Un expresidente del Real Madrid permanece en una fosa común en el cementerio de Alicante

Los restos del que fuera presidente del Real Madrid entre 1937 y 1938, Antonio Ortega Gutiérrez, (Rabé de las Calzadas, Burgos, 17 de enero de 1888 - Alicante 15 de julio de 1939) permanecen en una fosa común en el cementerio municipal de Alicante. Antonio Ortega fue un militar que en el transcurso de la Guerra Civil estuvo al frente de la Dirección General de Seguridad (DGS) con el gobierno de Juan Negrín. En 1937 ingresó en el Partido Comunista, según el historiador Hugh Thomas. Llegó a ascender al rango de coronel, dirigiendo varias unidades del Ejército Popular de la República. 

Durante la contienda, Ortega ocupó el cargo de presidente interino del Madrid Fútbol Club, nombre que el equipo adoptó durante la República, eliminando el adjetivo «Real» que le había otorgado el Rey Alfonso XIII en junio de 1920. Fue el décimo dirigente en la historia del club blanco, que en ese momento apenas contaba con dos ligas en su palmarés, las de 1932 y 1933, así como la Copa de España de 1936.

Tras la victoria del bando franquista en la Guerra Civil en 1939, Ortega huyó a Alicante con la esperanza de escapar al extranjero. Sin embargo, según la investigación publicada por el periodista y productor televisivo tarraconense Frederic Porta y el historiador Ramon Usall, fue capturado por las tropas franquistas en Alicante y trasladado al campo de concentración de Los Almendros. 

Posteriormente, fue trasladado al campo de Albatera y finalmente al castillo de Santa Bárbara en Alicante. Allí, el 15 de julio de 1939, después de un juicio sumarísimo, fue ejecutado por garrote vil a la edad de 51 años.

Su cadáver fue depositado en una de las fosas comunes situadas en el cuadro 19 del cementerio municipal de Alicante donde todavía permanece junto a 52 hombres más, que también fueron sentenciados a muerte en el mismo año tras un juicio sumarísimo, según datos de un informe realizado por el Consell.

En marzo de 2022, el gobierno autonómico del Botànic licitó los trabajos para comenzar a actuar en dicha fosa común. La empresa adjudicataria detectó que, además de los 52 cadáveres de la época de represión franquista, había más personas enterradas encima de ellos, probablemente depositadas antes de los años 80, cuando el acceso a los nichos quedaba limitado a la capacidad económica de cada uno. 

Este descubrimiento encareció las actuaciones y la empresa decidió renunciar, a pesar de que el Consell había aumentado en un 20 % el contrato sin éxito alguno, según ha explicado a este diario el concejal de Patrimonio de Elda y exdirector general de calidad democrática de la Generalitat, Iñaki Pérez.

Ley de Concordia

Con el actual gobierno autonómico de PP y Vox que encabeza Mazón en la Comunidad Valenciana, las subvenciones en materia de memoria democrática estarían en peligro, según Pérez. La proposición de ley de Concordia no reconoce las ayudas que actualmente pueden darse a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Es más, la norma «disuelve todas las comisiones, los organismos y las instituciones autonómicas de carácter público» que se crearon por la todavía vigente ley valenciana de Memoria Democrática de 2017 aprobada por el gobierno del Botànic. 

Este diario se ha puesto en contacto con los familiares de Antonio Ortega para contribuir a la redacción de la noticia, pero no ha recibido respuesta.