El PP en la Comunidad Valenciana se muestra rotundamente en contra ante la posibilidad de pasar de curso con algún suspenso, tal y como contempla la nueva ley educativa, conocida como ley Celaá, que está pendiente de su debate en el Senado la próxima semana.
La portavoz de Educación del grupo popular en las Cortes, Beatriz Gascó, sostiene que la reforma educativa deja los contenidos educativos en un segundo plano «y la política pasa a un primer plano», al transferir todas las competencias a las autonomías, por lo que han preparado decenas de enmiendas que cifra en 40, que van a presentar «ante los presupuestos de la Generalitat del próximo año». Entre ellas proponen que en Primaria y Secundaria no se permita promocionar ni titular con suspensos.
Gascó alerta por otra parte de que si se aprueba la ley Celaá tal y como la ha ratificado el Congreso de los Diputados, «nos vamos a quedar sin ese marco jurídico necesario para pararle los pies al nacionalismo, que pretende arrebatarle la libertad a los valencianos».
La popular se refiere a lo que su grupo denomina «catalanización» en las aulas, al considerar que «el catalán destierra al castellano y al valenciano de las aulas de la Comunidad» si el castellano deja de ser lengua vehicular y no se respetan las zonas castellano hablantes, extremos que el PP incluye en una de sus enmiendas.
Añaden además que se denieguen subvenciones a «aquellas entidades que hagan apología del independentismo y vayan contra la Constitución Española y nuestro Estatuto», y que por contra se subvencione a las que «defienden la legalidad, como la Cardona Vives, Lo Rat Penat o la ACV. Garantizan la libertad, la pluralidad y el valencianismo y no la imposición del catalán», sentencia Gascó.
Para esta diputada es igual de «peligroso el adoctrinamiento», por lo que su grupo también propone crear un grupo de inspectores específicos «que velen y vigilen el contenido de los libros de texto».
El partido mayoritario en la oposición incluye en sus enmiendas todos aquellos extremos que ha venido criticando y combatiendo sobre la política educativa del Consell. Insiste en defender la libertad de las familias para elegir centro y demanda que no se cierre ni una sola aula concertada «con demanda social en Primaria, Secundaria y Bachillerato», además de reclamar una «indemnización para los centros a los que se han eliminado los conciertos y ahora han tenido que restituirlo, así como actualizar los conciertos y destinar les más fondos».
Un millón contra el abandono y medio millón para altas capacidades
Entre las enmiendas del PP a los presupuestos de la Generalitat para contrarrestar los contenidos de la nueva ley educativa, Lomloe, contemplan la inclusión de un millón de euros «para la mejora y la lucha contra el abandono escolar», y de otro medio millón «para las altas capacidades». Piden a su vez becas para los alumnos que se esfuercen más e insisten e recuperar la evaluación diagnóstica que el Botànic ha reducido a la mínima expresión: «la evaluación al alumnado y profesorado debe ser externa», sostiene la diputada del PP y portavoz de Educación, Beatriz Gascó. Además presentarán enmiendas por valor de 30 millones de euros «para garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, manteniendo la actual red», como forma de situarse al lado de los centros privados de 0 a 3 años y recuperar el bono infantil generalizado, frente a los cambios introducidos por el Consell actual que optó por subvencionar el puesto escolar infantil en función de la renta familiar. El PP advierte de que «hay aulas de dos años que están cerrando por falta de ayudas».
