A la tercera, es posible que sea la vencida. El Ayuntamiento de Altea está decidido a anular las concesiones administrativas de la ORA (zona azul), la grúa y el depósito municipal de vehículos que se le otorgaron a la empresa Asterita, del grupo Los Serranos, en el pleno municipal del 26 de abril de 2000 por un periodo de 60 años.
La corporación aprobó en el pleno “continuar con el procedimiento de revisión de oficio de la concesión administrativa para la gestión integral del servicio público de aparcamiento y la suspensión de la ejecución del contrato en lo relativo al abono por parte del Ayuntamiento de los gatos por depósito de vehículos de terceros”. El acuerdo contó con los votos a favor de Compromís, PSOE y Ciudadanos; y la abstención del Partido Popular, que gobernaba cuando se le dio la concesión a Asterita.
El pleno fue el tercero en que se abordó “la declaración de la caducidad del expediente y su revisión de oficio” de una concesión que con toda probabilidad es una patata caliente para el Ayuntamiento. El 27 de agosto de 2021, se aprobó inicialmente en el pleno municipal reducir el tiempo de concesión y resolver la deuda de 13 millones de euros que le reclamaba entonces la concesionaria al Ayuntamiento por los vehículos que permanecen en el depósito retirados por la grúa desde el año 2004. El pasado 5 de mayo volvió a la mesa del pleno el debate sobre dichas concesiones, aprobándose la declaración de caducidad del expediente “e iniciar un nuevo procedimiento de revisión de oficio en orden a la nulidad total o parcial del acuerdo del pleno de 26 de abril de 2000”. Y en el pleno de junio pasado, celebrado el día 30, se aprobó por tercera vez la anulación de la concesión “y trasladar el expediente al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana”. En los tres plenos, el PP se abstuvo.
En esta última sesión plenaria, el concejal de Infraestructuras, Diego Zaragozí, explicó que desde septiembre del año pasado “el Ayuntamiento ha mantenido diferentes reuniones con los responsables de la empresa concesionaria, Asterita, con el fin de llegar a un acuerdo. En ninguna de ellas nos han dado ninguna opción de aproximación, por lo que queda elevar este expediente ante el Consejo Jurídico para que dictamine, y así poder proceder adecuada y legalmente. Pues nosotros tenemos que defender los intereses de la ciudadanía ante todo”.
En este sentido, el edil señaló que “a la empresa le quedan 38 años de concesión y reclama casi 15 millones de euros [2 más que en agosto de 2021] al Ayuntamiento en concepto de los coches depositados en el retén, una demanda que se considera lesiva para los intereses del Ayuntamiento y los ciudadanos, y que no se considera justificada, pues son los propietarios quienes deberían pagar por sus coches retirados por la grúa que se mantienen en el depósito municipal desde 2004. El dinero que reclaman al Ayuntamiento no responde a una verdadera contraprestación mutua sino solo a un beneficio de la adjudicataria, y causa un evidente prejuicio a la Hacienda Municipal”, aseveró.
Por otro lado, Zaragozí indicó que la anulación de la concesión “tiene motivos justificados muy importantes, pues el contrato especificaba que la empresa tenía que construir cinco apartamientos públicos, y solo ha realizado uno frente al Centro Especial de Atención a los Mayores (CEAM) y el Centro Social de la Tercera Edad, inaugurado en marzo de 2006”.
Finalmente, el edil recordó su intervención durante el pleno de agosto de 2021 en donde afirmó que “por su trascendencia económica, la irregularidad más preocupante se cometió al enlazar la concesión de aparcamientos con la prestación del servicio de grúa municipal y del depósito de vehículos vistiéndolo como una mejora para el Ayuntamiento". Esta clausula "enmascara una concesión a 60 años de un mero contrato de servicio que no puede exceder los 4 años, beneficiando así a la empresa. Queremos que se anulen los puntos donde figuran el derecho de la empresa concesionaria a decidir unilateralmente los parkings que va a hacer o no, el servicio de grúa y el depósito de vehículos por considerar que no puede ser una mejora. Además de porque se ha venido interpretando que el Ayuntamiento es el responsable del coste del depósito de los vehículos que no son retirados por sus propietarios y pasan a ser considerados como residuos sólidos, una interpretación a debatir sobre quien es el responsable de los vehículos en depósito”
De cinco aparcamientos públicos proyectados, uno ejecutado
En marzo de 2000, se celebró un pleno extraordinario para debatir los pliegos de condiciones para la construcción de aparcamientos públicos en el municipio. El alcalde de entonces, el popular Miguel Ortiz, señaló que debían de ser las empresas especializadas en la construcción y explotación de aparcamientos públicos “quienes hagan los estudios pertinentes y propongan los lugares idóneos para la construcción de aparcamientos, así como el número de plazas que pueden albergar”, razón por la que “adoptamos la solución de dar unas concesiones administrativas por un máximo de 75 años que permitan a las empresas especializadas en aparcamientos públicos para que los construyan en el casco urbano”.
La intención del PP era que todas las empresas que optasen al concurso público “tengan las mismas oportunidades”, y que en mayo de ese año 2000 “adjudiquemos ya las obras”. El 11 de abril de dicho año se abrieron las plicas presentadas por las empresas Sociedad Europea de Estacionamientos (del grupo Saba), Estacionamientos y Servicios (del grupo Fomentos de Construcciones y Contratas), y Alteana de Aparcamientos, S.L (una empresa creada ex profeso para esta adjudicación desarrollada por el arquitecto alteano Luis Hernández), y en el pleno del 26 de abril se aprobaba la concesión de 5 aparcamientos a la empresa Asterita Inversiones, del Grupo Inerzia y Los Serranos, que había llegado a un acuerdo con el grupo Saba para la gestión conjunta de sus plazas de aparcamiento en la zona del Levante español.
Pero no fue hasta marzo de 2006 en que se inauguraba el primer aparcamiento, de los cinco previstos, situado frente al Centro Especial de Atención a los Mayores (CEAM) y el Centro Social de la Tercera Edad con una inversión de 1,5 millones de euros, capacidad para 218 vehículos, y una concesión para 60 años. En esa fecha el PP anunciaba que los otros cuatro aparcamientos subterráneos pronosticados (Passeig del Mediterrani, Plaça del Convent, Plaça dels Esports y Palau Altea-Facultad de Bellas Artes de la UMH) estarían finalizados en 2010. Pero nada de eso ocurrió. Solo se construyó otro en la Plaça de la Pau ese año, gobernando Altea el socialista Andrés Ripoll, con capacidad para 120 vehículos, a cargo de la empresa PKAL, la misma concesionaria del de la plaza del Ayuntamiento.
