El devenir de la Institución Ferial Alicantina (IFA) se las prometía bastante calamitoso hasta hace prácticamente nada. Ilustrativa es la situación que se vivió hace apenas dos veranos, cuando se llegó a tocar fondo. Con una deuda que rondaba los 76 millones de euros y asfixiada por la falta de liquidez, el golpe de gracia llegó a través de dos embargos: uno de Suma, por 375.000 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) adeudados al Ayuntamiento de Elche desde 2012, y otro notificado por el juzgado después de que el despacho Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros SL pidiera la ejecución de la sentencia que condenaba al recinto a pagar 1,8 millones de euros, más 561.111,16 euros en concepto de intereses y costas, por el macroproyecto de ampliación que nunca se acabó. Era el desgraciado colofón con el que se cerraba una etapa en la que, arrastrada por proyectos faraónicos a destiempo y por una gestión más que cuestionada, IFA se jugaba día sí y día también su supervivencia. Al final, al Consell no le quedó otra. Salió al rescate de la feria alicantina y se comprometió a asumir toda la deuda para evitar que acabara echando la persiana. Fue el punto de inflexión. Ahora, una vez abordado lo urgente, y con una entidad casi saneada, llega el momento de afrontar otras cuestiones no tan urgentes pero muy necesarias.
Titularidad
Culminación del proceso de reestructuración de la deuda
El proceso de asunción de la deuda de 76 millones de euros por parte de la Generalitat está a expensas de los últimos trámites burocráticos para que quede formalizada la entrega de los inmuebles de IFA. El Consell, pues, sería sobre el papel el titular de ese patrimonio. Una cuestión ésta con la que culminaría el proceso iniciado en 2017 y que quería dejarse zanjado antes de que acabara la anterior legislatura. No fue así.
Terrenos
Fin de la urbanización y rentabilización de las parcelas
La urbanización de los terrenos sobre los que debía levantarse el macroproyecto de ampliación es una de las grandes asignaturas pendientes. Cierto que, materializado el cambio de titularidad, deja de ser problema de IFA, pero es patrimonio público. Desde la Generalitat nunca han ocultado que la intención es poder rentabilizar las parcelas. Sin embargo, el último intento, tras la propuesta de la Entidad Estatal de Suelo (Sepes), dependiente de Fomento y que tenía hasta hace unos meses al exalcalde ilicitano Alejandro Soler como director general, se quedó en humo. La idea era que el Sepes pusiera el dinero para acabar la urbanización y para inscribir el proyecto de reparcelación o se convirtiera en el agente urbanizador, y, una vez finalizada esa fase, se buscara una fórmula de compensación. Ni convenio, ni mucho menos comienzo de obras. El propio Soler alegó tiempo después que los estatutos del Sepes marcan que es necesario recuperar la inversión y que los terrenos aún estaban vinculados a una deuda, lo que impedía cualquier maniobra. El caso es que las parcelas están ahí y, por ahora, nadie se atreve a hablar de fórmulas ni mucho menos del destino que se les dará a esa superficie. Lo que sí se está haciendo en la actualidad es una valoración de los terrenos para ir avanzando trámites. La última, de octubre de 2016, tasaba en 47,1 millones el patrimonio de la institución ferial.
Modelo de gestión
Entre la fórmula pública y la colaboración público-privada
Los estatutos de la institución la definen como una asociación sin ánimo de lucro, aunque en la práctica IFA no tiene asociados. Por eso, esa modificación de la forma jurídica es uno de los aspectos a definir una vez asumida la deuda. Hasta la fecha se ha especulado con un consorcio, una fundación o incluso una sociedad pública o mixta, aunque está por ver qué ocurre a partir de ahora. Muy unido a esto se encuentra una de las piedras angulares que definirá el futuro de IFA: el modelo de gestión, punto éste en el que ni los dos principales socios del Botànic han sido capaces de ponerse de acuerdo. Si desde Compromís -que es quien tiene las competencias en materia de ferias- siempre se han mostrado partidarios de un modelo totalmente público, ciertos círculos del PSPV -hay sectores que coinciden con Compromís- abogan por la colaboración público-privada. El resto de formaciones no se han pronunciado expresamente sobre este extremo. Ahora bien, la idea es que tanto en Feria València como en IFA se aplique el mismo modelo, lo que puede ser decisivo a la hora de decantar la balanza por una opción o por la otra. La incógnita es si la solución llegará antes del fin de la legislatura recién estrenada.
Órganos de dirección
Ratificaciones y renovaciones, sobre todo por paridad
La renovación de los órganos de dirección no tocaría hasta mayo de 2020. Sin embargo, la intención del Consell es que la ratificación de los que siguen y los posibles cambios se hagan efectivos en el último tramo de este año, sobre todo con vistas a que la aprobación de los presupuestos del próximo ejercicio recaiga ya en la nueva directiva. A priori, tanto el presidente, José Luis Gisbert, como la directora general, Esther Guilabert, van a continuar. Habrá algún nuevo nombramiento en el patronato y en el comité, aunque todavía no está perfilado del todo. Además, Economía tendrá que nombrar a mujeres en el comité. En la pasada legislatura todos los representantes del Consell fueron hombres, algo que se les reprochó desde la Cámara, tras el requerimiento que recibió la institución que preside Juan Riera precisamente por falta de paridad.
Cambio de competencias
De la Dirección de Comercio a la Subsecretaría de Economía
Las competencias en materia de ferias habían dependido hasta ahora de la Dirección General de Comercio. Ahora será la Subsecretaría de Economía la que se haga cargo de la vertiente institucional de los dos recintos feriales, lo que, a efectos prácticos, significa que el control de esta cuestión, al igual que en la pasada legislatura, estará en manos de Natxo Costa, que también tendrá competencias en materia de cámaras.
Convenio con economía
De las reformas más acuciantes a otros proyectos de mejora
El conseller de Economía, Rafa Climent, y el presidente de IFA, José Luis Gisbert, han venido firmando en los últimos años un convenio de colaboración para la adecuación de instalaciones y equipamiento. De hecho, ayer se suscribió formalmente este acuerdo, que este ejercicio supondrá la inversión de en torno a medio millón de euros para obras de climatización, electricidad y protección contra incendios, así como para mejoras en el aparcamiento. El compromiso de Economía es mantener esta vía de colaboración en este mandato. Eso sí, una vez que se acabe este año con las reparaciones más urgentes, la intención es ir empleando esas cantidades en proyectos de mejora de los pabellones.
IBI
Dos años con la bonificación del 50%, pero pendientes del 95%
IFA adeuda al Ayuntamiento de Elche 750.000 euros por el impago del IBI y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de años anteriores. El calendario de pagos acordado contempla que será en 2022 cuando se salde la deuda. Sin embargo, el PSOE y Compromís se comprometieron en 2017 a aplicar una bonificación del 95% en el IBI, que se quedó en el 50%, al no tener mayoría absoluta en el Gobierno local. A ver qué ocurre en las cuentas de 2020. Ya no están en minoría.
Uso de los pabellones
En cuestión la implicación de Alicante y de Elche
Imprevistos al margen, la institución cada vez arroja datos más positivos, pero por delante quedan dos retos: cómo se adaptan las ferias a un entorno cambiante y cómo se implica a Alicante y a Elche. Al fin y al cabo, las demandas tanto de un lado como del otro pidiendo la construcción de un pabellón multiusos para una ciudad y la otra se ve tanto desde IFA como desde el Consell como un desplante al recinto, que puede ofrecer instalaciones con las características de las que se están pidiendo.
