La inclusión social -al menos en materia laboral- sufre un duro revés en la Comunidad Valenciana. Los efectos socioeconómicos de la pandemia del covid truncan la progresión que venían experimentando las cifras de empleo en personas con discapacidad, en ascenso desde el año 2012, y en algunos marcadores las devuelve a niveles de 2015. Mientras tanto, la Comunidad se sitúa por debajo de la media nacional de inversión presupuestaria en este ámbito, a pesar de ser la tercera del país con mayor población discapacitada.
Las cifras no son buenas, según el "Informe Olivenza 2020-2021 sobre la situación de la discapacidad en España" en el territorio valenciano residen más de 310.000 personas con algún tipo de discapacidad, el tercer dato más alto del territorio nacional. Sin embargo, los presupuestos autonómicos recogen una inversión de 740,50€ por persona con diversidad funcional, lo que supone un 1,04% del total. Un dato inferior a la media nacional, situada en el 1,22%.
En el documento elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) se desgrana en categorías el destino de las inversiones, siendo un total de 44.201.327 para el abono de prestaciones económicas, unos 142€ por persona discapacitada, y unos 185 millones de euros a servicios para este sector de la población. Un capítulo, el de los servicios, en el que el Botànic destina únicamente 31 millones a la gestión pública de los mismos, mientras que 154 terminan en servicios de gestión concertada.
LAS CLAVES
POBLACIÓN: Baja el gasto por persona
La Comunidad Valenciana, pese a contar con 310.000 personas con diversidad funcional, solo destina 740€ anuales a cada una de ellas.
PRESTACIONES: Suponen un 0,20%
Se destinan 220.000 euros anuales a pensiones no contributivas y 43 millones a otras prestaciones.
SERVICIOS: Aglutinan casi todo el presupuesto
El 0,85% del 1,04% total se destina a la prestación de diferentes servicios, en su gran mayoría de gestiónconcertada, frente al 0,14% de la pública.
En cuanto a las principales medidas recogidas en las cuentas valencianas, el OED menciona el programa de diversidad funcional que contempla la atención a los derechos de los niños con discapacidad, en Educación; las partidas destinadas a prótesis, ayudas a vehículos para discapacitados, el retorno de los gastos de asistencia sanitaria y las ayudas para desplazamientos, en Sanidad y el Programa Hospi-Deporte de estancias vacacionales para personas con discapacidad. En cuanto al área de Empleo, el texto mantiene que "los fondos destinados a CEE y empleo con apoyo, continúan en la misma línea del año previo", así como que las principales ayudas autonómicas "van destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación".
El empleo retrocede a pasos de gigante
Unas cifras, las de inversión presupuestaria, que se traducen en peores resultados también para el empleo. Según el Observatorio de Ocupaciones del SEPE, de los aproximadamente 100.000 contratos de este tipo que existen en la Comunidad, el 61,5% corresponden a personas con discapacidad física, el 22,68% a personas con diversidad funcional de tipo psíquica, el 14,88% a personas con discapacidades sensoriales y el 0,93% a quienes padecen deficiencias del lenguaje. Todos estos porcentajes se reducen con respeto a los datos de 2019.
De acuerdo con los datos facilitados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), solo el 32,2% de personas con algún tipo de discapacidad gozan de un empleo en la Comunidad Valenciana. Se trata de la tercera peor cifra de España, un dato especialmente preocupante por lo rápido que se ha incrementado en los últimos años: en 2018 el 33% era el porcentaje de personas discapacitadas sin empleo.
En el informe difundido por el CERMI se hace un repaso a la evolución histórica del empleo en personas con diversidad funcional, que entre 2007 y 2012 fue oscilante, con años de subidas y bajadas; entre 2012 y 2019 experimentó una subida prácticamente constante, pero que en los últimos años ha retrocedido de manera drástica hasta situarse en niveles similares a los del año 2015. En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en el último año 28.426 personas con discapacidad fueron dadas de alta en el territorio valenciano, un 1,48% del total de afiliaciones, mientras que en la provincia de Alicante el dato fue de 6.609, un 1,03% del total y un 3,21% menos que en el periodo 2019-2020.
El texto también recoge los datos de demandantes de empleo con diversidad funcional, que en la Comunidad Valenciana representan un 3,95% del total de parados: casi 17.300 personas. Una cifra que ha aumentado en casi un 10% con respecto al ejercicio 2019-2020. En cuanto a la brecha de género, en el caso de las personas con discapacidad la precariedad laboral afecta a hombres y mujeres prácticamente por igual. Del total de demandantes de empleo, 9.211 son mujeres y 8.065, hombres. En la provincia, el dato de personas con diversidad funcional en búsqueda de empleo supone un 2,55% del total, lo que se traduce en casi 5.000 personas. Un porcentaje que aunque es inferior al dato autonómico, han empeorado en un 12,5% con respecto al último ejercicio.
