Directivos y trabajadores de una empresa de compraventa de ropa de Cocentaina testificaron ayer en el juicio a una supuesta red de envío de material a Daesh que las prendas militares halladas en una nave y en un contenedor en el puerto de Valencia iba a ser vendida en Melilla y no en Siria.
La Audiencia Nacional reanudó este martes el juicio a siete acusados de integrar una organización que supuestamente envió entre 2013 y 2015 desde España a Siria e Irak material para los grupos terroristas Dáesh y Jabhat al Nusra, sobre todo uniformes militares, pero también armas, explosivos, equipos electrónicos y de transmisiones y dinero.
En la vista compareció como testigo el director de contabilidad de la empresa de reciclaje y compraventa de ropa usada del acusado Nourdine Ch.A. El testigo fue interrogado por la ropa militar que fue encontrada en 2016 en el registro en una nave de Cocentaina y en un contenedor de la empresa en el puerto de Valencia y aseguró que la cantidad de ropa militar que comercializaba la empresa era ínfima y que su destino era una empresa de Melilla que se la vendía a marroquíes pero nunca Siria.
Este directivo y otros trabajadores de la empresa coincidieron en que las exportaciones de la empresa tenían como principales destinos países de África, donde se enviaba la ropa de peor calidad, y de Europa, la que estaba en mejores condiciones. Reconocieron que también realizaron ventas en Irak y Turquía, pero siempre de ropa usada y nunca de otro tipo de material como armas.
El responsable del área comercial de la empresa concretó en relación con la ropa militar que nunca contactaron con ejércitos, ni con guerrillas ni con grupos armados. Los directivos de esta compañía aseguraron que nunca tuvieron relación con la empresa del acusado Ammar T., un ciudadano sirio nacionalizado holandés, que constituyó en 2013 en Cocentaina la empresa de exportación Tigre Negro y que es considerado por el fiscal el cabecilla de la organización.
También declaró la contable de la empresa Tigre Negro que recordó que trabajó en una nave de la empresa en Alcoy, y que aseguró: «Nunca vi nada militar por allí». La testigo manifestó que no cree que Ammar T., , presunto cabecilla del grupo y detenido en Crevillent, sea yihadista ni financiador del yihadismo, ya que «tenía el dinero justo».
Dos agentes de Vigilancia Aduanera confirmaron que el de 2 de marzo de 2016 registraron un contenedor en el puerto de Valencia que en el fondo contenía 99 bultos con uniformes militares junto a otros varios centenares llenos de ropa usada.
El fiscal pide penas de entre 13 y 28 años de prisión para los acusados como presuntos autores de delitos de pertenencia y financiación de organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo, tenencia de armas de fuego y blanqueo de capitales.
