No hubo sorpresas. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó ayer, tras más de dos horas de intenso debate y con los votos en solitario de PSOE y CDL, la modificación a la baja del contrato de recogida de basura y limpieza viaria adjudicado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que supondrá un ahorro de 3,9 millones a las arcas públicas -un 27,58%- y fija el canon anual por la prestación del servicio en algo más de 10 millones.
El ejecutivo se escudó en el plan de ajuste y en el aval de los informes técnicos -propios y externos- para dar luz verde a dicha rebaja, y se vio forzado a aceptar una enmienda del PP para incluir en el orden del día el compromiso de iniciar los trámites para llevar a cabo una rebaja de la tasa de basura que pagan los ciudadanos paralela al abaratamiento del servicio. Ahora bien, pese a citar en diversas ocasiones a los técnicos y a las reiteradas peticiones por parte de la oposición, ningún portavoz del ejecutivo dio explicación alguna sobre los supuestos incumplimientos del contrato que, según los técnicos, FCC habría estado realizando desde el inicio de la concesión. O, lo que es lo mismo, cuánto dinero ha pagado en los últimos años de más el Ayuntamiento -y los ciudadanos con sus recibos- a FCC. Y, sumado a todo ello, tumbó una moción presentada por la vía de urgencia por el PP para realizar una auditoría externa del servicio entre los años 2009 y 2012, apoyada por los populares y Juan Ángel Ferrer, y a la que PSOE y CDL se opusieron.
El debate sobre la modificación del contrato de recogida de basura fue el primer punto incluido en el orden del día de ayer y buscaba poner fin a meses de especulaciones sobre las condiciones en las que la empresa habría estado prestando el servicio, auspiciadas por el propio alcalde, Agustín Navarro, cuando en abril del pasado año reconoció que FCC facturaba por servicios que realmente no prestaba. El portavoz socialista, Conrado Hernández, destacó que a partir de ahora se facturará "cada mes en función de la realidad del servicio que exista en cada momento", lo que "evitará que haya desfases presupuestarios" porque "sólo se podrá facturar por los precios aprobados cada año y los servicios prestados y fiscalizados". Entre las medidas recogidas en el acuerdo para permitir el abaratamiento de los costes, Hernández destacó la implantación de la carga lateral, con la colocación de hasta 500 nuevos contenedores en distintos puntos de la ciudad, que harán que hagan falta menos operarios para realizar el servicio. Desde el ejecutivo insistieron en que estas medidas no supondrán el despido de ningún trabajador fijo de la plantilla -que cuenta con 122 operarios-, sino que estos serán recolocados en servicios de limpieza viaria "sin que suponga una pérdida de poder adquisitivo". Tanto el PSOE como la portavoz de los liberales, Gema Amor, destacaron que se trata de un acuerdo "muy beneficioso" para la ciudad, tras lo cual indicaron que, a diferencia de otras ciudades en las que también ha habido rebajas, "no habrá despidos ni huelgas".
Las tesis de la oposición
No opinaron lo mismo los ediles del PP -que se abstuvo en la votación- ni el no adscrito Juan Ángel Ferrer, quien votó en contra. En ambos casos reclamaron al gobierno explicaciones sobre las irregularidades que hasta ahora habría estado realizando FCC, aunque se distanciaron a la hora de atribuir responsabilidades.
El portavoz popular, Antonio Pérez, se refirió al alcalde Agustín Navarro para manifestar que "sólo usted sabe de los incumplimientos que ha realizado la empresa", a la vez que lamentó que en el acuerdo no se explica qué pasará con la revisión de precios de los años 2009, 2010 y 2011 por los que la empresa ha planteado un contencioso al Ayuntamiento en el que reclama el pago de tres millones de euros o con la amortización de vehículos. Asimismo, los populares mostraron sus dudas sobre los perjuicios que la implantación de la carga lateral generará sobre la imagen y la escena urbana, puesto que obligará a que haya "contenedores instalados de forma permanente en las calles", lo que podría redundar en un incumplimiento de horarios a la hora de sacar la basura a la calle.
Por su parte, el edil no adscrito denunció que el precio de la contrata ha pasado de los 4,2 millones que se pactaron en 1993 a más de 16 en 2012, "sin que la población o la planta hotelera se haya cuadruplicado", un incremento "injustificado" que atribuyó a los anteriores gobierno del PP. De lo que sí culpó al actual ejecutivo fue de no haber dado respuesta a numerosos interrogantes -entre ellos, "si hay calles de otros pueblos que se han limpiado con medios"- y lamentó que "la empresa ha negociado con un contencioso en las manos y el gobierno, con las manos atadas, sin ni siquiera haberse preocupado por saber cuánto le debe la empresa al Ayuntamiento por servicios que no ha hecho, sino haciendo borró y cuenta nueva". Por último, aseguró que Benidorm pagará a FCC más dinero por camiones, contenedores, seguros e incluso ropa de los operarios que lo que se paga por estos conceptos en otras ciudades.
