"No queremos que la homologación del C1 de valenciano caiga en el olvido"

"No queremos que la homologación del C1 de valenciano caiga en el olvido". Es la reivindicación de un grupo de padres del IES Fuente San Luis de València que quieren resucitar una propuesta del anterior Consell que quedó enterrada por las elecciones.

El Botánic planteó que los alumnos que acabaran el Bachillerato con un 7 en la asignatura de valenciano tuvieran acreditado el Mitjà (nivel C1) del idioma. El decreto estaba listo y tenía el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, pero en el último momento las elecciones acabaron enterrando la propuesta, que quedó en nada.

El ritmo frenético de los acontecimientos hizo que la propuesta quedara completamente olvidada, pero un grupo de padres y madres se ha puesto como objetivo rescatarla. "Pensamos que es bueno para nuestros hijos, que han estado estudiando en valenciano desde los 3 hasta los 17 años, pero cuando salen del instituto nadie les acredita nada", reivindica César Casanova, uno de los padres implicados.

"Somos el único territorio con lengua propia donde los estudiantes acaban la enseñanza y no se les certifica su nivel. En Cataluña, Baleares, Euskadi y Galicia todos los estudiantes se van con un certificado al acabar el instituto, al menos de un nivel elemental. No entendemos por qué eso no se hace aquí", explica otro padre.

"Es lo justo"

Las familias del Ampa reivindican que "los juristas ya habían aprobado el decreto y dijeron que era posible. Nosotros no somos expertos, pero sí que queremos un reconocimiento a los estudios de nuestros hijos", explican.

Uno de ellos es Pablo Pinar, un estudiante de primero de Bachillerato de 17 años. "Pienso que sería lo justo, puedo hablar y escribir valenciano perfectamente porque lo llevo estudiando durante toda mi etapa educativa, pero no tengo nada que lo acredite", cuenta.

Los impulsores de la iniciativa aseguran que estarían encantados de reunirse con la actual Conselleria de Educación de José Antonio Rovira (PP) e insisten en que es una iniciativa "sin perjuicio de las inquietudes políticas que tenga cada uno, es una iniciativa de las familias para los estudiantes".

En este momento se centran en buscar el apoyo de más familias y dar el "pistoletazo de salida" a la reivindicación. "A la mayoría de personas les suena bien, y puede ser una idea que vertebre la Comunitat Valenciana de norte a sur", explica Casanova.

El PP lo está estudiando

El conseller de Educación José Antonio Rovira se pronunció precisamente sobre esto la semana pasada en Las Corts, en su comparecencia para explicar las líneas de actuación de la administración educativa en los próximos cuatro años.

“Frente a un modelo de imposición proponemos que se incentive al alumnado que estudia valenciano, certificándole de manera automática el nivel correspondiente cuando finalice los estudios. Ese certificado les servirá en el futuro como mérito si quiere acceder a trabajos en la administración valenciana”, manifestó Rovira. Fuentes de Educación explican que se está trabajando en estas certificaciones, pero no especifican cómo se desarrollarán.

Las familias argumentan que estudiar toda la etapa educativa en valenciano son méritos más que suficientes para acreditar, por lo menos, un nivel elemental. "Pensamos que preparar un examen de forma intensiva durante tres meses no debería acreditar más que haber estudiado valenciano desde los 3 años en el colegio".

Dudas entre el profesorado

El decreto estaba listo y había pasado todos los informes pertinentes pese a las críticas de la gran mayoría del profesorado de la asignatura de valenciano. Los docentes consideraban que el hecho de acreditar el nivel C1 con un 7 en la asignatura trasladaba a los maestros demasiada presión para poner esa nota a los alumnos.

Por otro lado, explicaban que ya hay organismos oficiales que certifican el nivel en el idioma, como la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, y descargaban en ellos el trabajo de acreditar estos niveles. De hecho, entidades como Escola Valenciana, el sindicato Stepv y el Tempir registraron más de 2.000 firmas en Conselleria de Educación en contra de esta medida.

Las familias, sin embargo, se ciñen a la legalidad y a que el texto estaba prácticamente aprobado cuando llegaron las elecciones. "No somos profesores, pero el decreto había pasado por el dictamen de los juristas y había sido consultado con los sindicatos educativos. Después de hacer todo este trabajo dijeron que es posible, así que nos gustaría que lo aplicaran para certificar a nuestros hijos", explican.