Luis A. Martínez Giner, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y presidente del Tribunal Administrativo Local de Alicante de la UA, protagonizó la intervención titulada «Retos Financieros y tributarios municipales en la era post covid» en la que destacó el papel que han jugado los ayuntamientos para ayudar a los vecinos durante la pandemia. «La covid-19 enfatizó algunos de los problemas clásicos de la financiación de los ayuntamientos, que vieron agravado su situación por la pérdida de poder de recaudación y aumento del gasto para ayudar a los vecinos», recordó.
No obstante, el catedrático consideró que la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021, que incluía también la no exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, ha demostrado que «la flexibilidad de las normas ha funcionado y eso es algo que debemos aprender». En este sentido, subrayó que las entidades locales son las «más cumplidores en cuanto a las reglas fiscales» al detallar que, en 2020, «el déficit del Gobierno era del 7,5% y de las autonomías del 0,21% frente a un superávit de las entidades locales del 0,26%».
Por ello, opinó que ha llegado el momento de dar más autonomía en materia de gastos a los municipios y dejar la situación actual que «parte de una cierta desconfianza por parte del Estado». Desde el punto de vista de Luis Martínez, «cuando el legislador ha dotado de mecanismos ágiles es cuando los consistorios han hecho un buen uso de ellos».
Ingresos municipales
En cuanto a los ingresos municipales, el también presidente del Tribunal Administrativo Local de Alicante de la UA defendió que el «sistema tributario debe ser más moderno y adaptarse a la situación actual», opinando que «se ha perdido una oportunidad para plantear una reforma en términos verdes y también de carácter inmobiliario».
Así, explicó que el IBI es un impuesto muy importante, pero no hay que sobrecargarlo, al tiempo que abogó por un impuesto sobre vehículos que debe responder a un carácter medioambiental. Además, consideró que el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) tiene recorrido recaudatorio todavía, mientras que lamentó la situación creada con el impuesto de las plusvalías. «Es una decepción lo que ha pasado. No ha contentado ni a contribuyentes, municipios, ni al Tribunal Constitucional. Creo que la situación pone de manifiesto la desidia del legislador», opinó.
Además, auguró que es posible que haya un aluvión de reclamaciones porque el Estado ha estado cuatro años sin hacer nada con respecto al impuesto de las plusvalías frente a los territorios forales que sí se adaptaron. Por ello, defendió la creación de un fondo que sirva para amortiguar el más que presumible impacto económico que se vislumbra en el futuro.
