Rescisión del contrato actual y dar cumplimiento a una sentencia firme de 2007, y todo de mutuo acuerdo. El Ayuntamiento de Benidorm ya tiene el convenio que le permitirá quitarle la concesión de la estación de autobuses al empresario alicantino Enrique Ortiz y acabar con uno de los entuertos urbanísticos más importante de la ciudad. Para ello, se aprobó ayer el documento que ahora tendrán que firmar las partes y para el que ya se llegó a un acuerdo mutuo tras meses de negociación.

Ese convenio establece la valoración definitiva de la infraestructura de transportes; por tanto, lo que se le deberá pagar a Ortiz por rescindir el contrato y que asciende a 24,5 millones de euros. Una cantidad que no pagará el Ayuntamiento de Benidorm sino que será el nuevo adjudicatario del contrato el que tendrá que abonarla cuando se haga con la concesión. A lo que sí tendrá que hacer frente el consistorio, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, es a la devolución de los 630.000 euros de los tres avales que presentó la UTE Estación de Autobuses de Benidorm cuando construyó el inmueble.

Cabe recordar que fue una sentencia del Tribunal Supremo en 2012 la que ratificaba otra sentencia dictada por el TSJCV en 2007, que anulaba la autorización municipal que en 2003 concedió el Consistorio a Ortiz para ampliar la zona comercial de la terminal y, con ella, la concesión para su explotación. Así, el fallo de hace 9 años obligaba a rescindir el contrato de explotación entre el Ayuntamiento y Ortiz. Así, los últimos tres gobiernos de Benidorm habían intentado alcanzar un acuerdo con el empresario, algo que llegó en octubre de 2020 tras meses de reuniones.

El convenio aprobado ayer en el pleno, que volvió a ser telemático, solo contó con los votos del gobierno del PP, la abstención de Ciudadanos (Cs) y el rechazo del PSOE. Y es que la oposición mostró ayer sus reticencias tras comprobar que había algunas diferencias entre los últimos informes emitidos por Intervención y Secretaría. Pero el gobierno local ha recalcó ayer que no había «ningún reparo o informe contrario» que impidiera aprobar el convenio para poder firmarlo y llevarlo a cabo.

Así, las dudas mostradas por la oposición se referían en concreto al importe de la valoración fijado en 24,5 millones y que el Interventor apuntaba en un informe que debía ser de 3 millones menos. Pero el PP les apuntó que esa cifra ya estaba aprobada anteriormente y que ayer a lo que se le daba luz verde era al convenio. La portavoz del Gobierno local, Lourdes Caselles, recalcó además que el mutuo acuerdo con la empresa en cuanto a esa valoración evita además que la firma acuda al contencioso y reclame una cantidad mayor como el lucro cesante y el daño emergente que, según el informe del secretario municipal, «sería una contingencia extremadamente indeseable por el riesgo y peligro para los intereses económicos municipales».

El portavoz del PSOE, Rubén Martínez, volvió además a criticar que no se les permitió estar presentes en las reuniones de la comisión paritaria que alcanzó el acuerdo y acusaron al PP de «falta de transparencia de todo el proceso». El portavoz de Cs, Juan Balastegui, se refirió a las «divergencias» entre los informes técnicos y volvió a incidir que, si nadie se presenta a la nueva licitación, para la que hay seis meses de plazo, la concesión volverá a manos de Enrique Ortiz