Una ludoteca, una sauna, una sala polivalente... Son algunas de las mejoras que la empresa responsables de la explotación de la piscina y el gimnasio del Palau d'Esports de Benidorm, Levantina de Servicios Acuáticos, ha ejecutado durante los últimos meses en el complejo a pesar de la orden de desahucio que pesa sobre ella desde el pasado mes de octubre. Unas obras que se han realizado, además, fuera de plazo ya que las mismas deberían haber concluido en diciembre de 2014, según el contrato de explotación que rubricó con el Ayuntamiento seis meses antes, en mayo de ese año.
El incumplimiento de esta parte del acuerdo fue, entre otras cosas, lo que motivó la decisión de resolver el contrato con la adjudicataria. Una resolución que sigue hacia adelante. De hecho, en el pleno municipal de Benidorm, celebrado esta misma semana, se aprobó el reinicio del expediente para desahuciar a la empresa de las instalaciones deportivas ante el riesgo de que el procedimiento hubiera caducado, tal y como ya publicó este periódico.
Aún así, la empresa Levantina de Servicios Acuáticos, que en la actualidad continúa con la gestión de las instalaciones deportivas del Palau, ha optado por realizar estas obras de mejora pese a que hace más de un año que se excedió el plazo para su ejecución y están con un pie fuera del Palau. En concreto, entre las reformas que ha emprendido la mercantil se encuentran la transformación de la antigua sala de ciclo indoor en una ludoteca para los más pequeños. Asimismo, también se han instalado nuevas duchas, una sauna y un baño turco donde antes se encontraba el jacuzzi. Además, se ha creado una sala polivalente en el sótano, según explicaron fuentes del Palau, que recalcaron que «ahora mismo no hay quejas de las usuarios y todo está funcionando de forma correcta». Las actuaciones efectuadas aparecían contempladas en el pliego de condiciones y deberían haberse realizado durante los primeros seis meses de gestión.
El quebrantamiento de esta parte del contrato, los problemas en el pago del canon, así como la falta de mantenimiento sumada al brote de legionela que se produjo hace ahora un año y obligó a cerrar durante quince días las instalaciones llevó al Ayuntamiento a incoar el expediente de resolución del contrato. Un proceso que concluyó en diciembre de 2015, después de que el Consistorio rechazara el recurso de reposición tramitado por la mercantil ante el acuerdo plenario que obligaba al desahucio.
Sin embargo, el contencioso administrativo contra el Ayuntamiento interpuesto por la concesionaria ralentizó el proceso, que vuelve a partir de cero tras el reinicio del expediente, aprobado el pasado martes. Si a ello se le añade el hecho de que la concesionaria haya ejecutado ahora las obras de mejora que no realizó en su momento ha provocado cierta inquietud entre algunos grupos de la oposición, que temen que finalmente la empresa pueda evitar el desalojo o reclamar una indemnización por daños y perjuicios al haber desarrollado «in extremis» las reformas proyectadas en el contrato.
Encarecimiento
«Hemos solicitado el expediente a las dos partes, al Ayuntamiento y a la empresa, para ver qué es lo que está pasando en un tema en el que el gobierno local parece olvidar que no tiene toda la potestad, pues la decisión está en los juzgados», indicó ayer el edil de Ciudadanos, Juan Balastegui, quien advirtió de sus dudas sobre la municipalización del servicio, que es el fin que se persigue. «Creemos que podría salir mucho más caro para el Ayuntamiento», apuntó el concejal.
Por su parte, el portavoz de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, también se sumó al malestar y alertó del riesgo de que estas obras finalmente se contabilicen en el proceso y haya que pagar una indemnización a la mercantil.
