Los contagios por coronavirus entre el personal funcionario de la Generalitat, incluido el interino, se ha incrementado respecto al mes de septiembre, aunque la incidencia es distinta según los sectores analizados. La Generalitat tiene registrados un total de 698 casos de contagios en la plantilla de la Administración del Consell, lo que supone una incidencia del 4,1 %, un porcentaje muy similar al que afecta en la actualidad a la totalidad de la población de la Comunidad Valenciana y que se sitúa en un 4,3 %, ya que, según los datos de la Conselleria de Sanidad, desde marzo del año pasado, han dado positivo un total de 219.144 personas.

La incidencia registrada en septiembre en el ámbito de la función pública es más de tres puntos superior al registrado en septiembre cuando el porcentaje de funcionarias y funcionarios contagiados adscrito a la distintas conselleries alcanzaba el 0,8 % de un total de 17.000 personas.

Este personal desarrolla sus funciones en los 545 centros de trabajo en las tres provincias de la Comunidad Valenciana y alrededor de 2.500 en el Complejo Administrativo 9 d’Octubre, donde tienen su sede la mayoría de las conselleries.

El sector de Justicia también se ha resentido tras el repunte de casos. Según datos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), organismo dependiente de la Conselleria de Economía, un total de 301 funcionarios han dado positivo desde el primer estado de alarma. Se trata de un colectivo de más de 5.000 personas, por lo que la incidencia se sitúa en el 6 %, el doble del porcentaje registrado en septiembre.

Las primeras dos semanas del año registran un incremento importante de casos entre el funcionariado

Fuentes de la Generalitat conocedoras de estos datos apuntan que existe también en el sector funcionarial una relación entre las fiestas navideñas y el repunte de casos. De hecho, entre el 31 de diciembre y el 14 de enero, se registraron 135 casos en el ámbito de la Administración del Consell y 74 entre el personal de Justicia.

Cabe apuntar que, coincidiendo con el incremento de contagios tras las fiestas navideñas, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Gabriela Bravo modificó la resolución en vigor sobre el trabajo presencial del funcionariado para ampliar hasta el 50 % la opción del teletrabajo. Los sindicatos y conselleries de Compromís piden mayor flexibilidad en el porcentaje para frenar los contagios.

El Invassat también tiene registrada la incidencia de contagios en el sector docente. Según ha podido saber este diario, hasta el 14 de enero de este año han comunicado baja por infección por coronavirus un total de 1.802 docentes. Los últimos 482 casos corresponden a las primeras dos semanas del año, lo que refuerza la tesis de la Conselleria de Educación de que los casos en los centros educativos se disparan después de puentes o periodos festivos. Esta afirmación válida para el alumnado también sería extrapolable para el profesorado.

Aunque en términos absolutos el colectivo de profesores y profesoras es el más afectado respecto a los sectores de Función Pública y Justicia, la incidencia es la más baja en términos relativos, ya que al tratarse de una plantilla de cerca de 80.000 personas, el porcentaje se sitúa en torno al 2,2 %, es decir, dos puntos por debajo respecto al personal que trabaja en las distintas conselleries y cuatro menos que quienes están al servicio de la Administración de Justicia. Según estos datos, y sin tener en cuenta al personal sanitario, el total de funcionarios de la Comunidad Valenciana infectados desde que se desató en España asciende a 2.801, es decir, el 2,7 % del total.

CSIF pide garantías sobre la ventilación en los edificios públicos

El sindicato CSIF ha pedido a la Conselleria de Justicia que garantice la ventilación de los edificios públicos y que explique las mediciones de C02. El sindicato recuerda que la medición del CO2 es una de las formas más sencillas para comprobar el buen funcionamiento de la ventilación y que las mediciones deben efectuarse en el momento de máxima ocupación. El CSIF tiene dudas de que este procedimiento se esté realizando de forma adecuada por la falta de información. j. r. valència