La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha archivado las diligencias abiertas en 2015 para investigar la financiación por parte de la CAM de operaciones para la compra de terrenos de las que se habrían beneficiado varios empresarios. El sobreseimiento se acuerda al entender que los hechos han prescrito.
En un auto notificado el miércoles y contra el que cabe recurso, la instructora considera que la operativa denunciada por el Fondo de Garantía de Depósitos, acusación particular en esta causa, se ha investigado siguiendo la calificación jurídica de administración desleal, delito que en la antigua redacción del Código Penal prescribía a los cinco años. Las operaciones se realizaron entre 2004 y 2009. La Fiscalía Anticorrupción comparte el criterio de la juez.
Las pesquisas de la pieza denominada TIP-suelo (llamada así por Tenedora de Inversiones y Participaciones, la participada de la caja a través de la que se hacían las operaciones) se centraban en tres sociedades: Nyesa Pirineos, Emporio Mediterráneo (del Grupo Ballester) y Huéznar. La primera de ellas era la más escandalosa ya que, según la querella presentada por el Fondo, la CAM llegó a pagar a sus socios en esta compañía hasta 33,5 millones por unos terrenos que inicialmente costaron 1,3 millones.
Archivada la causa de TIP-suelo ahora queda por saber qué dice el Supremo de las condenas por los negocios de la CAM en el Caribe.
Los hechos se remontan al año 2004 cuando la constructora aragonesa Nyesa adquirió por los citados 1,3 millones unos terrenos en Biescas (Huesca) para promover un complejo de viviendas y campos de golf. En diciembre de ese mismo año Nyesa Gestión vendió el suelo a otra sociedad del grupo, Nyesa Pirineos, por la sorprendente cantidad de 46,8 millones, y para ello pidió un crédito de 32,7 millones que le concedió la CAM.
El problema llegó cuando en 2009, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la firma no pudo abonar el préstamo y la caja accedió a quedarse los terrenos por 33,5 millones, más incluso de los que le prestó, para evitar el impago. El resultado final, según calculó el Banco de España, es que los socios de la caja en este negocio ganaron 1,4 millones mientras la entidad asumía las pérdidas.
Algo similar ocurrió con la firma Emporio Mediterráneo, constituida para promover tres torres de apartamentos en Benidorm. Además de TIP, participaban en el negocio Ecisa, Valenciana 89 y Edificaciones Calpe, propiedad de la familia Ballester, que fue la que compró inicialmente los terrenos. Por ellos pagó 23 millones y los revendió a la sociedad conjunta por 42,2 millones. El resultado: Ballester ganó 19 millones antes de poner un solo ladrillo. En el caso de Huéznar, según el supervisor, los socios de la CAM también se dedicaron a comprar terrenos que agrupaban y luego vendían por el doble de su coste a la filial de la caja.
La segunda vez
Esta es la segunda vez que se archiva este asunto por el mismo motivo: la prescripción. Pero en la primera, en marzo de 2018, un tribunal de la Audiencia obligó a la magistrada a reabrirlo y a continuar con la instrucción, lo que con mayor o menor celo se ha venido haciendo hasta ahora.
En el auto de archivo, la juez cita un informe del Banco de España en el que se afirma que «las operaciones analizadas se determinaban como independientes las unas de las otras, indicando que las mismas carecen de absolutamente de racionalidad económica (...) con una asimetría de riesgos donde la CAM siempre salía perjudicada pero sin que a su criterio se observen indicios de apropiación indebida», lo que habría aumentado la prescripción a los diez años frente a los cinco de la administración desleal. La juez apunta que «no se han aportado a la causa nuevos indicios que hagan que los hechos sean tipificados de forma distinta».
Entre los investigados en este proceso se encuentran los exdirectivos de la CAM Roberto López Abab y Daniel Gil, exresponsables de TIP y los empresarios que realizaron las operaciones.
Esta es la última causa de las siete abiertas por la gestión de la CAM que aún estaba en instrucción.
