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El Presupuesto de 2022 recorta un 38% las inversiones en la provincia

Las cuentas del Gobierno solo prevén una inyección de 183,5 millones en Alicante, apenas un 15% de lo que destinará a la Comunidad y el 1,4% del conjunto nacional - Las obras del Corredor Mediterráneo engordan las partidas para Castellón y València

La ministra María Jesús Montero, ayer, a su llegada al Congreso para registrar los Presupuestos del Estado. | EUROPA PRESS

Los Presupuestos de la «recuperación justa» que pregona el Gobierno dan la espalda a la provincia de Alicante. Al menos, en lo que se refiere a las inversiones que el Ejecutivo desglosa en sus cuentas por territorios. De acuerdo con la documentación que el Ministerio de Hacienda remitió ayer al Congreso, y que la propia ministra María Jesús Montero se encargó de presentar públicamente, Alicante recibirá el próximo año 183,5 millones de euros para infraestructuras y dotaciones, lo que supone un recorte del 38% sobre los 298 millones previstos para este ejercicio y devuelve a la provincia prácticamente a sus peores cifras, las que contenían los últimos Presupuestos que logró aprobar el PP en 2018.

De esta forma, la demarcación vuelve a resultar agraviada en el reparto de fondos públicos, con un volumen de inversión muy por debajo del que le correspondería por su volumen de población. Los 183,5 millones presupuestados apenas suponen el 1,4% de los más de 13.000 millones que destinará el Estado en inversiones territorializadas frente al 3,9% que suponen los residentes en Alicante sobre el censo nacional.

Igualmente, la provincia sale mal parada en la comparativa con el resto de demarcaciones de la autonomía, ya que sólo recibirá el 15,2% de las inversiones que contemplan estas cuentas para el conjunto de la Comunidad Valencia, cuando representa el 37,5% de la población.

La inversión de los presupuestos en cada comunidad

En total, el Estado invertirá el próximo año 1.208 millones en la región, lo que supone un aumento en términos absolutos de 44 millones de euros sobre las previsiones de 2021, pero representa una caída en términos porcentuales, ya que esta cifra sólo suma el 9,3% del total estatal, frente al 9,6% previsto para el presente ejercicio.

De esta cantidad, hasta 827 millones -es decir, un 68,5%- se quedan en la provincia de València, mientras que Castellón recibirá 197 millones, un 16% del total, una cifra incluso superior a la de Alicante, a pesar de contar con apenas un tercio de sus residentes.

La comunidad recibirá hasta 1.600 millones entre inversiones, el Fondo de Compensación y dos convenios singulares

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En este sentido, si se observa el desglose de estas cantidades, lo cierto es que la inversión directa de los ministerios y otros organismos públicos dentro de la Comunidad sí guarda correlación con el peso poblacional de cada provincia -Alicante recibirá 102,3 de los 307,1 millones que llegarán por esta vía -, la diferencia está en el dinero que se invierte a través de las empresas públicas. En este caso, Alicante sólo dispondrá de 81,2 de los 901,4 millones de vendrán a la región.

De hecho, la caída de las inversiones en la provincia se debe prácticamente a las previsiones de Adif y Adif-Alta Velocidad, que en las cuentas de este año contemplan hasta 134 millones de inversión, gran parte para completar el AVE a Elche y la Vega Baja, y que para el próximo ejercicio apenas recogen menos de 8 millones en varios proyectos, incluido el mantenimiento de líneas en explotación.

Por el contrario, la inversión el operador ferroviario sumará más de 560 millones en Castellón y València, principalmente por la obras de ejecución del Corredor Mediterráneo, aunque también se recogen inversiones muy cuantiosas para la red de Cercanías y otras obras en esta última provincia.

300 millones extra

Más allá del reparto provincial, en el que no entró, el conseller de Hacienda, Vicente Soler, mostró a través de un comunicado su «satisfacción» por el aumento de recursos que recibirá la Generalitat con las cuentas presentadas ayer por María Jesús Montero, y que aún deben ser discutidas por los grupos parlamentarios. Aunque la inversión territorializada se queda por debajo del peso poblacional de la autonomía -los 1.208 millones suponen el 9,3% del total estatal cuando la población de la Comunidad es el 10,6%-, Soler destacó que la región se beneficiará de 300 millones de euros extra gracias a la firma de dos convenios singulares para la puesta en marcha de políticas innovadoras de movilidad y para el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

Unos convenios que, además de la Comunidad Valenciana, sólo suscribirán Baleares, Canarias, Cataluña y Aragón. Además, la autonomía también ingresará 52,8 millones del Fondo de Compensación Interterritorial, por lo que en total, según las cuentas del conseller, la Comunidad recibirá casi 1.600 millones, lo que supone un 27,3% más.

«El Gobierno ha sido sensible con las necesidades de los valencianos y valencianas al incrementar los recursos en una época como la actual en la que urge no sólo la recuperación económica, sino también social y emocional», señaló el titular autonómico de Hacienda.

En la misma línea, Soler insistió en que, «más allá de la reivindicación de unas inversiones justas en la Comunidad, lo importante es que el conjunto del presupuesto dota de los recursos suficientes al Estado del bienestar para que podamos atender de forma correcta las políticas sociales, sanitarias y educativas y garanticemos el apoyo económico y los recursos necesarios a nuestras empresas para ayudarlas a que la recuperación pospandemia se convierta en una oportunidad de crecimiento, transformación y resiliencia».

Al respecto, la propia ministra María Jesús Montero insistió ayer que los Presupuestos del Estado buscan favorecer una «recuperación justa» y «reconstruir el ascensor social que se averió en la pasada crisis».

Para ello, según defendió, las cuentas públicas de 2022 se orientan a afrontar los retos que el país tiene pendientes, entre los que destacó la cohesión social, con medidas para beneficiar especialmente a los más jóvenes y los más mayores, pero también a mejorar la productividad de las pymes -a través de la digitalización y la sostenibilidad- y la cohesión territorial. Al respecto, destacó que las autonomías recibirán en total 126.000 millones de euros, sumando el sistema de financiación, los fondos europeos y los recursos extraordinarios para compensar las liquidaciones negativas de 2020 y la pérdida de ingresos por la implantación del sistema de información del IVA que implantó el Gobierno de Rajoy. Igualmente, las entidades locales recibirán un 17% más de recursos.

Ayudas para que los ayuntamientos paguen sus facturas


El proyecto presupuestario de 2022 incluye un mecanismo de pago a proveedores para las entidades locales que incumplan el periodo medio de pago y que estará dotado con 2.000 millones de euros. El plan beneficiará a 1.670 entidades locales, la mayoría ayuntamientos, que tendrán que hacer un plan de ajuste para garantizar la devolución de los recursos. Las entidades locales cuentan en el presupuesto de 2022 con 23.350 millones. 

Alicante acumula un déficit inversor de 5.504 millones en 20 años


El Estado no es la única administración que invierte menos de lo que le correspondería en la provincia en función de su volumen de habitantes. Se trata más bien de un mal endémico que llevan años denunciando las principales organizaciones empresariales y económicas alicantinas, como el instituto Ineca, que ayer divulgó en sus redes sociales el estudio que ha realizado con el cálculo del déficit inversor acumulado únicamente en obra pública durante los últimos 20 años. Así, Ineca señala que el conjunto de administraciones públicas españolas de todo tipo han licitado trabajos por valor de 454.955 millones de euros entre los años 2000 y 2020, de los que tan sólo 12.446 han sido para infraestructuras en la provincia de Alicante, lo que supone 5.504 millones menos de los que tendría que haber sumado, en función de su número de residentes. En este sentido, sólo otra provincia, la de Sevilla, presenta un déficit mayor que el alicantino, con 5.703 millones. En tercer lugar se situaría València, donde deberían licitarse proyectos por 4.097 millones para igualar la media nacional, seguida por Málaga, que arrastra un agujero, según estos cálculos, de 2.895 millones de euros; y de Cádiz, con 2.851 millones. En este sentido, hay que señalar que una parte corresponde a las administraciones autonómica y locales, lo que también pone de manifiesto la diferencia de recursos de las que dispone cada una de ellas. Así, en el lado opuesto la provincia con mayor superávit en este terreno es Guipuzkoa, que suma 4.862 millones más en licitaciones de obra pública en este periodo de los que le correspondería por su cifra de habitantes, seguida por Vizcaya, con 4.368 millones, y de Huesca, con 2.961 millones.

La Comunidad es el tercer territorio con más dotación

La autonomía retrocede tres décimas respecto a 2021 y se queda a más de un punto del 10,6 % de la población

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Las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana alcanzarán en 2022 un total de 1.208 millones, lo que representa el 9,3% del total de los fondos territorializados, es decir, el montante que el Gobierno reparte entre las comunidades en concepto de inversiones reales. La cantidad crece respecto a este año en 44 millones, aunque retrocede en términos relativos tres décimas al pasar del 9,6% al 9,3%. Las cifras permiten concluir que bajo el Gobierno de Sánchez la inversión en territorio valenciano se estabiliza en torno al 9% y deja atrás la etapa negra en la que a duras penas se superaba el 7%. Eso sí, 2022 tampoco será el ejercicio en el que el porcentaje de inversiones reales se equipare al de la población valenciana, que es del 10,6%. 

Aunque casi todas las comunidades han mejorado sus recursos (la tarta que se reparte pasa de los 19.356 millones de este año a 21.434 millones gracias a los fondos europeos), algunos territorios salen mejor parados que otros. Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia mejoran su posición en términos relativos, mientras que Andalucía es la que más gana en términos absolutos: 123 millones de euros. La más perjudicada en estos presupuestos es Madrid, ya que retrocede del 10,2% al 8,9%, lo que se traduce en un bocado de 106 millones. El recorte, que se produce en medio del debate sobre la necesidad de descentralizar las instituciones del Estado y atemperar el llamado efecto capitalidad, se traduce en que Madrid pierde a favor de la Comunidad el tercer puesto en la clasificación de las comunidades que más fondos reciben en términos absolutos. 

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