¿Es viable echar abajo dos inmensas torres de viviendas que se construyeron con todas las licencias en regla, que tienen muchos de sus 168 apartamentos habitados y cuyos propietarios llegaron a invertir en años del boom hasta 720.000 euros por tener un piso de lujo frente al mar? Éstas y otras dudas son ahora las que vuelven a planear sobre las dos torres que coronan la Punta Llisera de Benidorm, conocidas como Gemelos 28, y cuyo plan de derribo ha resucitado estos días la Generalitat, tras sacar a licitación la redacción de un proyecto de demolición de ambos inmuebles que costará a la hacienda autonómica casi 85.000 euros.
Dicho estudio responde a una sentencia dictada en el año 2012 por el Supremo, que anulaba la licencia que el Consell concedió a la promotora del complejo, una filial del Grupo Ballester, para echar abajo el anterior inmueble -autorizado en 1988 y avalado por diversos fallos judiciales- y edificar las actuales torres, que invaden suelo de Costas.
El fallo dejaba a Gemelos 28 fuera de ordenación, pero no marcaba los siguientes pasos que había que dar. Ni siquiera, si las dos torres podían permanecer en pie pese a encontrarse en un limbo legal. Mientras que Tribunal Superior de Justicia aclara cómo se ha de ejecutar la sentencia, la Generalitat ha decidido adelantarse a todo e iniciar un estudio para saber cómo habría que ejecutar ese hipotético derribo.
Sin embargo, responder a la pregunta que inicia esta información resulta harto complicado. Principalmente, porque el Consell todavía no ha calculado a cuánto podría ascender la operación. Sólo en compensaciones a quienes compraron un piso de buena fe antes de la sentencia del Supremo, con precios que oscilaron entre los 460.000 y los 720.000 euros, el monto podría rozar los cien millones, a lo que habría que sumar el coste en sí del derribo. ¿Hay alguna administración en estos momentos con suficiente espalda para asumir tal cuantía?
El Ayuntamiento de Benidorm cree que, si la Generalitat tiene ese dinero, debería atender antes otras «urgencias» en la ciudad, entre ellas las obras el Centro Cultural o el IES Pere Maria, que llevan años paralizadas. Por su parte, algunos propietarios ya han avanzado sus dudas de que prospere el proyecto y, sobre todo, que, en el caso de que siga adelante, defenderán hasta el final su derecho a ser indemnizados. Si es así, falta saber quién pagará la fiesta.
