La condena a Benidorm marca un récord de indemnización en la provincia de Alicante

La condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 283 millones de euros más otros 50 de intereses a los propietarios del suelo de Serra Gelada marca un récord de indemnizaciones a pagar por una Administración en la provincia de Alicante. Los tribunales han dictado recientemente varias resoluciones contra ayuntamientos obligándoles a indemnizar, pero los juristas consultados por este diario señalaron que no hay precedentes de una indemnización tan elevada.

En el caso de las expropiaciones por parte de la Generalitat Valenciana para el complejo de la Ciudad de la Luz, los tribunales elevaron la cuantía del dinero a percibir por los afectados a casi treinta millones de euros. Unas cantidades que, a pesar del tiempo transcurrido aún no se ha percibido por parte de los recurrentes, señaló el abogado de los perjudicados Ricard Sala. La sentencia todavía está en fase de ejecución en el Tribunal Supremo.

La familia Puchades se abre a negociar un acuerdo con el Ayuntamiento de Benidorm tras la sentencia de Serra Gelada

El Ayuntamiento de San Fulgencio fue condenado este año por el Tribunal Supremo a abonar una indemnización de 2,6 millones de euros a una promotora inmobiliaria a la que autorizó en la década de los 2000 la construcción de un complejo residencial pese a que el suelo sobre el que se levantó estaba destinado a equipamiento deportivo en la normativa urbanística. La empresa inició ocho bloques de pisos aunque finalmente solo terminó tres. Otros cinco quedaron construidos a medias, hasta que los permisos se anularon por los tribunales en 2015.

Más modesta fue otra condena del Tribunal Superior de Justicia al Ayuntamiento de Dolores al que imponía una indemnización de 60.041 euros por la ocupación de suelo de una empresa sin permiso para realizar la Feria de Ganado (Fegado) en el verano de 2018. También condenó al municipio a no volver a entrar en la parcela salvo permiso expreso de la propiedad o adquisición por parte del Ayuntamiento.

Otras condenas millonarias recientes han sido las de 4,8 millones por el TSJ al Ayuntamiento de Novelda a la entidad financiera que concedió el préstamo a la mercantil CSAD para la construcción de las instalaciones del Centro de Salud y Agua Deportivo, unas instalaciones que cerraron sus puertas en 2010, apenas dos años después de su inauguración. El Ayuntamiento de Guardamar también ha sido condenado a pagar una indemnización por lucro cesante de 3,2 millones de euros por anular la licencia para un centro comercial.

El TSJ condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 283 millones por el suelo protegido en Serra Gelada

El caso de Punta Llisera

La otra sentencia en cuantía similar a la de ahora es la que afecta al derribo de las torres de Punta Llisera, aunque en este caso el condenado es la Generalitat. El derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm lleva pendiente desde 2017. Los costes se calculan también millonarios porque entre los trabajos de derribo y las indemnizaciones a los 168 propietarios podrían acercarse a los 300 millones de euros. Las torres se encuentran fuera de ordenación desde el año 2012 cuando el Supremo al TSJ que anulaba las licencias otorgadas en 2005. En 2017, el particular que inició el proceso exigió ejecutar la sentencia y el TSJ ordenó a la Generalitat la demolición.