Aunque la explicación oficial que ayer se dio es que hacía falta tiempo para reorganizar las defensas, lo cierto y verdad es que lo que realmente provocó la suspensión del juicio que estaba previsto en la Audiencia Nacional por el daño que provocaron a la CAM los negocios hoteleros que montó en el Caribe es la búsqueda de un acuerdo que permita resarcir al Fondo de Garantía de Depósitos, el organismo que reflotó la entidad de ahorros para su venta al Sabadell limpia de polvo y paja.
Una vista a la que se llegaba después de siete años de investigación judicial con las conformidades de dos de los puntales del proceso, los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, quienes han admitido las imputaciones y desembolsado de casi treinta millones (12,5 de ellos para el Fondo) a cambio de no jugarse su ingreso en prisión. Allí no entrarán salvo que vuelvan a delinquir, dado que la pena pactada no supera en total los dos años y la Fiscalía, en virtud del acuerdo alcanzado, informará a favor de su suspensión.
Por contra, se llegó sin, de momento, la asunción de los hechos por parte de los dos exdirectivos de la caja acusados de un delito de administración desleal: el exdirector general Roberto López Abad y el exdirector de Empresas Daniel Gil. Un cargo por el que se enfrentan a una petición de más de cuatro años de cárcel y a abonar al Fondo el resto de los 28 millones en que el Banco de España ha estimado el quebranto.
Cuatro en el banquillo
Estos cuatro encausados serán los únicos que se sienten en el banquillo el próximo 17 de septiembre, fecha para la que se ha vuelto a señalar la vista, después de que ayer se retiraran los cargos para siete de los once acusados. Sólo en un caso acusaba la Fiscalía (el empleado de los hoteleros Francisco Climent, excluido de la causa como parte de las conformidades), mientras que en cuanto al resto lo hacía únicamente el Fondo: Vicente Sánchez, el exdirector de la participada con la que la CAM se asoció con los empresarios, el exresponsable del negocio hotelero de la caja César Véliz, el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés y tres exmiembros de este órgano, Remedios Ramón, Asunción Martínez y Francisco Grau, el asesor fiscal del exministro Eduardo Zaplana implicado junto a él en la operación Erial.
Tanto Grau como Avilés hicieron uso de su condición de abogados para sentarse en la bancada de las defensas en vez de hacerlo en el banquillo de los acusados.
Todo ellos, los once iniciales, comparecieron durante poco más de media hora ante el tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel donde las acusaciones (la pública, la Abogacía del Estado y el Fondo, que ejerce la particular) dieron cuenta de unas conformidades en general bien acogidas. No fue el caso de la defensa de López Abad, a quien pareció molestarle especialmente el acuerdo «porque se ha llegado por otros delitos y no porque los hechos en sí sean ciertos», dijo el letrado en alusión a los delitos fiscales que se les imputaban a los empresarios (de seis han conseguido dejarlos en tres) y no a la administración desleal, pese a que los hoteleros han admitido que obtuvieron créditos irregulares de la CAM, lo que apunta a la línea de flotación de la defensa de su cliente.
Gesto serio
La alegría de los siete absueltos a la espera de sentencia (se dictará una vez concluya el proceso y no una con los ahora exonerados y otra con los cuatro restantes, como hubo quien llegó a plantear) contrastaba con el gesto serio del exdirector general. El exalto ejecutivo, que se presentó en la Audiencia provisto de toda la artillería que tiene preparada para ejercer su defensa, volvió a revivir ayer un episodio similar al de hace un año, cuando fue del expresidente de la caja Modesto Crespo de quien también se daba cuenta de una conformidad en un proceso que a él le costó una condena (su segunda) de 2,5 años de cárcel.
Junto a los empresarios (cuya pena para ellos está blindada ocurra lo que ocurra en esa vista, si llega a celebrarse) y los exdirectivos, también se sentará Caser, la aseguradora con la que la CAM tenía contratada una póliza de responsbilidad civil y quien se encuentra en este proceso como responsable civil directa. Su representante también quiso dejar claro que ni la Fiscalía le reclamaba nada (lo hace el Fondo) ni había tenido participación alguna en las negociaciones que han dado como fruto de las conformidades de los hoteleros.
De entre los letrados de los exonerados hubo quien pidió la condena en costas para el Fondo pese a que acababa de retirar los cargos contra su clienta, la exmiembro de la comisión de control Remedios Ramón.
Suspensión
La segunda en menos de un mes
La suspensión acordada ayer es la segunda que sufre esta vista oral en menos de un mes. Después de siete años de instrucción judicial, el juicio estaba señalado para el 3 de junio. Antes de que los procesados comparecieran ante el tribunal, a diferencia de lo que ocurrió ayer, la sala acordó suspender las jornadas previstas para el pasado mes, tiempo en el que se alcanzaron las conformidades con los empresarios Juan Ferri y José Baldó.
