El mercado laboral alicantino vuelve a mostrar sus contradicciones. El impulso de las contrataciones en Educación y, en menor medida, la reactivación de la construcción o la industria permitieron que el número de ocupados de la provincia creciera en 5.349 personas durante el pasado mes de octubre, hasta situar el total de cotizantes en 682.103, muy cerca del máximo absoluto de julio de 2019, cuando llegó a haber 683.328 alicantinos dados de alta. Unas cifras que, sin embargo, no impidieron que también aumentara el paro registrado en 989 personas, hasta los 173.411, debido a los trabajadores del sector turístico que finalizaron sus contratos y se inscribieron para recibir la prestación.
Una aparente paradoja que se explica por el hecho de que muchas de las personas que se incorporaron al mercado de trabajo no estaban previamente inscritas en las oficinas de Labora, lo que suele ocurrir cuando han agotado las ayudas o con aquellas personas que trabajan únicamente determinadas temporadas al año. Un fenómeno que suele ser habitual en este mes del año, aunque también se puede interpretar como que el mercado no ha sido capaz de absorber el aumento del número de personas que quiere trabajar en esta época.
En cualquier caso, las cifras corroboran que el empleo se está recuperando con fuerza tras la debacle provocada por el covid-19, aunque la situación de casi récord también tiene mucho que ver con el denominado escudo social que se activó para atenuar los efectos de la pandemia. Así, la industria sumó 1.526 cotizantes y la construcción otros 874, pero fueron las contrataciones en el sector educativo -más de 5.500- las que realmente tiraron de la cifra de afiliados, hasta situarla en 682.103. Un volumen de ocupados que prácticamente iguala el máximo histórico de julio de 2019, y que, de hecho, resulta inusual para esta época del año. Así, por ejemplo, son 14.324 afiliados más de los que había en octubre de 2019.
Al respecto, como recuerda el director de Randstad Research, Valentín Bote, no hay que perder de vista que las actuales cifras de afiliación están «dopadas» por medidas como los ERTE y las prestaciones especiales para autónomos, por lo que «el número real de personas trabajando es menor de lo que muestran las cifras». En el caso de Alicante, por ejemplo, a pesar de que el número no deja de caer, lo cierto es que todavía hay 5.996 personas en ERTE, a lo que hay que sumar unos 4.900 autónomos que reciben la prestación por cese extraordinario de actividad.
A ello hay que sumar el aumento del empleo en sectores directamente relacionados con la lucha contra la pandemia, como el sanitario y de servicios sociales, que registra cerca de 6.000 ocupados más que hace dos años, o el caso de la educación. Unos refuerzos que, como explica Bote, habrá que ver hasta cuándo se mantienen en el tiempo.
Desde el punto de vista del paro registrado, cabe destacar que el aumento de 989 personas es menos de la mitad de lo habitual en este mes. Así, el año pasado el desempleo registrado subió en 2.400 personas, en 2019 fueron 2.069 y en 2018, 2.100. La diferencia está en que en este ejercicio también se produjeron menos contrataciones temporales para el verano de lo normal, ya que el sector turístico seguía a medio gas, por lo que ahora los despidos y la gente que se apunta al paro también ha sido menor.
De hecho, esto ha provocado que a nivel nacional el paro registrado incluso descendiera ligeramente durante el pasado octubre, en 734 personas, lo que no había ocurrido en 46 años. Igualmente, en el conjunto del país ya se ha superado el récord absoluto de afiliación, con 19,6 millones de cotizantes.
En el apartado de reacciones, tanto UGT como CC OO señalaron que los datos indican que la provincia esta volviendo a su antigua normalidad, en el peor de los sentidos. Es decir, a un modelo laboral excesivamente estacional y con una precariedad demasiado arraigada, por lo que aprovecharon para reclamar al Gobierno el cumplimiento de derogar la reforma laboral. Por su parte, la CEOE señaló a nivel nacional que precisamente fueron las reformas de 2012 lo que está permitiendo la rápida recuperación del empleo. A nivel autonómico, la CEV vinculó la caída del empleo en el sector turístico con la ausencia de un plan del Imserso que garantice una ocupación mínima al sector turístico tras el verano.
La Comunidad pagaría 200 millones para las pensiones
La propuesta del Gobierno para subir las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan empresas y trabajadores con vistas a rellenar la hucha de las pensiones -garantizando así las prestaciones de los «baby boomers»- aportaría unos 200 millones a las arcas públicas del Estado desde la Comunidad Valenciana. Esta autonomía aglutina a casi dos millones de afiliados a la Seguridad Social, de los que 1,5 millones son del Régimen General. La propuesta de subir un 0,5% anual supondría 5 euros mensuales para un sueldo de mil euros, o de 10 euros en el caso de un trabajador que cobre 2.000.
