La falta de actividad en los juzgados durante los meses de confinamiento y la suspensión de los plazos procesales, junto con las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a las familias más vulnerables, provocaron una notable caída del número de desahucios durante el año pasado. Un descenso de casi un 35% en la provincia y de más de un 45% en el conjunto del país, aunque desde las ONG especializadas en la materia temen que se trate sólo de un espejismo, y que la cifra vuelva a repuntar con fuerza cuando el próximo mes de mayo finalice la actual moratoria y las consecuencias de más de un año de crisis hagan mella en la economía doméstica de muchas familias.
Una preocupación que parecen compartir los partidos que conforman el Gobierno, que ayer anunciaron que están más cerca de un acuerdo para incluir medidas que permitan frenar los desalojos en el futura Ley de Vivienda.
A la espera de los posibles cambios normativos, de momento los datos son los que son. En total, durante el año pasado se practicaron en la provincia de Alicante 2.073 lanzamientos, una cifra sin duda elevada, pero que supone un 35% menos que los 3.184 contabilizados en 2019, de acuerdo con el informe sobre los Efectos de la crisis en los órganos judiciales, que elabora trimestralmente el Consejo General del Poder Judicial.
Alquiler
Como viene ocurriendo desde 2017, los desahucios más numerosos son los relacionados con el impago del alquiler, que sumaron 1.186 casos, lo que supuso una caída del 39,1% sobre el ejercicio anterior, frente a los notables incrementos que se habían registrado en los años anteriores. Por su parte, los desalojos como consecuencia del impago de la hipoteca acumulan ya siete años a la baja y mantuvieron esta tendencia también en 2020, con 850 casos, un 24,3% menos.
Eso sí, un descenso que podría estar llegando a su fin, porque los datos del Consejo General del Poder Judicial también reflejan un repunte del 51% en el número de ejecuciones hipotecarias tramitadas el año pasado, con un total de 1.448 expedientes. Aunque los embargos de viviendas no siempre acaban en un desahucio -muchos son de segundas residencias, de inmuebles en manos de promotores o los propietarios aceptan entregar las llaves y marcharse voluntariamente sin necesidad de que vaya la comisión judicial-, lo cierto es que se trata del primer paso para que se produzcan.
Como recuerda el presidente de la sección de Consumo del Colegio de Abogados de Alicante, Carlos Zarco, el repunte de las ejecuciones hipotecarias del año pasado se produjo después de que los procesos que afectaban a particulares hubieran estado paralizados durante prácticamente dos años, ante los recursos que se presentaron contra la cláusula de vencimiento anticipado, que es la que habilitaba a los bancos a ejecutar todo el crédito y quedarse la casa con sólo tres cuotas impagadas. El Tribunal de la UE lo consideró abusivo y obligó a cambiar la ley, pero no fue hasta septiembre de 2019 cuando el Supremo estableció la jurisprudencia por la que debían guiarse los juzgados españoles. Una vez asentada, las entidades han empezado a retomar todos los procesos pendientes, lo que ha llevado a este aumento, que los especialistas prevén que seguirá.
Por su parte, la portavoz de Stop Desahucios-Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Susana García, calificó de «parches» las medidas adoptadas por el Gobierno para limitar temporalmente los desalojos forzosos, y advirtió de que volverán a repuntar cuando la actual moratoria finalice el próximo mes de mayo. «Muchos bancos que hicieron alquileres sociales y muchos propietarios particulares han renovado los alquileres porque estaban obligados, pero no lo volverán a hacer», señaló la activista, que cree que el principal problema sigue siendo la falta de un parque público de viviendas suficientes.
Al respecto, PSOE y Unidas Podemos anunciaron ayer que están más cerca de lograr un acuerdo para que la futura Ley por el Derecho a la Vivienda incluya medidas que frenen estos desalojos. En concreto, se quiere incluir que antes de un desahucio sea obligatorio un informe de los servicios sociales, que facilite buscar alternativas habitacionales a las familias afectadas.
Aumentan los concursos de acreedores de particulares
A pesar de la moratoria que concedió el Gobierno y que permite que las empresas puedan demorar la solicitud del concurso de acreedores aunque estén en situación delicada, las estadísticas del Poder Judicial recogen un aumento del 4,4% en este tipo de procedimientos en la provincia durante el año pasado. Y es que, a pesar de que la decisión del Ejecutivo logró reducir ligeramente las solicitudes por parte de empresas y autónomos -que pasaron de 337 en 2019 a 312 el pasado año-, la medida no consiguió frenar al aumento de las peticiones que presentan un número cada vez mayor de particulares al calor de la denominada Ley de Segunda Oportunidad, y que sumaron 255 en 2020, el 45% del total. «Es complicado cumplir con los requisitos porque, por ejemplo, quien lo pide debe conservar algún tipo de ingreso que le permita ir pagando una parte de la deuda, pero los despachos recomendamos cada vez más esta opción», explica Cayetano Sánchez Butrón, de Sánchez Butrón Abogados. Este proceso permite negociar con los acreedores y reducir las deudas que se arrastran, para evitar estar embargado de por vida, como ocurre con frecuencia.
