El Tribunal de Cuentas ha aflorado importantes distorsiones e incoherencias en la base de datos empleada por el Estado para calcular las prestaciones del sistema de la dependencia y cruzar información con las comunidades autónomas. El «insuficiente control» de esta herramienta por parte del Imserso, según el órgano fiscalizador, se traduce en duplicidades, pagos indebidos, beneficiarios no reconocidos por las dos administraciones y en otras «numerosas deficiencias» que terminan incidiendo negativamente en el reparto estatal.
Solo en la Comunidad Valenciana, el informe recoge las dudas sobre la fiabilidad de la información relativa a más de 18.000 expedientes de la dependencia tramitados hasta diciembre de 2018 y objeto de revisión por parte de la Generalitat. Es el caso de 1.851 expedientes sobre los que el Imserso pidió una comprobación porque correspondían a beneficiarios que constaban en la base de datos autonómica pero que no estaban registrados en el sistema informático del Imserso, por lo que sus prestaciones -valoradas en unos 150.000 euros- no habrían sido liquidadas y abonadas por el Estado.
En sus alegaciones al documento (registradas el pasado verano), la Conselleria de Igualdad señala el análisis de otros 1.623 expedientes contabilizados en el sistema informático estatal que no aparecían en cambio en el autonómico, por un importe de 190.614 euros. A estos se suman 395 expedientes en los que el grado de dependencia no coincidía entre ambas bases de datos. Además, Igualdad estaba a la espera de contestación del Imserso sobre 4.906 expedientes en los que la fecha de resolución de la prestación no concordaba, a tiempo que estaba pendiente de ajustar 295 expedientes más en los que no constaba la aprobación de un Programa Individual de Atención (PIA) válido.
Entre las conclusiones más llamativas a las que llega el Tribunal de Cuentas destaca la existencia en el conjunto de España de 2.033 personas fallecidas que, sin embargo, figuraban en la aplicación informática del Imserso como prestatarias de ayudas. En la Comunidad Valenciana, en cambio, constaban varias personas fallecidas en las bases de datos que en realidad se había verificado que estaban vivas.
Además de dos expedientes duplicados, el informe hace referencia a otros 160 por los que el Imserso aseguraba haber abonado a la Comunidad Valenciana un importe superior al nivel mínimo de protección correspondiente. Igualdad informó al Tribunal de Cuentas de que solicitó información detallada sobre la cuantía calculada de cada una de estas prestaciones «sin haber sido facilitado el detalle de cada cálculo», lo que obligó a analizar uno a uno cada expediente.
Aunque el informe pone especialmente el foco en las incongruencias detectadas en la base de datos gestionada por el Estado, también reprocha a las comunidades autónomas que, en su calidad de órganos gestores de las prestaciones de la dependencia, «han demostrado una escasa diligencia en la debida actualización de la información» pese a las llamadas desde 2013 para homogeneizar todos los datos.
Alegaciones de Igualdad
En sus alegaciones, la Conselleria de Igualdad defiende en cambio que su sistema automatizado funciona y se actualiza adecuadamente, tras la implementación de un proceso de mejoras continuas de adaptación a la base de datos del Estado para garantizar el contraste de información de forma fiable y la depuración de posibles errores. El departamento autonómico también recalca su coordinación constante con la Conselleria de Sanidad para llevar un seguimiento preciso de los fallecimientos de personas dependientes.
El Tribunal de Cuentas reprende a las comunidades por incumplir la recomendación formulada en 2013 para que respetaran el plazo de 6 meses (180 días) marcado por ley en la resolución de las solicitudes de la dependencia. A finales de 2018, la Comunidad era la segunda que más tardaba en reconocer las prestaciones, con un tiempo medio de 622 días desde 2013 . En 2019, el dato se redujo a 526 días.
