Era la mejor operación que se podía hacer para que la CAM, que participaba en Hansa en un 10%, no lo perdiera todo. Pero, en cualquier caso, ni los directivos de la caja podían aprobar nada, porque para eso estaban los órganos de la entidad, y, en el supuesto de que estuvieran al tanto de las operaciones, eso no significa que tuvieran capacidad de decisión.
Estas fueron las líneas por donde discurrieron los informes finales de las defensas de los cuatro acusados en el proceso por las relaciones entre la caja y la promotora. El abogado del exdirectivo Daniel Gil se quejó de que su cliente estuviera sentado en el banquillo «y quienes tomaron la decisión no han sido llamados ni como investigados», en alusión a los miembros de la comisión de recuperaciones y del consejo de administración, mientras que el defensor de la exdirectora María Dolores Amorós aseguró que la operación que se juzga (la dación en pago de unos terrenos supuestamente sobrevalorados), «se tomó sin mala fe y con información». El del promotor Rafael Galea arremetió contra el inspector del Banco de España que la cuestionó.
