La condena a un año de prisión al arqueólogo municipal de Crevillent, por trato degradante y acoso laboral a una trabajadora, publicada el domingo por INFORMACIÓN, ha generado la repulsa de la Asociación Feminista, que ha hecho público un comunicado en el que califica de «calvario» lo que sufrió la denunciante y condena «este caso de acoso laboral sufrido por una funcionaria, ante el que no podemos ser indiferentes puesto que ha sido una mujer la que ha sido víctima de acoso laboral en el Ayuntamiento de Crevillent». El colectivo recuerda que esta situación ha tenido una incidencia en su salud ocasionada por este acoso «que se considera una de las formas de violencia, en este caso moral o psicológica. En este sentido, consideramos que este funcionario ha vulnerado gravemente los deberes y obligaciones que tienen todos los empleados públicos».

La asociación denuncia «el comportamiento de los responsables municipales que no tuvieron la valentía de resolver el asunto por vía interna, ya que se denunció internamente, pero prefirieron derivarlo por vía penal para no tener que tomar ninguna decisión de organización hasta que se pudiera demostrar el acoso. Esto se agrava porque el Ayuntamiento tuvo numerosas quejas de otros casos, por lo que cuesta entender que pusieran en duda las declaraciones de esta trabajadora y provocara, no solo que no se pusiera fin a este acoso, si no que ha sido la víctima la que ha tenido que pasar más de diez años de calvario judicial para que se le diera la razón». Las feministas critican la «ineficacia y la mala gestión del equipo de gobierno de entonces, a excepción del apoyo constante de una concejala, que no quisieron resolver este tema por vía interna, dejando a la víctima totalmente desamparada y llegando a apartarla de su puesto de trabajo -dejando al causante de todo esto en su puesto de trabajo-».

En el mismo sentido, Esquerra Unidad de Crevillent ha dado apoyo a la trabajadora en un comunicado, tanto a ella como a otros funcionarias que han podido estar «maltratadas durante años que el arqueólogo ha ocupado su puesto de trabajo desde el cual tenía un abuso de poder». Al mismo tiempo, exigen «responsabilidad a la corporación municipal, conocedora de estos actos que se han producido durante años», como recoge el expediente disciplinario.

La formación política solicita que tras esta sentencia definitiva, «el actual funcionario quede inhabilitado de sus funciones como arqueólogo municipal, director del Museo Arqueológico y del Museo Mariano Benlliure».