar el transporte público en Villafranqueza. El acuerdo insta ahora a requerir al President de la Generalitat, Carlos Mazón, a que mejore las conexiones de este barrio con la Universidad de Alicante, el Hospital de Sant Joan y con las poblaciones próximas además de habilitar un paso ciclopeatonal seguro entre Villafranqueza y Alicante.

El presidente de la Asociación de Vecinos de El Palamó, Jose Francisco Pascual, ha relatado la situación que vive el barrio con un transporte público con el que tardan "menos andando que en autobús para ir a San Vicente". "Solicitamos la mejora del transporte público, es una problemática conocida porque son muchos los años los que venimos reclamando una solución a los problemas que hacen que no podamos sentirnos como unos verdaderos alicantinos", asegura Pascual.

En el mismo sentido se han pronunciado PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos y también Vox, cuyo portavoz ha señalado que apoyado la propuesta, pero "porque apoyan a los vecinos del Palamó, pero esta no es la herramienta", ha indicado Mario Ortolá.

Por su parte, el concejal de Transporte, Carlos de Juan, ha anunciado que en las próximas semanas se convocará mesa de Transporte. "Plantearemos dos propuestas, una a corto plazo que pasará por conectar la línea 6 con la 38 para resolver el problema de conexión con el Hospital de San Vicente y una a largo con la Generalitat para conformar un conjunto operativo que de servicio a Alicante", indica de Juan

La propuesta ha salido adelante con unanimidad con los votos favorables de todos los grupos.

Macrodepósitos

Compromís ha vuelto a presentar una declaración institucional en el pleno del Ayuntamiento de Alicante para que todas las fuerzas municipales muestren su rechazo al proyecto de macrodepósitos en el Puerto de Alicante, que se ha aprobado por mayoría de todos los grupos. La declaración insta a la Generalitat y el Gobierno del Estado a mostrar su rechazo a la instalación y a buscar los mecanismos legales a su alcance para impedirla.

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha urgido al pleno a reactivar comisión municipal Puerto-Ciudad para dialogar sobre la integración del Puerto. “El Partido Popular está titubeando ante un asunto que parecía tener anteriormente claro. Esta iniciativa la debería presentar el alcalde, como ya se hizo en 1995, y no la oposición", ha aclarado Mas. 

Tras la intervención de todos los grupos el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha tomado la palabra y ha querido remarca que "lo diré por enésima vez, creo que lo he dicho con claridad meridiana, nuestra postura es una y es la de; no a los macrodepósitos". Barcala ha acusado a Mas de cómplice con la situación actual porque "Compromís se lavó las manos y no fueron capaces de enviar a Alicante los informes sobre impacto ambiental", aclara.

Además, el alcalde ha asegurado que su equipo de gobierno está "trabajando" en una estrategia acerca de su línea de actuación respecto a los macrodepósitos. "Nuestra postura, y la de la Generalitat, está condicionada por la sentencia del TSJ de la que estamos pendientes. Nosotros estamos trabajando en este tema, pero nunca recibimos ayuda suya cuando estaban en Conselleria", indica Barcala.